La emblemática agroexportadora argentina Vicentin atraviesa un nuevo capítulo crítico en su prolongada crisis, iniciada a fines de 2019. Este sábado, el directorio de la compañía anunció el cierre total de sus dos principales plantas industriales, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, dejando en vilo a más de 1.000 empleados directos y afectando a unos 3.000 puestos de trabajo indirectos relacionados con su cadena productiva.
La decisión, comunicada oficialmente, responde a una situación financiera insostenible: la empresa no cuenta con los recursos necesarios para abonar los salarios de marzo ni para mantener activos los contratos de procesamiento de granos de terceros (fazón), que habían sido su única fuente de ingresos tras abandonar la operatoria con mercadería propia. “Nos vemos obligados a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación”, señaló Vicentin en un comunicado, justificando la medida como una estrategia para “proteger los activos” ante la falta de liquidez y la ausencia de respuestas por parte de inversores estratégicos.
El impacto laboral es inmediato. Los trabajadores, que aún no han percibido sus haberes del último mes, enfrentan un futuro incierto. El gremio aceitero, en estado de alerta, advirtió que, de no regularizarse los pagos en los próximos días, podrían iniciarse medidas de fuerza de gran alcance, con potencial de paralizar toda la industria del sector. “Estamos en máxima alerta. Si no hay soluciones, esto puede escalar a un conflicto nacional”, anticipó un representante sindical.
A la crisis económica se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que asciende a más de $400 millones por consumo eléctrico. Esta situación podría derivar en el corte del suministro en una de las plantas, agravando aún más el panorama operativo. Fuentes del sector señalan que la falta de fondos y la parálisis de los contratos de fazón con empresas como ACA, Bunge y Viterra —que se frustraron tras el rechazo judicial de un acuerdo concursal— han llevado a Vicentin al borde del colapso.
En el frente judicial, la semana pasada la Justicia de Rosario dictó la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de la compañía: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, acusados de maniobras fraudulentas vinculadas a la cesación de pagos de 2019, que dejó un pasivo superior a los u$s 1300 millones de dólares. Este desarrollo complica aún más las negociaciones para encontrar una salida viable a la crisis.
El cierre de las plantas de Ricardone y Avellaneda marca un punto de inflexión para Vicentin, una empresa que durante décadas fue un pilar del agro argentino. Mientras el directorio insiste en buscar “diálogo permanente” con las partes involucradas para revertir la situación, la falta de horizontes claros y el creciente malestar social en la región mantienen en vilo a trabajadores, acreedores y a toda una industria que observa con preocupación el desenlace de este gigante en caída.
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