Por Juan Manuel de Prada
«Entre pucheros anda el Señor», nos advirtió Santa Teresa; y la democracia, que es una religión antropoteísta, quiso emular al Señor. Pero como la democracia aspira a tener más adeptos que el Señor, no se conformó con andar entre pucheros, sino que decidió andar entre pucherazos. En realidad, decir ‘democracia’ y ‘pucherazo’ en la misma frase es como decir ‘mierda’ y ‘hedor’; o sea, un consabido pleonasmo. De hecho, la democracia se funda sobre un pucherazo constitutivo, que es la sustitución de la razón por la voluntad de la mayoría, algo en verdad desquiciado y muy perturbador que acaba convirtiendo la comunidad política en un pandemónium; porque la voluntad humana, desembridada de la razón, termina queriendo cosas que no le corresponden, desde la mujer del prójimo a los cuernos de la luna. Más trágicamente aún, la voluntad de la mayoría –como perspicazmente señala Thomas Carlyle– no es otra cosa sino la voluntad de los demagogos, que logran hacer creer a una multitud de hombres ignorantes que mediante el voto deciden su destino, cuando lo cierto es que no hacen otra cosa sino asegurar el destino del demagogo al que votan.
La democracia, concluía Carlyle, es la organización del fraude con el señuelo de la utopía; definición pasmosamente lúcida que incluye los dos tipos de pucherazos que la democracia compendia: por un lado, el pucherazo ‘constitutivo’, ínsito en su misma naturaleza, que consiste en sustituir la razón por la voluntad de la mayoría (a la que se engatusa con el señuelo de la utopía); por otro, el pucherazo ‘procedimental’ u ‘operativo’, que son todas esas marrullerías y picarescas electorales diseñadas para alterar el resultado de las urnas. En realidad, el pucherazo constitutivo es infinitamente más grave y dañino que el pucherazo operativo o instrumental; pero al común de los demócratas –infatuados por su religión, que los hace creerse diosecillos– subleva mucho más el segundo, porque no soportan que los diosecillos de la facción contraria les madruguen la merienda. El pucherazo operativo, de hecho, podría actuar como un antídoto o siquiera lenitivo del pucherazo constitutivo: si, como nos enseña Carlyle, la democracia consiste en que el voto de Judas valga lo mismo que el voto de Jesús, un pucherazo que multiplicase el voto de Jesús sería benéfico. Pero la experiencia demuestra que los pucherazos operativos siempre se urden para remachar o blindar el pucherazo constitutivo.
Esa es, desde luego, la intención de esa disposición adicional incorporada aviesamente en la llamada ley de Memoria Democrática que reconoce la nacionalidad a los «nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles que la hubieran perdido o renunciado a ella como consecuencia del exilio». Se trata, por supuesto, de colar un ejército de votantes totalmente desvinculados de España a quienes se ofrece la posibilidad de ganar, a toro pasado, la guerra que perdieron sus abuelitos; para lo cual se apela a una categoría –’exilio’– que se presenta como monolítica, como si el hecho de padecer exilio enalteciera a una persona y la hiciera digna –a ella misma y a sus descendientes– de especiales honores. Pero exiliados fueron igualmente el egregio Manuel de Falla (a quien nadie se lo impuso) y el tenebroso Aurelio Fernández, que ordenó el asesinato de decenas de maristas después de exigir a su congregación rescate a cambio de devolverlos vivos. Y tratar con el mismo rasero realidades por completo diversas, y aun antípodas, es una aberración jurídica, filosófica y moral.
Sobre esa aberración se funda esa ominosa disposición adicional que ha sido bautizada ‘ley de nietos’ y que no es otra cosa sino un plagio de aquella ‘Misión Identidad’ urdida por Hugo Chávez, que otorgó la nacionalidad venezolana a millones de inmigrantes, para impedir que prosperase un referéndum revocatorio (pero al menos aquellos inmigrantes súbitamente nacionalizados residían en Venezuela). Una vez aprobada tal disposición, sin embargo, los malignos demagogos que nos gobiernan la consideraron insuficiente para conseguir sus objetivos; así que urdieron una instrucción (o sea, una circular que utilizan los superiores jerárquicos de la Administración para organizar el trabajo de sus subalternos, sin valor legal alguno) mediante la cual transformaron el supuesto legal de esa disposición adicional aberrante en dos categorías diferentes: por un lado, los descendientes de españoles; por otro, los descendientes de quienes hubieran perdido la nacionalidad a causa del exilio. Este birlibirloque es el que el Tribunal Supremo ha detectado, decretando medidas cautelares que paralizan la inscripción en el censo electoral de aquellos que obtengan la nacionalidad acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática, si no acreditan que sus antepasados fueron exiliados.
La medida cautelar decretada por el Tribunal Supremo afecta a quienes se inscribieron en el censo amparados en esa taimada instrucción que convertía automáticamente en exiliados a cualquier español que hubiera emigrado; y sólo les afecta porque ‘congela’ su inscripción en el padrón electoral, no la tramitación de su nacionalidad. Pero de inmediato los loritos mediáticos del partido de Estado han pretendido que esta medida cautelar decretada por el Tribunal Supremo suspende la aplicación de una ley; es una mentira gruesa, pues aquellas personas que demuestren ser hijos o nietos de exiliados (lo mismo de hombres egregios que nietos de asesinos frenéticos) podrán seguir obteniendo la nacionalidad española y votar con todas las bendiciones legales, contribuyendo al pucherazo operativo; pues el pucherazo constitutivo (la aberración jurídica, filosófica y moral que les otorga indiscriminadamente el voto, aunque sean nietos de Aurelio Fernández) no puede ser revocada por el Tribunal Supremo. Bajo el tiránico Régimen del 78, los jueces no pueden ejercer sobre los poderes legislativo y ejecutivo ningún tipo de control, que monopoliza un órgano político, el llamado (‘risum teneatis’) Tribunal Constitucional.
Ciertamente, si la sentencia del Tribunal Supremo es congruente con la adopción de estas medidas cautelares, los descendientes de españoles que emigrasen por razones económicas no podrán votar en las próximas elecciones. Pero puede que su exclusión, lejos de impedir el pucherazo operativo, lo favorezca, robusteciendo además el pucherazo constitutivo. A fin de cuentas, el voto de nietos de emigrantes económicos que han perdido su vínculo con España puede ser errático y variopinto; el voto de los nietos de Aurelio Fernández será, por el contrario, mucho más concienzudo y homogéneo.
