Un nuevo capítulo en el controvertido vínculo entre el diputado liberal José Luis Espert y el empresario argentino Federico «Fred» Machado ha salido a la luz, revelando una transferencia de US$200.000 a favor del legislador proveniente de un fideicomiso implicado en graves acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero y fraude en Estados Unidos. El registro contable, incorporado a un expediente judicial en Texas, pone en jaque la figura de Espert, quien hasta ahora ha optado por el silencio ante las crecientes sospechas.
La transferencia, anotada el 1 de febrero de 2020 en una contabilidad atribuida a Machado y su socia estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin, parte de un fideicomiso llamado Aircraft Guarantee Corp, radicado en Onalaska, Texas. Según los documentos fiscales, el dinero salió de una cuenta de crédito a nombre de Mercer-Erwin, quien gestionaba el fondo junto al argentino. Esta operación no es un hecho aislado: el registro forma parte de un esquema más amplio de movimientos financieros que involucran egresos a decenas de individuos y empresas, con South Aviation –la firma de Machado– como uno de los receptores más habituales.
Mercer-Erwin, dueña del fideicomiso, fue condenada en noviembre de 2024 a 16 años de prisión por un tribunal federal del distrito Este de Texas, tras ser procesada por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Machado, por su parte, enfrenta un pedido de extradición de las autoridades estadounidenses y permanece en prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro, a la espera de la resolución de la Corte Suprema argentina. El gran jurado texano confirmó las acusaciones en mayo de 2021 contra ambos y otros seis cómplices, detallando un fraude estimado en US$350 millones. Llamativamente, Machado comparte abogado con el propio presidente de la Argentina, Javier Milei.
El mecanismo delictivo desplegado por la red se asemeja a un esquema Ponzi en la comercialización de aviones: compradores reales o ficticios abonaban anticipos o se endeudaban para adquirir aeronaves que, en muchos casos, no existían o eran vendidas múltiples veces. Los fondos se acumulaban en el fideicomiso, de donde se fugaba la mayor parte, reinvirtiendo solo una porción mínima para mantener la ilusión de legitimidad. En su defensa, Mercer-Erwin declaró en abril de 2023 haber sido engañada por Machado, a quien atribuyó la responsabilidad principal del fraude, aunque admitió errores en la gestión del fondo.
En la causa judicial, a cargo del juez Lino Mirabelli y el fiscal Rodolfo Domínguez, se investiga si los US$200.000 provienen del fraude Ponzi o están vinculados al narcotráfico, o ambos. La elección de San Isidro responde al domicilio de Espert en Beccar, norte del Gran Buenos Aires. Ante consultas, Espert no emitió respuesta alguna, manteniendo el «beneficio del silencio» que aplicó desde que emergieron los primeros lazos con Machado. Del mismo modo, ni el empresario ni su abogado se pronunciaron sobre el registro contable. Esta opacidad contrasta con la magnitud del hallazgo, que eleva el escrutinio sobre las finanzas del diputado de La Libertad Avanza, cuyo nombre aparece en el renglón 920 de un Excel que detalla «wire out» desde 2016.
