Por Marcelo Ramírez
La Corte Suprema de Estados Unidos le puso un límite al instrumento central del programa de Trump: los aranceles, esto es un hecho político con impacto geopolítico: cuando el Ejecutivo intenta mover la estructura, el sistema le muestra hasta dónde lo deja llegar.
Arranquemos por lo básico. En torno a Estados Unidos circulan dos relatos que se pisan entre sí: para unos la economía está hecha polvo y Trump la maquilla; para otros es un éxito y los salarios le ganaron a la inflación. Puede haber algo de verdad en ambos, o en ninguno. En esta escena eso es secundario. Lo relevante es que la Corte condicionó la política arancelaria y, con eso, le pegó al corazón del programa.
Trump no llegó con el discurso habitual de “equilibrio fiscal” como fin en sí mismo, ni con reformas administrativas de baja intensidad para la tribuna. Su eje fue otro: reindustrialización vía proteccionismo. Repatriar producción, desandar globalización, forzar relocalización, cortar la dependencia de cadenas de valor armadas para maximizar ganancia en cualquier punto del mapa. Esa estrategia puede gustar o no gustar. Pero tiene una lógica: sin aranceles, la herramienta principal queda neutralizada. Es el equivalente político de cortar el tendón de Aquiles.
La reacción automática de muchos comentaristas fue celebrar la “seguridad jurídica” y la “división de poderes”, como si el fallo fuera una postal institucional para enmarcar. Esa lectura, repetida por economistas que suelen mirar todo con la misma tijera, es pobre. La “seguridad jurídica” es un concepto que se usa como perfume: tapa el olor de la pelea real. Cuando el poder profundo siente que le tocan la arquitectura, aparecen los límites y el sistema se defiende. La Corte, históricamente, funciona como dique de contención. No es un oráculo neutral, sino el último recurso para frenar cambios estructurales cuando el resto de las palancas se complica.
Esto no es una rareza estadounidense. Pasa en todos lados: cuando un Ejecutivo intenta alterar una estructura de fondo, el sistema judicial aparece como reserva final. En algunos momentos para bloquear; en otros para validar procesos que, sin esa cobertura, serían difíciles de imponer. La formalidad habla de equilibrio de poderes; la práctica habla de defensa del statu quo. Y el poder judicial, con su lógica de permanencia y decisiones definitivas, se parece más a una aristocracia moderna que a un órgano “democrático”. Un puñado decide por encima del resto y el resto acata, incluso si una mayoría política piensa distinto.
Ahí entra el segundo eje: el “deep state”, que no es una conspiración de película sino una trama estable de poder. Burócratas permanentes, agencias, sistema financiero, complejo militar-industrial, grandes corporaciones, think tanks, redes de influencia. Ese entramado no cambia con elecciones. Cambian caras, no cambia estructura. Por eso es “profundo”: porque no se somete al mismo control que el ciclo electoral. Y ese entramado, proyectado hacia afuera, es lo que suele llamarse “globalismo”: la necesidad de cadenas de valor abiertas, deslocalización, libre flujo de capital, previsibilidad para el gran capital transnacional.
Un programa proteccionista sostenido desarma a esa lógica. Entonces se usan herramientas que sí están disponibles: tribunales, medios, presión financiera, mercados, lobby legislativo. No hace falta imaginar brujería. Basta mirar incentivos. Y el dato más elocuente fue la reacción de los mercados: si el plan arancelario se frena, lo esperable sería nerviosismo y caída, porque se desarma el plan industrial. Pasó lo contrario: los mercados festejaron. Subieron. Eso dice más que mil editoriales.
Los mercados no votan. Premian intereses. Respiran con comercio abierto, con producción deslocalizada, con reglas que no obliguen a relocalizar. Cuando suben ante el freno a Trump, el mensaje es directo: el capital transnacional se siente más cómodo. No es moral. Es negocio. Y esa comodidad revela el conflicto real: el choque entre el capital financiero global y un nacionalismo económico-industrial que intenta recuperar densidad productiva. Cuando el poder financiero ve trabado el proteccionismo, interpreta que el sistema volvió a su cauce.
Desde ahí, la discusión sobre si fue “golpe” o “división de poderes” queda corta. No es un golpe militar. Es un golpe institucional: un reequilibrio forzado del poder usando mecanismos del propio sistema para limitar al Ejecutivo. El presidente puede ganar elecciones, pero no gobierna solo. Y cuando el Ejecutivo intenta correr el eje del modelo, el resto del sistema le marca la cancha.
Las consecuencias son claras, sin aranceles, la reindustrialización se complica y la base social que sostiene ese programa se erosiona. La clase media industrial, sectores productivos, trabajadores de ramas que fueron sacrificadas por la globalización. Si el proyecto pierde eficacia, el sostén se afloja. Y un Trump debilitado es un Trump más fácil de presionar, más obligado a negociar, más expuesto a la lógica del desgaste que termina en la amenaza final: el impeachment como horizonte, no como accidente.
La política estadounidense tiene memoria de estos ciclos: cuando un outsider o un proyecto incómodo no puede ser bloqueado electoralmente, se lo disciplina por acumulación de presión, aislamiento, desgaste, judicialización. El poder no pierde sin pelear. Y pelea con lo que tiene a mano. Con reglas democráticas cuando gana; con otras reglas cuando no gana. En el fondo, se protege a sí mismo.
Esto derrama hacia afuera. Medio Oriente aparece como el punto más peligroso, porque un presidente acorralado, debilitado en casa, puede endurecer posiciones externas para recomponer autoridad. No hace falta que quiera una guerra total. Basta con que caiga en la tentación de usar la agenda de seguridad para mover el foco interno. El riesgo sube porque Israel empuja desde hace tiempo una escalada con Irán y porque la presión sobre Washington no desaparece: se intensifica cuando el Ejecutivo pierde margen.
Acá hay que ser quirúrgicos con el lenguaje. El problema es la política del Estado de Israel y su conducción, no una comunidad ni una religión. La discusión es geopolítica y estratégica. Y en Occidente existe un costo político y mediático desproporcionado para imponer sanciones reales o para sostener críticas sostenidas sin pagar un precio doméstico. Eso no vuelve “intocable” a nadie por magia: lo vuelve caro. El costo regula el discurso, disciplina gobiernos, condiciona medios, y termina moldeando decisiones. En un contexto de debilidad presidencial, ese costo opera con más fuerza.
Para Rusia, un Trump debilitado es un problema doble. Primero, porque lo poco que había avanzado en términos de diálogo y canal diplomático se vuelve frágil. Segundo, porque si Trump cae o queda neutralizado, la probabilidad de un giro más agresivo aumenta. Un gobierno demócrata o un republicano de línea neoconservadora implicaría más confrontación y menos contactos. Moscú ya vivió períodos donde el contacto se evaporó. Y cuando el contacto desaparece, el riesgo de escalada crece. No es un detalle: el canal diplomático es parte del freno a la deriva nuclear.
China también queda en una posición delicada. El modelo de Trump es transaccional: duro, áspero, pero negociable. El modelo globalista es más destructivo: no busca acuerdo, busca neutralización del rival. China se montó en la globalización para hacer negocios, pero no “pertenece” al globalismo financiero occidental. Por eso la presión para disciplinarla no se va. Si el globalismo reordena Occidente, vuelve con más fuerza contra China y Rusia. Y ahí aparece la hipótesis de guerra como herramienta de reconfiguración, no por necesidad económica sino por lógica de poder.
En Argentina, el cuadro deja un sabor amargo. El gobierno local se presenta como “trumpista” pero ejecuta lo contrario: apertura importadora, destrucción de industria, demolición del mercado interno sin contrapartida estratégica. Si encima Estados Unidos retrocede en aranceles, se refuerza el discurso de libre mercado como religión secular, y se vuelve más difícil justificar protecciones inteligentes, incluso cuando la evidencia histórica muestra que sin industria no hay soberanía económica. El simbolismo importa: cuando el centro vuelve a predicar apertura, la periferia paga la factura.
En términos prácticos, Trump tiene pocas salidas limpias. No puede ignorar el fallo sin abrir una crisis constitucional. Puede intentar reformular el esquema vía Congreso, pero necesita control político sólido, algo improbable en un clima de polarización y lobby corporativo intenso. Puede buscar alternativas legales, como el argumento de seguridad nacional, pero si el fallo atacó el núcleo de autoridad ejecutiva, el margen se achica. Puede pensar en ampliar la Corte, como Roosevelt, pero es explosivo y lento. Trump no tiene tiempo. Y el tiempo, en política, es poder.
El resultado es un escenario inestable: un Ejecutivo herido, un sistema que lo disciplina, mercados que celebran la vuelta al cauce globalista, aliados y rivales que recalculan. La lectura correcta no es jurídica. Es estructural: se disputa el modelo económico de Estados Unidos y con él la orientación estratégica de la principal potencia. Cuando esa potencia entra en tensión interna, el impacto se proyecta hacia Europa, Medio Oriente, Rusia, China y también hacia nuestra región.
El dato final es simple y crudo: la votación por sí sola no garantiza rumbo. La estructura permanente define límites. Cuando el programa amenaza intereses consolidados, el sistema se cierra. Lo que acaba de ocurrir no es una anécdota, es una señal de quién manda cuando la pelea se vuelve real.
