Por Unai Cano
Una licitación pública de la Comisión Europea ha revelado que el organismo ha destinado 4,4 millones de los contribuyentes europeos a financiar proyectos orientados a «prevenir y combatir el discurso de odio ilegal», especialmente en las redes sociales. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que involucra el respaldo económico a organizaciones alineadas con la agenda de Bruselas en temas sensibles como el control del contenido en línea y la promoción de cuestiones de identidad de género.
Uno de los puntos clave de esta licitación es la creación de un «Centro Europeo de Conocimiento sobre el Discurso de Odio», cuya función será administrar una base de datos con registros detallados de casos denunciados. Este sistema de vigilancia estará gestionado por entidades seleccionadas directamente por la Comisión Europea, las cuales tendrán el poder de catalogar el contenido en función de criterios como «antisemitismo, xenofobia, islamofobia, misoginia y odio contra la comunidad LGBTIQ». Sin embargo, no se menciona ninguna categoría que contemple la discriminación hacia los cristianos, a pesar de que se trata de la religión mayoritaria del continente y de una de las más perseguidas a nivel global.
La financiación de estas organizaciones plantea serios interrogantes sobre su independencia, ya que no se tratan de entidades no gubernamentales en sentido estricto, sino de actores financiados directamente por Bruselas. La participación en el proyecto está restringida a aquellas organizaciones que suscriban «los valores y derechos fundamentales definidos por la Comisión», lo que deja fuera a cualquier entidad que no esté en línea con los criterios preestablecidos.
Además de la vigilancia digital, la estrategia incluye eventos y formaciones en varias capitales europeas. En ciudades como París, Roma y Budapest, se impartirán cursos especializados dirigidos a jueces y fuerzas de seguridad, con el objetivo de reforzar las «capacidades nacionales para la persecución de delitos de discurso de odio». Asimismo, está programada una conferencia anual en Dublín, coincidiendo con el Día Internacional contra el Discurso de Odio, donde se reunirán representantes de plataformas digitales y ONGs financiadas por la Comisión.
Este programa de la Comisión Europea se complementa con una licitación paralela del Consejo de Europa, que ha destinado 4,5 millones de euros a consultorías sobre orientación sexual, identidad de género y expresión de género. La similitud entre ambas iniciativas sugiere una acción coordinada para consolidar una estructura ideológica desde las instituciones europeas, al tiempo que limita el espacio para posturas críticas o alternativas.
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