El Gobierno de Javier Milei anunció este martes que dará inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida está contemplada en la Ley Bases (N° 27.742), una norma que autorizó la privatización de organismos estratégicos para el país y además habilitó una delegación sin precedentes al Poder Ejecutivo.
NA-SA, superavitaria, en el primer trimestre de 2025 declaró ganancias por $17.234 millones. Con una potencia instalada de 1.763 MW -el 4,1% del total nacional-, aporta el 7,35% de la energía del Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI), gracias a la estabilidad de sus reactores.
Además, la empresa sostiene unos 3.100 empleos altamente calificados, es motor de la industria nuclear local y fue clave en proyectos estratégicos como la extensión de vida de Atucha I, con una inversión estimada en USD 700 millones.
En esta línea, la Asociación de Profesionales de la CNEA lanzó un duro comunicado: “NA-SA es una empresa del pueblo argentino, superavitaria y estratégica. La tecnología nuclear no es un privilegio: es una política de Estado que impulsa a la industria y mejora la calidad de vida”.
Demián Reidel, presidente de NA-SA y hombre cercano a Karina Milei, ejecutó una limpieza abrupta en la cúpula directiva: salieron los gerentes de Compras, Jurídico, Obras y Sistemas.
El proceso de privatización de esta empresa estratégica, que viene generando ganancias y prestigio para el país, contempla la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado Nacional conservará el 51% del capital y, con ello, al menos en un principio, el control accionario de la empresa.
A este esquema se sumará un Programa de Propiedad Participada de hasta el 5% del capital social, lo que permitirá la inclusión de los trabajadores en el esquema accionario, puntualizó el Gobierno.
«La incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva», sostuvo el Gobierno.
Trabajadores del sector advirtieron que la medida pone en riesgo la soberanía y que entrega «el patrimonio estratégico de la Nación por un apuro fiscal».
