Caso AMIA y el reclamo de un juicio justo: una respuesta al presidente Milei
Por Faramarz Kouhpayeh / Tehran Times 08/07/2025
En respuesta al artículo del 30 de junio de 2025 titulado “El caso AMIA: Cuando los roles de asesino y víctima se invierten”, el presidente argentino Javier Milei recurrió a las redes sociales X para republicar mensajes de dos representantes de las familias de las víctimas del atentado a la AMIA.
Milei también escribió: «Llevamos más de 30 años esperándote. Si de verdad eres inocente, ¡ven y confía en un juicio justo!».
El presidente Milei habla de los procesos judiciales en Argentina como si desconociera por completo cómo ese mismo poder judicial ha manejado el caso AMIA, destruyendo pruebas y obstruyendo las investigaciones de maneras que impidieron que se revelara la verdad. Antes de pedir a ciudadanos iraníes que sean juzgados en Argentina, debería primero demostrar la integridad y la imparcialidad del sistema judicial de su país.
La prolongada ausencia del presidente Milei de la vida política durante las últimas tres décadas podría explicar por qué parece ignorar que la SIDE (Servicio de Inteligencia Nacional) entregó $400,000 al juez Juan José Galeano —posteriormente destituido por corrupción— y le pidió que sobornara a Carlos Telleldín, uno de los acusados en la causa AMIA, quien presuntamente vendió el automóvil utilizado en el atentado, para que declarara falsamente contra policías de Buenos Aires y diplomáticos iraníes. Ese testimonio resultó en que el oficial Juan José Ribelli y sus colegas pasaran 115 meses en prisión, injustamente.
El soborno se produjo con pleno conocimiento del entonces presidente Carlos Menem y del entonces titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy. Además, durante el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, se demostró que el juez Galeano, bajo presión política, destruyó deliberadamente documentos que podrían haber implicado a familiares de Menem de origen sirio. Descartó pistas que involucraran a ciudadanos sirios y, en cambio, se centró exclusivamente en acusar a Irán.
Si el presidente Milei es sincero en su búsqueda de justicia, ¿no debería exigir que los servicios de inteligencia argentinos revelen el destino de las 19 cintas de audio del día del atentado, que contenían escuchas telefónicas que desaparecieron misteriosamente?
¿Acaso el presidente Milei ha olvidado que, tan solo el año pasado, el encubrimiento del caso AMIA condujo a la condena del juez Galeano y los fiscales Mullen y Barbaccia, y que el tribunal confirmó la existencia de corrupción sistémica en la tramitación del caso? Durante el juicio se demostró que estos funcionarios judiciales conspiraron con actores políticos y agencias de inteligencia como la SIDE para desbaratar la investigación y encubrir a los verdaderos responsables. Estas acciones fueron calificadas de graves violaciones de derechos humanos.
¿Tiene el Presidente Milei el coraje de reabrir la causa sobre el hostigamiento y las presiones ejercidas sobre los familiares de las víctimas de la AMIA, medidas destinadas a silenciarlos e impedir su participación en los procesos judiciales?
¿Está dispuesto a desclasificar los audios de vigilancia de la embajada de Irán y de la oficina cultural de los días anteriores y posteriores al atentado?
¿Llegará al extremo de exigir que la agencia de inteligencia argentina publique el informe inicial de la CIA sobre la explosión de la AMIA?
Y, sobre todo, ¿hay alguien en el gobierno argentino con la valentía de reconocer la posibilidad de que la explosión se originara dentro del edificio, sin que hubiera ni iraníes ni libaneses involucrados? ¿Pudo tratarse de un ajuste de cuentas político interno? Quizás por eso las imágenes del momento de la explosión han desaparecido convenientemente.
El alcance de la corrupción en torno a la investigación de la AMIA trascendió al juez Galeano y a los fiscales. El expresidente Carlos Menem y el exdirector de la DAIA (organización paraguas judía), Rubén Beraja, también fueron acusados, pero eludieron el proceso judicial debido a interferencias políticas. Estos individuos fueron acusados de ejercer presiones ilícitas sobre el poder judicial para manipular el caso, lo que expuso aún más una red de corrupción que permeaba las instituciones jurídicas y políticas argentinas.
La manipulación judicial incluyó la destrucción de pruebas, la falsificación de testimonios, el soborno y campañas coordinadas de desinformación —apoyadas por la SIDE e incluso la DAIA— destinadas a incriminar a sospechosos específicos y desviar la atención pública de la verdad. Estas acciones dañaron gravemente la credibilidad del sistema judicial argentino.
La falta de conducta fue tan grave que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del poder judicial y el gobierno argentinos, responsabilizándolos por no realizar una investigación adecuada. La corte condenó a los jueces y fiscales argentinos no solo por negligencia, sino también por manipular activamente el caso para encubrir a los responsables, contribuyendo así directamente a la cultura de impunidad en torno al atentado contra la AMIA.
Ante todo esto, ¿qué garantía puede ofrecer el presidente Milei de que los futuros acusados en la causa AMIA no sufrirán la misma injusticia? ¿Acaso espera que Irán entregue a sus ciudadanos a un poder judicial tan corrupto que sus propios jueces y fiscales están siendo juzgados por manipular la investigación del atentado terrorista más mortífero del país?
¿Estaría Argentina dispuesta a cooperar con el poder judicial de Irán para descubrir finalmente toda la verdad?
¿No fue Argentina la que se retiró unilateralmente del Memorándum de Entendimiento de 2013 con Irán, cerrando intencionalmente la puerta a la cooperación jurídica y retrasando cualquier posibilidad de progreso?
En lugar de invitar a los iraníes a comparecer ante los tribunales argentinos, el presidente Milei debería centrarse en abordar la corrupción dentro de su propio sistema judicial.
¿Sabe siquiera el presidente Milei que el fiscal iraní en el caso del avión de Emtrasur —relativo a la detención arbitraria de ciudadanos iraníes— ha citado a varios jueces, funcionarios gubernamentales, legisladores y otras personas argentinas implicadas en lo que Irán considera un secuestro? ¿Y que, de no comparecer ante un tribunal iraní, pronto podrían ser juzgados en ausencia?
¿Podrán los ciudadanos iraníes que fueron acosados y torturados por la policía y el poder judicial de Argentina tener la esperanza de enfrentar algún día a los responsables en un tribunal en Teherán?
Éstas son las preguntas que el presidente argentino debe responder antes de reivindicar la superioridad moral en materia de justicia y exigir la cooperación de los demás.
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