Argentina: grupos sediciosos mapuches son subsidiados por el Estado que repudian

Los grupos sediciosos mapuches que actúan en la Patagonia Argentina, con el auspicio de ONG’s fachadas de la inteligencia británica, como Mapuche Nation, y que reiteradamente se encargan de negar toda entidad al Estado Nacional, aparecen cobrando del mismo Estado todo tipo de subsidios. Así lo reflejan los registros de la Anses. Betiana Ayelén Colhuan, la “machi” de 21 años que en 2017 determinó que las tierras que su grupo usurpa eran “tierras sagradas”, y que hace unos días declaró: “No al Estado, a la mapu sí la respetamos. ¿Quieren que seamos argentinos? Nosotros éramos mapuches antes de que lleguen, que crucen en barco y lleguen a nuestra mapu”, cobra $30.592,60 mensuales correspondientes a tres planes sociales que le brinda precisamente… el Estado argentino: la Asignación Universal por Hijo ($ 8810 por cada uno de los dos que tiene), la Tarjeta Alimentar ($ 9000), el Complemento Leche del Plan 1000 días ($ 1063) y $2909,60 pesos del plan Hogar Garrafa y, el último mes, $13.940,60 por única vez en concepto del complemento del 20% restante de asignación por embarazo o prenatal que se paga cuando se presentan los certificados de escolaridad y vacunación.

Sin embargo, no es la única beneficiaria del Estado que repudian.

El portal argentino El Disenso, revela que “si bien los mapuches no se autoperciben argentinos, a la hora de disfrutar de los beneficios sociales no son tan reticentes. La madre del Lonko Jones Huala es beneficiaria de una AUH, y figura como adjudicataria de un plan de 169 viviendas en San Carlos de Bariloche y subsidios entregados por la municipalidad a su nombre”.

Pero ni la “machi” ni la madre del ex-flogger prófugo Jones Huala parecen llevarse la porción más importante de los subsidios que se obtienen de los impuestos que pagan los trabajadores argentinos, informa el mismo portal que “de acuerdo a registros oficiales, el 17 de enero de 2022, la cartera [que estuvo] a cargo de la Ministra Gómez Alcorta subsidió con $1.602.759 a la LOF Paichil Antriao”.

La LOF Paichil Antriao es otra “comunidad” en conflicto con el Estado, por usurpar tierras tanto privadas como estatales, lo que la ha llevado a enfrentar varios procesos judiciales.

Refiere El Disenso que, de acuerdo a la denuncia presentada por los damnificados, los usurpadores llevan a cabo actividades comerciales sin habilitación, que fueron verificadas por inspectores municipales:

• Comercio de alimentos y bebidas incluidas alcohólicas
• Guardería náutica ilegal dentro del ejido del Municipio (documentos aportados por la PNA)
• Alquiler y cobro de tasas a turistas y residentes para bajada de vehículos y lanchas.
• Camping ilegal con alquiler de quinchos, para fiestas y eventos.
• Ventas y acopio de combustible

Resulta por demás llamativa la confluencia de actores ligados a la Embajada Británica en la Argentina en esta problemática. Se trate de la ex ministra de “Mujeres, Género y Diversidades”, Elizabeth Gómez Alcorta, siempre cercana a dicha institución y ex abogada del flogger devenido en revolucionario mapuche, o de organismos de DDHH como el CELS, históricamente financiado por la propia representación diplomática inglesa, el que en uno de sus últimos comunicados se refirió a los territorios argentinos usurpados en Villa Mascardi como “territorio mapuche”.