José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, ha sido elegido como el próximo presidente del país al obtener el 58,61% de los votos en la segunda vuelta electoral, con el 83,43% de las mesas escrutadas. Su rival, la oficialista Jeannette Jara, del Frente Amplio, se quedó con el 41,39%, en una contienda marcada por la polarización ideológica y la participación obligatoria de unos 15,7 millones de electores. La campaña se centró en reclamos por mayor orden público, control migratorio y estabilización económica, en contraste con las propuestas progresistas de Jara.
Jara concedió la derrota de manera inmediata, felicitando a Kast y expresando su deseo de que «la democracia habló fuerte y claro» para el bien de Chile. Este triunfo representa el tercer intento presidencial de Kast, quien asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026, relevando a Gabriel Boric en medio de críticas al gobierno saliente por temas como la seguridad y la economía.
La elección, celebrada en un contexto de alta tensión social, reflejó las divisiones profundas en la sociedad chilena. Kast, un abogado de 59 años y exdiputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fundó el Partido Republicano en 2019 y se posiciona como un conservador inspirado en figuras como Javier Milei y Jair Bolsonaro.
En la primera vuelta, Jara lideró con el 26,85%, seguida por Kast con el 23,92% y Franco Parisi con el 19,71%, lo que llevó a este balotaje. Kast, sin experiencia ejecutiva previa, había perdido en 2017 ante Sebastián Piñera y en 2021 ante Boric, pero esta vez capitalizó el descontento con el oficialismo.
Entre las propuestas emblemáticas de Kast, que guiarán su «Gobierno de Emergencia», destacan cinco pilares clave para su mandato. Primero, un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses mediante la eliminación de «apitutados» y regulaciones en licencias médicas, priorizando el gasto social sobre el político. Segundo, el fin al préstamo previsional del 1,5% al Estado, manteniendo la Pensión Garantizada Universal (PGU) con el lema «Te amo PGU». Tercero, el «Plan Implacable» para la seguridad, que incluye cárceles de máxima seguridad para narcotraficantes, endurecimiento de penas y una fuerza especial para recuperar zonas criminales, optando por cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. Cuarto, la deportación masiva de migrantes irregulares, financiada con 2.000 vuelos por 300 millones de dólares, exigiendo que los deportados «colaboren» en su regreso. Quinto, la «Operación Sitio 3.0» para vivienda, con subsidios de hasta 1.000 UF (unos 42.000 dólares) para autoconstrucción y agilización de permisos edilicicios.
Analistas destacan que su agenda de mano dura en migración y seguridad podría tensionar las relaciones con países vecinos y organizaciones de derechos humanos, mientras que su énfasis en la estabilidad económica busca atraer inversiones. Jara, por su parte, llamó a sus seguidores a seguir luchando por «una mejor vida en Chile», insinuando una oposición vigilante. Con el país aún marcado por las protestas de 2019, el nuevo presidente enfrentará el desafío de unir a una nación dividida, en un mandato que se extenderá hasta 2030.
