Buenos Aires, 27 de enero de 2026 – El presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), Demian Reidel, famoso por decir que el problema de la Argentina eran los argentinos, enfrenta una serie de denuncias por irregularidades en procesos de contratación que podrían implicar sobreprecios superiores a los 6,5 millones de dólares. Las acusaciones, surgidas de fuentes internas y sindicales, han generado un escándalo en la empresa estatal responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, y han derivado en suspensiones de gerentes y pedidos de auditorías urgentes.
La denuncia principal se centra en un contrato de servicios de limpieza para las centrales Atucha I y II, adjudicado por dos años sin licitación pública. Según los documentos internos, el costo estimado del servicio rondaba los 600.000 dólares, pero el monto final superó ampliamente esa cifra, generando un perjuicio económico calculado en más de 6,5 millones de dólares, equivalente a un sobreprecio del 140%.
La presentación fue realizada por el gerente de Atucha, quien alertó sobre presuntas presiones para favorecer a ciertos proveedores y posibles direccionamientos en la adjudicación.
En respuesta a estas irregularidades, el directorio de NA-SA decidió suspender a dos gerentes designados por Reidel: el gerente general y el de Coordinación Administrativa. La votación fue dividida, con Reidel oponiéndose a la medida, lo que expuso tensiones internas en la compañía.
Fuentes sindicales indican que los contadores Martín Reina y Gabriel Blejer, involucrados en el proceso, fueron inicialmente inculpados y amenazados con despido, pero la gerencia intentó revertir la situación tras la denuncia.
A este caso se suma una nueva acusación presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que denuncia un sobreprecio del 1.000% en la adquisición de un software. Según el gremio, el Gobierno pagó 7 millones de dólares por un sistema que tiene un valor de mercado de apenas 600.000 dólares y que, además, no sería necesario para las operaciones de la empresa.
ATE exige la inmediata suspensión de los contratos y una auditoría integral para evitar mayores perjuicios al erario público.
Reidel, quien asumió la presidencia de Nucleoeléctrica en diciembre de 2025 tras su paso como asesor económico del presidente Javier Milei, ha sido cuestionado previamente por sus finanzas personales. Reportes del Banco Central indican deudas bancarias superiores a los 880 millones de pesos, pese a percibir un salario bruto de 14 millones de pesos mensuales en su cargo actual.
Hasta el momento, Nucleoeléctrica no ha emitido un comunicado oficial sobre las denuncias, y se espera que la Justicia avance en las investigaciones.
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