Cultura del descarte: más del 25 % de los canadienses apoya el suicidio asistido para personas pobres o en situación de calle

Una encuesta realizada en Canadá sobre el suicidio asistido arrojó que 73 % de los consultados está a favor de que el Estado “ayude a morir” a las personas bajo determinadas circunstancias. Dentro de este porcentaje, destaca además que un cuarto de la población del país considera que no tener hogar o vivir en la pobreza son criterios válidos para acceder al procedimiento.

De acuerdo con el sondeo de Research Co, uno de los puntos que se destacan en la encuesta es que el 28 % de los entrevistados cree que vivir en la calle es motivo suficiente para solicitar la eutanasia y un 27 % incluyó a la pobreza.

En cuanto a las personas sin hogar, 11 % de los consultados estuvo fuertemente de acuerdo con permitirles el procedimiento y 17 % expresó que también lo estaba, aunque de manera moderada. Solo un 43 % se manifestó en desacuerdo.

Estos porcentajes suben entre la generación de jóvenes de entre 18 y 34 años al 41%, tanto para las situaciones de pobreza y como de vida en la calle.

En tanto, y volviendo a criterios eugenésicos de principios del siglo pasado, el 50 % de los canadienses apoya la eutanasia para casos de discapacidad.

La encuesta fue realizada en Canadá entre el 22 y el 24 de abril de 2023 e incluyó a mil adultos.

Frente al fenómeno creciente de la pobreza en Occidente, la solución que plantean ciertas corrientes políticas parece ser la de facilitar a los pobres su propia muerte. Desde ya, estas medidas se venderán como “nuevos derechos” adquiridos por los ciudadanos.

De acuerdo al semanario The Spectator, los requisitos para acceder a la eutanasia en la Canadá de Justin Trudeau se van volviendo cada vez más flexibles: “En 2015, la Corte Suprema de Canadá revirtió 22 años de su propia jurisprudencia al anular la prohibición del suicidio asistido en el país por inconstitucional, descartando alegremente los temores de que el fallo “iniciaría un descenso por una pendiente resbaladiza hacia el homicidio” contra las personas vulnerables según lo fundado. en ‘ejemplos anecdóticos’. Al año siguiente, el Parlamento promulgó debidamente la legislación que permitía la eutanasia, pero solo para aquellos que padecían una enfermedad terminal cuya muerte natural era ‘razonablemente previsible’. Solo tomó cinco años para que la pendiente proverbial apareciera, cuando el parlamento canadiense promulgó el proyecto de ley C-7 , una ley de eutanasia radical que derogó el requisito ‘razonablemente previsible’ y el requisito de que la condición debe ser ‘terminal’. Ahora, siempre que alguien padezca una enfermedad o discapacidad que ‘no pueda ser aliviada en las condiciones que considere aceptables ‘, puede beneficiarse de lo que ahora se conoce eufemísticamente como ‘asistencia médica para morir’ (MAID, por sus siglas en inglés) de forma gratuita”.

Detrás del relato de la ampliación de “derechos individuales”, hay un frío cálculo económico: “A pesar de la insistencia del gobierno canadiense en que el suicidio asistido tiene que ver con la autonomía individual, también ha estado atento a sus ventajas fiscales. Incluso antes de que entrara en vigor el proyecto de ley C-7, el Oficial de Presupuesto Parlamentario del país publicó un informe sobre los ahorros de costos que generaría: mientras que el antiguo régimen MAID ahorró $ 86,9 millones por año, una ‘reducción de costos netos’, en las palabras estériles del informe: el proyecto de ley C-7 crearía ahorros netos adicionales de $62 millones por año. La atención médica, en particular para quienes padecen enfermedades crónicas, es costosa; pero el suicidio asistido solo le cuesta al contribuyente $2,327 por ‘caso'”.