Argentina: rematan bienes de Fabricaciones Militares y crece la incertidumbre por posible privatización

La estatal Fabricaciones Militares enfrenta un nuevo capítulo de incertidumbre tras la reciente subasta de equipos y vehículos, un proceso que ha puesto en alerta a más de mil trabajadores y que podría ser el preludio de una privatización. La operación, llevada a cabo en colaboración con el Banco Ciudad, incluyó la venta de bienes valuados en más de 605 millones de pesos, abarcando desde maquinaria esencial hasta utilitarios, en el marco de un convenio que busca deshacerse de activos considerados “no esenciales” por la empresa.

El gremio ATE, que representa a los empleados estatales, ha denunciado que esta subasta, junto con el cierre de plantas como la de Jáchal en San Juan y la reducción de operaciones en Villa María, Córdoba, forma parte de una estrategia deliberada del gobierno de Javier Milei para desmantelar la compañía. “No se trata solo de vender bienes; se están perdiendo recursos clave para la defensa nacional y la soberanía industrial”, afirmaron voceros del sindicato desde Villa María, donde la producción de pólvora ha caído a mínimos históricos.

La planta de Jáchal, dedicada a la fabricación de explosivos, fue clausurada definitivamente, dejando a sus trabajadores sin empleo, mientras que en Villa María se teme un desenlace similar. Actualmente, Fabricaciones Militares mantiene operativas las instalaciones de Río Tercero (Córdoba), Azul (Buenos Aires) y Fray Luis Beltrán (Santa Fe), pero el futuro de sus 1.200 empleados permanece en vilo. En Azul, conocida como Fanazul, la producción está paralizada desde mayo de 2024, afectando a 85 trabajadores.

El trasfondo de estas medidas apunta a un interés extranjero en la empresa. Fuentes cercanas al sector indican que socios de la OTAN, como el conglomerado checo CGS Defence y la española Hispania Group, han visitado las plantas en los últimos meses, explorando su capacidad para producir municiones y explosivos a gran escala. Estos movimientos se alinean con los acercamientos del gobierno argentino a la Organización del Atlántico Norte y los Estados Unidos, evidenciados por la visita de funcionarios del Departamento de Estado a Río Tercero en julio de 2024.

La pérdida de contratos clave, como el de Petroquímica Río Tercero —que dejó de producir TDI (diisocianato de tolueno) y representaba el 70% de la facturación de Fabricaciones Militares—, ha acelerado este proceso. Desde el gobierno aseguran que la subasta es parte de un esfuerzo por “reducir costos”, pero los trabajadores y analistas ven en ello un paso hacia la conversión de la empresa en una sociedad anónima, facilitada por el DNU 70/23 y la Ley Bases. “Están entregando nuestra soberanía a intereses extranjeros”, advirtió un representante de ATE, mientras el Ministerio de Defensa guarda silencio ante los pedidos de explicaciones.

Con más de 600 proveedores afectados y una historia ligada a la industria de defensa nacional, Fabricaciones Militares se encuentra en una encrucijada. Mientras el gobierno avanza en su plan de ajuste, las voces de alerta se multiplican: ¿será este el fin de una empresa estratégica para Argentina o el comienzo de una nueva etapa bajo control privado?