El presidente argentino Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025 el 1 de enero de 2026, reformando integralmente el sistema de inteligencia nacional y otorgando amplios poderes a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Esta medida, emitida tras el cierre de las sesiones extraordinarias del Congreso, evita el debate legislativo y concentra autoridad en la SIDE, permitiendo que sus agentes puedan realizar detenciones y que todas sus actividades adopten un «carácter encubierto». La oposición ha calificado esta reforma como la creación de una «policía secreta», argumentando que rompe con consensos post-dictadura al incrementar la discrecionalidad en las operaciones de inteligencia.
Entre los cambios más controvertidos, la SIDE ahora puede aprehender personas, una facultad prohibida anteriormente por la Ley 25.520, lo que implica detenciones sin orden judicial en el marco de sus tareas. Además, se habilita la involucración de las Fuerzas Armadas (FFAA) en inteligencia interior, permitiendo acciones conjuntas que antes estaban vedadas.
«ARTÍCULO 19.- Incorpórase como artículo 10 nonies de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificaciones el siguiente texto:“ARTÍCULO 10 nonies.- Los órganos del SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL (SIN) proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial. En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las FUERZAS POLICIALES y de SEGURIDAD competentes”.
Otras modificaciones incluyen la transformación de la Agencia de Seguridad Nacional en Agencia Nacional de Contrainteligencia, la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) —transfiriendo poder directamente a las FFAA y vaciando el control civil en el Ministerio de Defensa— y la obligación de todos los organismos estatales de actuar como sujetos activos en contrainteligencia, facilitando el acceso de la SIDE a información clasificada.
La normativa incluye aspectos ambiguos ya que faculta la realización de actividades de contrainteligencia ante la mera «influencia» sobre la «población en general»:
«ARTÍCULO 3°.- Incorpórase como artículo 2° quater de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificaciones el siguiente texto: “ARTÍCULO 2° quater.- Las actividades de ejecución de Contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales».
Las reacciones no se hicieron esperar: opositores denunciaron la reforma como «muy grave» y anunciaron proyectos para su derogación, destacando riesgos como el espionaje político, la persecución de periodistas por filtraciones y motivos políticos, y la legalización de un «estado policial».
Esta reforma profundiza la militarización de la inteligencia y genera preocupaciones sobre el equilibrio democrático, al permitir que la SIDE negocie presupuestos directamente con las FFAA y ejecute tareas ante fugas de información. En un contexto de tensiones políticas, la oposición reclama la regularización de la Comisión Bicameral para ejercer control efectivo, mientras que el Gobierno defiende la medida como necesaria para fortalecer la seguridad nacional. Analistas advierten que podría abrir la puerta a abusos, recordando precedentes históricos de inteligencia estatal utilizada con fines políticos.
