El gobierno de Estados Unidos anunció este martes la ‘Operación Lanza del Sur’ (‘South Spear’, en inglés), una misión militar liderada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y ordenada por el presidente Donald Trump, bajo la excusa de eliminar a los denominados «narcoterroristas» y «proteger el hemisferio occidental de las redes de tráfico de drogas», con un despliegue sin precedentes que incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford estacionado en el Caribe, acompañado de más de 4.000 marines, aviones tácticos y buques de guerra. Según el secretario de Guerra, Pete Hegseth, esta operación «defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra gente de las drogas que la están matando».
El anuncio se produce en medio de tensiones crecientes con Venezuela, acusada por Washington de ser un centro clave de estas actividades ilícitas.La operación, que forma parte de una ofensiva iniciada en agosto, involucra bombardeos contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el océano Pacífico, acciones que han resultado en decenas de muertes. El Pentágono ha reforzado su capacidad de vigilancia con submarinos y aviones de combate frente a las costas venezolanas, duplicando además la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien se acusa de liderar una red de narcotráfico sin presentar pruebas concretas. «Este despliegue reforzará nuestra habilidad para detectar, monitorear y desbaratar actores ilícitos», afirmó el portavoz Sean Parnell.
Paralelamente, el Ejecutivo estadounidense ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, intensificando una presión que Caracas califica de injerencia directa.
Desde Caracas, el rechazo ha sido inmediato y contundente. El presidente Maduro denunció la maniobra como «una campaña de desprestigio para justificar una guerra y robarnos nuestra inmensa riqueza petrolera», recordando que Venezuela posee la mayor reserva de crudo del mundo.
El canciller Yván Gil la describió como «un intento de invasión que viola todos los principios internacionales», mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, llamó a la región a defender el Caribe como «zona de paz» ante las «consecuencias incalculables» de un conflicto armado. Autoridades venezolanas argumentan que informes de la ONU descartan el tráfico de drogas desde su país y que las acusaciones ocultan intereses geopolíticos, incluyendo conspiraciones de la CIA contra el chavismo desde hace décadas.
La comunidad internacional ha expresado preocupación por la escalada. Rusia, a través del ministro Serguéi Lavrov, advirtió que estas acciones «no conducirán a nada bueno» y reflejan el comportamiento de «países fuera de la ley».
El representante ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, las tildó de «campaña descarada de presión política y militar». El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó los bombardeos como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional, un eco de las críticas de Colombia, México y Brasil. Mientras tanto, Venezuela prepara acciones legales ante foros multilaterales, en un contexto donde la operación podría redefinir las dinámicas geopolíticas en América Latina.
