Ley de Vigilancia en Berlín habilita a la policía a intrusar teléfonos y entrar en casas de forma encubierta

Berlín ha promulgado una nueva ley policial que otorga a las autoridades amplios poderes de vigilancia.

La policía ahora puede entrar en secreto a los hogares y monitorear las comunicaciones digitales mediante herramientas como el software malicioso «Staatstrojaner» (troyano estatal). Esta ley permite búsquedas en línea y una mayor videovigilancia, lo que genera preocupación por posibles violaciones de la privacidad.

Los críticos argumentan que esto representa una «invasión de la privacidad sin precedentes». El representante del Partido Verde, Vasili Franco, advirtió que estas medidas equivalen a una «vigilancia total».

Si bien quienes la apoyan la consideran necesaria para la seguridad, quienes se oponen a ella destacan el riesgo de extralimitación y la pérdida de libertades civiles. La ley busca mejorar la seguridad pública, pero ha generado una gran controversia.

La Ley General de Seguridad y Orden Público (ASOG) otorga a la policía significativamente más poderes que antes. Entre otras cosas, la policía ahora podrá monitorear teléfonos y portátiles con mayor facilidad.

La razón de ser de la llamada vigilancia de telecomunicaciones en origen (source TKÜ) reside en que, dado que los delincuentes utilizan cada vez más las comunicaciones cifradas, los investigadores deben mantenerse al día. Esto requiere interceptar la comunicación antes del cifrado o después del descifrado, directamente en el teléfono o el ordenador.

Para este fin, la policía puede usar malware como troyanos estatales. En ciertos casos, esto puede hacerse de forma remota. El nuevo artículo 26a de la Ley de Seguridad y Orden Público (ASOG) también permite el acceso encubierto a residencias y el registro clandestino de habitaciones y pertenencias. Además, el nuevo artículo 26b permite las búsquedas en línea de servidores, ordenadores, portátiles y teléfonos inteligentes.

La vigilancia de las telecomunicaciones y las búsquedas en línea requieren una orden judicial. Desde la perspectiva de las autoridades, también debe existir riesgo de delito terrorista o de «delito especialmente grave», según la definición del artículo 100 del Código de Procedimiento Penal.

Este párrafo enumera numerosos delitos. Van desde la alta traición y la extorsión hasta el robo en grupo, el fraude informático, la falsificación y la formación de organizaciones criminales. Este último se interpreta de forma diferente en Alemania. Cabe recordar que la fiscalía de Baviera, por ejemplo, investigó a los «Activistas Climáticos de la Última Generación» por este cargo. Estos llamados «delitos de catálogo» también incluyen la receptación comercial de bienes robados, el fraude en apuestas deportivas y la falsificación.

Otra novedad de la Ley de Seguridad y Orden Público (ASOG): Los agentes de policía ahora pueden activar sus cámaras corporales en domicilios particulares. Anteriormente, esto estaba prohibido debido a la inviolabilidad del domicilio garantizada por la Ley Fundamental. La nueva ASOG también permite una mayor videovigilancia en lugares peligrosos. Además, el nuevo artículo 28a permite a la policía realizar reconocimiento facial biométrico. Esto permitirá, por ejemplo, utilizar las grabaciones de videovigilancia para búsquedas automatizadas en redes sociales o plataformas de fotos para identificar a personas. También se permite el uso de drones para tomar fotografías generales y observar grupos de personas. Esto se rige por el nuevo artículo 24g.

Si bien la senadora del Interior de Berlín, Iris Spranger (SPD), defiende la ley como una actualización necesaria para la era digital y la lucha contra el terrorismo, sus críticos la consideran un ataque desproporcionado a la privacidad. La comisaria de Protección de Datos de Berlín, Meike Kamp, por ejemplo, criticó la ampliación de la videovigilancia y la legalización del malware implementado por el gobierno como un ataque frontal a la seguridad informática de todos los ciudadanos. Argumentó que la combinación de medidas resultó en un nivel de vigilancia altamente cuestionable desde el punto de vista del derecho constitucional.

Fuente: Berliner-Zeitung.de

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