Por Marcelo Ramírez
La tensión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu expone una fragilidad central del gobierno argentino que es que Javier Milei subordinó la política exterior del país a dos centros de poder externos, Estados Unidos e Israel, sin construir una doctrina nacional capaz de ordenar prioridades cuando esos intereses dejan de coincidir.
Mientras Washington y Tel Aviv actuaban en bloque, ese alineamiento podía presentarse como una posición coherente, sin embargo, el problema aparece cuando ambos polos muestran diferencias estratégicas. Estados Unidos puede intentar contener una escalada, negociar con Irán o preservar sus propios equilibrios regionales, mientras que Israel, en cambio, puede sostener una lógica de acción militar más amplia frente a Irán, Hezbollah, Gaza, Siria o Líbano. En ese punto, la Argentina queda atrapada porque renunció a tener criterio propio y sucedió algo inesperado.
Milei no se limitó a profundizar una relación bilateral, sino que convirtió el alineamiento externo en identidad de gobierno. Su vínculo con Estados Unidos responde a una dependencia política, financiera y geopolítica evidente, mientras que con Israel tiene además una dimensión ideológica, religiosa y emocional mucho más profunda resultado de sus convicciones personales. Israel funciona en su discurso como referencia espiritual, como eje simbólico de su política internacional y como pieza central de una narrativa civilizatoria frente al terrorismo, el islamismo y el eje iraní.
Esa definición reduce peligrosamente el margen de maniobra del Estado argentino porque un gobierno soberano puede condenar el terrorismo, reclamar justicia por los atentados cometidos en territorio nacional, sostener relaciones estratégicas con Israel y al mismo tiempo preservar canales diplomáticos, prudencia institucional y autonomía de decisión. Milei hizo lo contrario a lo aconsejable, transformó la adhesión externa en doctrina oficial y lo realizó con el silencio de una oposición mas preocupada en mantener sus privilegios por su cercanía con EEUU, que por defender los intereses argentinos.
El problema no es Israel como país entonces, ni la identidad religiosa de sus ciudadanos como tampoco la existencia de cooperación internacional en materia de seguridad. El problema es la extranjerización de decisiones estratégicas que deberían estar bajo control argentino. No importa quienes sean los extranjeros que toman decisiones, sino que lo hacen en función de sus beneficios y no los de la Argentina. Si además, como sostienen fuentes del ámbito de inteligencia, esa dependencia no se limita al plano diplomático y alcanza áreas operativas del sistema de seguridad e inteligencia, la cuestión deja de ser ideológica y pasa a ser institucional y mucho mas preocupante aún.
Ningún país serio delega su inteligencia, su seguridad interior o su evaluación de amenazas en actores externos, aunque se presenten como aliados. La cooperación puede ser legítima pero la subordinación operativa no lo es. La diferencia está en quién decide, bajo qué control legal, con qué supervisión institucional y al servicio de qué interés nacional.
La palabra infiltración es la que nos viene a la mente, pero si somos serios debemos usarla con precisión. La infiltración no alude a una comunidad, a una religión ni a una identidad étnica, lo hace señalando un fenómeno político que es la ocupación formal o informal de espacios de decisión por intereses externos que condicionan la acción del Estado argentino. Puede tratarse de influencia estadounidense, israelí, británica, china, rusa o de cualquier otro poder, el criterio soberano debe ser siempre el mismo. El problema entonces no es de dónde proviene el actor externo, sino si opera bajo control argentino, porque es muy grave o que condicione las decisiones argentinas desde una agenda ajena.
En este marco, la cuestión AMIA y Embajada de Israel ocupa un lugar decisivo. Los atentados de 1992 y 1994 fueron tragedias nacionales y la Argentina tiene la obligación de buscar justicia, eso es natural. Pero precisamente por la gravedad de los hechos, el Estado debería haber preservado investigaciones soberanas, jurídicamente sólidas y políticamente independientes. Lamentablemente ocurrió lo contrario cuando las causas quedaron atravesadas por servicios de inteligencia, operaciones políticas, presiones diplomáticas, condicionamientos mediáticos y alineamientos internacionales.
La atribución de responsabilidad por los atentados a Irán y Hezbollah fue sostenida durante décadas sobre una arquitectura probatoria con fuerte peso de informes de inteligencia, documentos reservados y aportes de servicios extranjeros. Eso vuelve endeble la hipótesis acusatoria y debe obligar a discutir la calidad de las pruebas, la independencia de las fuentes y la solidez judicial del caso. Exigir pruebas judiciales serias no es negar los atentados. Podemos preguntar por el rol de la CIA, el Mossad o la ex SIDE sin necesidad de defender a Irán y precisamos separar la justicia de una operación de inteligencia, algo que de por sí nada tiene que ver con el antisemitismo. Es una exigencia mínima de soberanía estatal.
Las razones geopolíticas de los estados como Irán e Israel deben ser consideradas, el país persa no tenía nada para ganar con un atentado en Argentina, mientras a contramano de ello, Netanyahu estaba en plena campaña para demostrar el peligro que significaba Irán para el mundo. Los atentados fueron una oportunidad que no desaprovechó Israel naturalmente.
Asimismo, Hezbollah era entonces un partido político de resistencia libanesa que no actuaba fuera de la región, y que se haya podido corroborar, tampoco lo hizo posteriormente. La acusación de participar en dos atentados en Bs As, a miles de km de su zona de interés y sin razones entendibles y claras, resulta ante un análisis geopolítico mínimo, llamativamente extraña.
En ese contexto internacional, la condena de la Corte Interamericana al Estado argentino por su actuación en el caso AMIA refuerza el punto. El problema no se limita a determinar si Irán participó o no, porque además de las consideraciones políticas sobre el interés en participar en un atentado, también importa cómo se construyó institucionalmente la verdad oficial, quiénes intervinieron, qué pruebas fueron privilegiadas y qué intereses externos condicionaron el expediente. Un Estado soberano no puede transformar una causa judicial en fundamento automático de una política exterior subordinada.
Durante décadas, AMIA y Embajada funcionaron también como núcleos de presión sobre la política argentina. Como era esperable, el uso de la memoria de las víctimas muchas veces fue empleada para blindar narrativas estatales, cerrar discusiones probatorias y ordenar alineamientos internacionales. Esa estructura atravesó gobiernos, partidos, medios, tribunales y servicios de inteligencia. Algunos actores participaron por convicción, otros por conveniencia y no pocos por temor. El resultado fue el mismo sea cual sea el caso, la política exterior argentina quedó cada vez más atada a una agenda externa, el esperable resultado de lo que tiene todos los ingredientes como para ser considerado una operación política que nadie quiere ver. Sumergirse en interminables debates políticos y extensos expedientes judiciales ha sido el medio para que la verdad no avance y todo quede dentro de una enorme confusión conveniente para algunos intereses.
Milei no creó esa estructura pero con su fanatismo la llevó a su máxima explicitación. Otros gobiernos intentaron equilibrar, simular autonomía o negociar márgenes mientras que Milei eliminó la ambigüedad y convirtió la subordinación en doctrina pública. Declaró su alineamiento con Estados Unidos e Israel con orgullo, asumió a Irán como enemigo y transformó la política exterior argentina en una extensión de una disputa estratégica ajena. La novedad no es la influencia externa sino que esa influencia ya no necesita disimularse.
La tensión Trump-Netanyahu vuelve visible la falla estructural en forma poco esperada. Mientras Estados Unidos e Israel coinciden, la subordinación argentina parece funcional pero cuando sus intereses divergen, el país queda sin brújula. Washington necesita negociar, contener o reordenar su estrategia e Israel busca escalar, presionar o preservar libertad militar. Un país con doctrina propia evaluaría qué conviene a su seguridad nacional pero un país subordinado queda obligado a elegir entre tutores.
El resto de la clase política tampoco está en condiciones de presentarse como alternativa clara. Aunque Milei sea el caso más extremo, gran parte del sistema argentino comparte la misma dependencia estructural. Muchos dirigentes necesitan la legitimación de Washington para llegar, mantenerse o ser aceptados internacionalmente y al mismo tiempo, casi nadie se atreve a cuestionar decisiones del Estado de Israel sin tomar recaudos excesivos, porque el costo político y mediático puede ser inmediato. Esa doble dependencia clausura el debate soberano.
La consecuencia excede el vínculo con Estados Unidos e Israel. Argentina ha deteriorado su relación con buena parte del Sur Global, ha perdido peso regional, ha debilitado puentes con países africanos, con el mundo islámico y con los aliados de Rusia y China. En un mundo que avanza hacia una multipolaridad cada vez más evidente, el gobierno argentino eligió encerrarse en una lógica de obediencia atlántica, ideológica y cada vez mas militarizada.
Ese aislamiento tiene costos concretos puesto que reduce mercados, bloquea alianzas, debilita la posición argentina en organismos internacionales y convierte al país en un actor previsible, subordinado y descartable. Una nación periférica necesita inteligencia diplomática, flexibilidad, prudencia y capacidad de diálogo con todos los polos de poder. Milei eligió una política exterior de adhesión emocional, confrontación selectiva y dependencia explícita.
La cuestión de fondo no es si tomar partido por Irán, por Israel o por Estados Unidos. La cuestión de fondo es si la Argentina conserva capacidad soberana para definir sus amenazas, sus alianzas, sus pruebas judiciales, su política exterior y su aparato de inteligencia. Un país puede tener aliados pero lo que no puede tener si quiere ser libre y soberanos, son tutores.
Argentina no solo está perdiendo autonomía frente a Washington y Tel Aviv. La capacidad de hablar con el resto del mundo desde su propio interés también se encuentra en un pronunciado declive porque cuando una nación deja de pensar su política exterior desde sí misma, deja de actuar como sujeto soberano y se convierte en una pieza menor dentro de estrategias ajenas. Ese es el daño más profundo del alineamiento actual: no solo la subordinación del presente, sino la destrucción de las condiciones futuras para reconstruir una política exterior independiente cuando la imagen del país ha sido tan dañada y las instituciones que deben trabajar en ella están sumergidas en la más profunda oscuridad.
Marcelo Ramírez
Analista geopolítico | AsiaTV – Humo y Espejos
Analista geopolítico, escritor y conferencista argentino especializado en análisis geopolítico y militar, conflictos contemporáneos y dinámica del mundo multipolar. Fundador y director de AsiaTV y creador de la plataforma de análisis estratégico Humo y Espejos. Autor del libro La OTAN contra Rusia. Propaganda y guerra híbrida (Editorial Letras Inquietas, 2022). Cofundador de la Alianza para el Desarrollo Auténtico y la Cooperación Ruso-Iberoamericana (ADACRI), iniciativa orientada a fortalecer el diálogo estratégico entre el mundo ruso y la comunidad iberófona.
