Día Mundial de las Falsas Denuncias: carta abierta a una ministra de “Géneros” – Por Carlos Balmaceda

Carta abierta a la ministra de “Mujeres, Géneros y Diversidad” de la Argentina, Elízabeth Gómez Alcorta
Por Carlos Balmaceda

Falsas denuncias, inocentes presos, suicidios instigados por “escraches”, cárceles superpobladas por causas vinculadas al género, censura en los medios ejercida a través de informales comisarios políticos, son algunas de las consecuencias que la llamada “cultura de la cancelación” -avalada y programada desde su ministerio-, han provocado a la sociedad argentina.

En el Día Mundial de las Falsas Denuncias, debe saber usted, señora ministra, que las calamidades avaladas por su gestión no son “errores y excesos” sino un plan sistemático hecho en nombre de la igualdad de género, hipócrita cobertura que justifica la censura, la persecución y la muerte, dispositivo disciplinario puro y duro cuyos ejecutantes, alienados o rentados, perpetran un daño enorme al tejido social y espiritual de la sociedad argentina.

Aun así, usted, señora ministra, junto a su cohorte de ideólogos, funcionarios y comunicadores, seguramente se empecinará en negar que las denuncias falsas existen, que miles de varones son víctimas de éstas, y que la infame industria judicial que alimenta este orden, está provocándole un perjuicio sin igual al estado de derecho.

“Lawfare” es una palabra que no se les cae de la boca a los que, como usted, denuncian persecución sobre funcionarios de su gobierno, pero es exactamente eso lo que la señora ministra, una justicia colonizada por las políticas de género, y una industria cultural que ha instalado un discurso hegemónico y autoritario, hacen a diario con miles de hombres.

En su denominación, su ministerio lleva engañosamente la palabra “Géneros”, cuando en realidad, hay uno que no solo es excluido, sino que además ha sido demonizado y estigmatizado bajo la excusa de un sistema patriarcal que dispone que por el solo hecho de nacer varón, un hombre porta presuntos “privilegios” y resulta un “hijo sano del patriarcado”, es decir, que todos los varones heterosexuales serán, tarde o temprano, capaces de las peores aberraciones.

Esta generalización, usual en los regímenes totalitarios para decidir la persecución de minorías a las que de antemano se les atribuyen las desgracias de toda una sociedad, ha sido naturalizada por la propaganda incesante de medios de comunicación cooptados por lo que es una lisa y llana instrumentación geopolítica de un dispositivo disciplinario.

Para que se entienda claramente, estas políticas, ajenas al sentir y las necesidades de nuestro pueblo, se originan en el bloque unipolar y atlantista que las exige como una imposición más de su colonización imperial, y responden a un mandato que día a día día, con las detenciones arbitrarias y la conculcación de derechos de miles de compatriotas, se vuelven cada vez más evidentes.

Este dispositivo disciplinario tiene como objetivo “reformatear” el tejido de la sociedad argentina, usando como excusa el combate a la violencia de género, la igualdad entre hombres y mujeres, la protección de menores y el respeto a la diversidad, todos fines loables, si no respondieran a una agenda ajena, y a un patrón de odio contra los varones que afecta, por su masividad en la persecución y el castigo arbitrario, a miles de mujeres.

En efecto, por cada hombre suicidado o por ese instrumento paralegal, anónimo, masivo, cobarde y fascista que ustedes han promocionado en instancias oficiales, conocido como “escrache”, hay miles de mujeres –madres, hermanas, hijas, novias, esposas y amigas-, afectadas por el capricho, la crueldad y la prepotencia que usted, señora ministra, alienta desde el estado y que otros actores políticos y mediáticos recogen como un guante para castigar al varón, objeto de esta “deconstrucción” social, eufemismo que oculta una brutal reeducación, similar a la que regímenes totalitarios ejercieron sobre los que no se avinieron a sus determinaciones.

Tras una fachada progresista, democrática, igualitaria y hasta revolucionaria, con una estética desenfadada que a menudo irrespeta las creencias y convicciones de vastos sectores de la sociedad argentina, ustedes han emprendido un combate a sectores que día a día están tomando conciencia de este ataque.

Que en la aplastante desigualdad comunicacional que dispone el Estado contra los ciudadanos que decidimos enfrentar este aparato aún no se note, no significa que un sordo rumor se eleve desde la base del pueblo, que empieza a anoticiarse con horror de las tropelías cometidas bajo el amparo de su ministerio.

Sabemos cuál será su respuesta y la de sus seguidores. La enfrentamos a diario en las redes y en la calle: “conservadores, reaccionarios, pagados por la Iglesia”, o la clásica “defensores de violines” son los insultos que nos propinan para luego, ante la más mínima reacción, parapetarse en lo que han instalado casi como una marca: la victimización.

Es más, sabemos que este documento será señalado como un “backlash”, una reacción conservadora, denominación sacada, como no podía ser de otra manera, del manual anglosajón de términos dispuestos por agencias internacionales y ONG´s financiadas desde un punto cardinal específico.

Efectivamente, la financiación es la clave para entender que no hay sector político en ejercicio del poder que no sea presionado ni cooptado por la agenda del capital financiero, verdadero titiritero escondido detrás de esta puesta en escena.

Porque así como el BID le entregó un crédito de 200 millones de dólares a la gestión anterior de gobierno para destinarlo exclusivamente a la cuestión de género, del mismo modo proceden hoy otras agencias con la actual administración.

Desarrollado este diagnóstico, sabemos quiénes nos responderán: una izquierda que privilegia las cuestiones de género sobre sus tradicionales reivindicaciones, insólitamente aliada con los sectores que con desprecio denominan “populistas” y medios de comunicación que, por seguidismo irreflexivo o conveniencias de pauta, responden maquinalmente a este mandato.

Y aunque sea inútil toda argumentación frente a las constantes difamaciones, sepa señora ministra que así como su accionar ha reunido en torno a esta causa a miles de mujeres atacadas por la persecución arbitraria de sus hijos, maridos y padres, también alineó a personas de toda condición social y credo político o religioso.

De esta manera, marxistas, liberales o peronistas, cristianos, judíos o musulmanes, como ya ocurrió con los primeros pronunciamientos contra estos extravíos, se reúnen día a día para decir basta.

No se esfuerce pues en encontrar nuevas definiciones para lo que está ocurriendo señora ministra. Alguna vez a los ciudadanos que disintieron con decisiones del estado finalmente aceptadas luego de un debate democrático, les llamaron “antiderechos”, “fascistas” y “reaccionarios”, siempre habrá un ingenioso propagandista con alguna denominación para estigmatizarnos.

Huérfanos de toda instancia oficial, en particular la de su ministerio, desconocemos cifras oficiales de suicidios producidos por “escraches”, y solo un cálculo artesanal, nos permitió establecer una veintena de casos, cifra que, con la asistencia del Estado no dudamos que podría alcanzar varias decenas.

La respuesta a esta denuncia es también previsible: “el suicidio es multicausal”, “se suicidaron porque eran culpables” o establecer de manera perversa un Boca-River de muertos: femicidios contra suicidios.

De ninguna manera nos prestaremos a ese juego, sobre todo porque la cifra de femicidios, con el abultado presupuesto de que usted dispone, continúa en sus trágicos índices como cuando la ministra asumió, y porque además, insistimos, los suicidios son producto de un disciplinamiento social, y de un desvarío ideológico asentado en la difusión de ese instrumento paralegal que es el “escrache” y que ustedes alentaron.

Un “escrache” terminó con la vida de Thomás Pérez Ruiz, de dieciocho años, suicidio que su falsa denunciante comentó con un “¿y a mí qué me dicen? A mí no me importa”. Sí, señora ministra, ése es el tipo de criatura que esta cultura de muerte está creando.

Thomás fue víctima de una denuncia falsa. Y en realidad, todo “escrache” debería computarse como tal, porque en su arbitrio, en su inmediata estigmatización social, resulta una condena anticipada y un llamado a la barbarie comunitaria.

Ustedes han oficializado los “protocolos” en partidos políticos, sindicatos y en todo tipo de instituciones, como si también resultaran una instancia oficial, y así numerosos hombres fueron acusados, los que, sin llegar al extremo del suicidio, perdieron honra, trabajo y salud.

En su afán de disolver toda acción racional en pos de un mentido igualitarismo, bajo la la crueldad del feminismo punitivista ha empujado a la muerte a varones como Emanuel Gómez y Carlos Lamas, militantes de “La Cámpora” en las localidades de Almirante Brown y Tres Arroyos, a Fernando Cuestas Garzón, candidato a concejal por Unidad Ciudadana y al adolescente Agustín Muñoz, militante feminista, es decir, en su androfobia, el movimiento al que usted pertenece y que puebla las oficinas de su ministerio, no vacila en instigar el suicidio a través de “escraches” de sus propios militantes.

Más aún, luego de hostigarla y aislarla, lograron que María Luz Baravalle, docente universitaria, feminista y lesbiana, también se quitara la vida.

Como se ve, señora ministra, en su objetivo de rediseñar a la sociedad argentina para romper con todo vínculo entre los géneros, “reeducar” a los varones imponiéndoles una forzada “deconstrucción” e instalar la idea de que todas estas muertes son la consecuencia de un cambio, sus seguidoras no vacilan en dañar a su propia fuerza política o a miembros de su movimiento.

En esta lotería de los “escraches”, los más vulnerables resultan los primeros en caer: Javier Messina, músico ambulante conocido como “Dios punk” se suicidó después de que una denuncia falsa y miles de acosadores anónimos lo instalaron como un abusador, algo similar a lo que ocurrió con Edu Vázquez, DJ cordobés que rogó para que detuvieran los cientos de “escraches” a los que lo sometieron.

Hay muchos más e incluso, el primer Observatorio de Denuncias Falsas de Iberoamérica que por estos días se presenta ante usted, intenta determinar con precisión las causas de tantos otros que son ocultados porque detrás de estas muertes solo queda dolor, desolación y un cuerpo que es enterrado entre el rencor y la negación.

No hay en estas familias consuelo ni respuesta, y cuando alguna madre ha querido llevar a instancias legales la figura de instigación al suicidio, ha sido atacada con absoluta crueldad dentro del propio ámbito judicial.

Sépalo, señora ministra, ustedes están dañando severamente a la justicia argentina, que en su colonización ideológica, solo perjudica a ciudadanos defendidos en sus derechos –vaya paradoja- por mujeres.

La respuesta a ellas de parte de este engranaje que usted puso en marcha es siempre la misma: agresiones, crueldad, aprietes y hasta amenazas, porque cuando una mujer ejerce la defensa de un varón falsamente acusado, la frase se invierte y se convierte en “yo no te creo hermana”.

Tal es la subversión del más elemental derecho a defensa que una de las más entusiastas propagandistas de género, la licenciada Liliana Hendler, no ha tenido ningún empacho en declarar en el documental “Borrando a papá” que en causas de género, la fórmula judicial debe invertirse y el inocente ya no se presume como tal, sino que deberá demostrar que no es culpable.

Ese clima al que usted es ajena o también ha naturalizado en su bestialidad, tiene expresiones andrófobas permanentes, como las proferidas por Marta Dillon, periodista feminista que ha dicho que el riesgo más grave que sufre la vida de una mujer menor de cuarenta años es una relación heterosexual. Lo que nadie se atreve a difundir es que la propia Dillon ha perdido un juicio por maltrato, denunciada no por un hombre, sino por una mujer.

Por otra parte, el “escrache” y las falsas denuncias se han instalado como un elemento arrojadizo en la actividad política. Casos como los ya mencionados en la agrupación “La Cámpora” han terminado en suicidios, mientras otro, en el que el dirigente reconoció su abuso públicamente, no solo no ha recibido ningún castigo en la justicia, sino que además, ha sido premiado con la conducción entre sombras de otra organización similar.

Es decir, la lucha contra la violencia de género, que compartimos, ha degenerado gracias al “escrache” y las falsas denuncias en un instrumento para dirimir internas, destruir agrupaciones o terminar con el prestigio de algunas figuras políticas. Los casos del senador Marino de La Pampa o de Gastón Ungar de Neuquén, pertenecientes respectivamente al radicalismo y al peronismo dan cuenta de esto: ambos fueron declarados inocentes, sin embargo, el daño que se hizo a su honra resultó irreparable.

Más adelante detallaremos cómo la agrupación “Peronismo Militante” de La Plata fue dañada mediante el ataque a uno de sus referentes, un daño del que usted, señora ministra, ha sido parte activa.

Como se ha mencionado, el daño infligido a la justicia, es severo y se extiende a todo el país, situación que ha expresado la primera marcha federal convocada simultáneamente en La Pampa, San Juan, Santa Fe y Bahía Blanca.

Es que en cada punto del país las falsas denuncias, la arbitrariedad judicial y la androfobia ejecutada por organizaciones feministas se repiten de un modo casi calcado.

En Colonia Barón, provincia de La Pampa, las movilizaciones por Nico Echeveste, acusado de una violación que no cometió, han llegado a convocarse hasta tres veces en un mismo mes. El diez por ciento de esa localidad, el equivalente a trescientos mil personas en la ciudad de Buenos Aires se expresa a su favor y contra la justicia que lo encarceló. ¿Y sabe por qué, señora ministra?

Porque Nico ha sufrido una falsa denuncia.

En Rafaela, los acampes ante sede judicial por Emanuel S. son recurrentes. Su caso, plagado de irregularidades y atropellos de una justicia que hasta anticipó su condena, es una obra maestra de arbitrariedad forense y androfobia. Sin embargo, allí, en Santa Fe, cada vez más personas alzan su voz contra esta injusticia.

Adivine por qué, señora ministra.

Porque Emanuel S. ha sufrido una falsa denuncia.

Sin derecho a una prisión domiciliaria o a esperar su juicio en libertad, cuando se han ajustado siempre a derecho, estos varones sufren las tropelías de fiscales que han decidido prosperar en la justicia pisoteando las cabezas de inocentes, avalados por la doctrina de moda: la “perspectiva de género”. Aplicada abusivamente, esta perspectiva significa cumplir a rajatabla la declaración infame de Liliana Hendler: que el varón sea culpable hasta que quizás, con suerte, se demuestre lo contrario.

Los “escraches”, los linchamientos y las falsas denuncias son una continuidad lógica y consecuente en estas historias. Al profesor “Juanchi” Trigatti lo acusan de abusos en el jardín donde trabaja, en la ciudad de Santa Fe. De inmediato, ese instrumento paralegal que auspicia su ministerio, se despliega, y el docente y su familia deben escapar de su vivienda, la que es vandalizada, incendiada, robada, a la par que sus mascotas son asesinadas. La policía, que recibe 44 llamadas de alerta, no reacciona, y al día siguiente, algo similar ocurre cuando la mujer del profesor y su hijo mayor son agredidos por una turba en la audiencia de imputación.

Como suele ocurrir con los casos donde los docentes son acusados, los señalamientos son absurdos e ilógicos: escenas del crimen visibles para cualquiera, de manera que es imposible que allí pueda producirse un abuso, y declaraciones arrancadas de cámaras Gesell completamente amañadas son el menú habitual en estas instancias.

Al mismo tiempo, como factor de presión, las organizaciones del feminismo punitivista se movilizan para condenar, calmando así su sed de androfobia, aunque desconozcan por completo los detalles del caso.

Debería preguntarse la ministra por qué los docentes varones son acusados y condenados de este modo tan infame, y, desde su responsabilidad de funcionaria rodeada de especialistas en ciencias sociales, reflexionar sobre el modo en que al condenar a estos agentes del cambio social, se daña a la “comunidad organizada”, concepto que imaginamos caro a sus convicciones.

Los casos abundan, y exceden esta presentación, pero en la enumeración, no podemos dejar pasar a Darío Céspedes, de Santa Fe, condenado después de que el propio Ministerio Público de la Acusación “extraviara” imágenes determinantes para el proceso; Lucas Puig, de La Plata, juzgado dos veces por el mismo delito con el reclamo de una pena de cuarenta años y finalmente condenado a 35, o el mismo Trigatti, al que cuando su abogado defensor consiguió excarcelar, fue especialmente cuestionado por la abogada de clara inclinación feminista Carolina Walker Torres.

Los casos de docentes falsamente acusados rellenan cientos de miles de folios. Son denuncias promovidas por el prejuicio y la histeria, motorizadas por la ideología y la androfobia que su ministerio difunde y avala.

La situación empeoró desde que las políticas de género se volvieron hegemónicas, pero nos podemos remitir a casos previos en los que la justicia montó circos públicos para encarcelar inocentes con el beneplácito del feminismo autoritario, tal como ocurrió con Roberto Subirá, docente condenado en principio a 19 años, pena luego rebajada a 9, que apeló ante la Corte Suprema y que solo por un voto de diferencia no determinó su libertad.

Cuando Subirá cumplió parte de la condena y contó con el derecho ciudadano del estudio en una universidad, la agrupación andrófoba “Las Rojas” empapeló todo el ámbito escolar con la consigna “La universidad no es lugar para violadores”, lo que revela que la condena de estos sectores no tiene fin en tiempo y espacio para un hombre, y que los “escraches” solo se detendrán con la desaparición física del linchado.

Un entramado que discurre entre la prensa cooptada por el discurso de moda o que a menudo responde al interés rentado multiplica este verdadero discurso de odio que oculta la más cruel de las injusticias. A Fernando Rico, docente detenido en la zona norte del Conurbano bonaerense, a través de una modalidad virtualmente parapolicial, lo condenarán a 16 años en otro fallo aberrante, pero antes y de un modo sincronizado con la autoridad, una banda de lumpenes vandalizará su hogar, episodio que anticipa al de “Juanchi” Trigatti.

Fernando Rico sigue clamando justicia después de ocho años de cárcel, ¿y sabe por qué, doctora?

Porque Fernando Rico sufrió una falsa denuncia.

Ya conocemos la encerrona que nos planteará quien quiera refutarnos: si hubo un proceso judicial, entonces la denuncia es verdadera, no importa si, como ocurre continuamente, las cámaras Gesell son manipuladas para que los menores digan lo que quiera la autoridad. Por otra parte, si el encausado resulta inocente, ustedes siempre tienen el mismo sonsonete a mano: se trató de un “fallo patriarcal”.

Las cifras de denuncias sobre docentes superan por año varios miles, como si una multitud de pedófilos eligieran el retorcido camino de estudiar durante años, obtener un diploma y luego disponer así de una población inerme para sus desmanes. Frente a esta realidad, los sindicatos que los agrupan, también atravesados por la ideología de moda, se ven incapaces de asistirlos, porque han dado por sentado la falacia del “yo te creo, hermana” y porque son presa de una extorsión emocional: nadie que se atreva a poner el cuerpo por uno de ellos, estará seguro de que no lo difamen con su propia falsa denuncia. Porque de esa manera, como ya hemos dicho señora ministra, funciona el dispositivo disciplinario que ustedes han erigido por mandato imperial.

De manera que no hay interés ni pericia en los gremios para asistir a sus representados, lo que provoca una herida más en el cuerpo social de una institución que siempre ha sido de avanzada en la defensa por los derechos del trabajador.

La paradoja es que la cantidad de falsas denuncias colapsan el aparato judicial, dañando su propio servicio. En Bahía Blanca, por ejemplo, informan que por año se producen 3000 denuncias, desmesura que da cuenta del enorme porcentaje de expedientes iniciados por despecho, venganza, crueldad y fogoneado por el contagio emocional de una sociedad con visos macartistas. Así, la atención dispuesta para denuncias reales se deteriora, y, mientras se propagandizan las apócrifas, los verdaderos abusadores pasan desapercibidos y a veces quedan impunes.

Nos anticipamos una vez más a las razones que dará la señora ministra a este proceso: que el cambio cultural producido hace que muchas más mujeres efectúen denuncias, lo cual sería una buena noticia para todos, pero cuando en una población de 300.000 habitantes, el 2% -entre presuntas víctimas y victimarios- se ve implicado en violencia de género, la razón solo encuentra refugio entre los animales y explicaciones en otros aspectos. Por ejemplo, en la cantidad desenfrenada de jugosas capacitaciones con “perspectiva de género” que direccionan fallos y promueven el prejuzgamiento de los varones.

Por caso, en la Universidad de Derecho de La Plata se han añadido diez cátedras dedicadas a la cuestión de género, que se convierten así no solo en una promesa rentable para los que las impartan, sino también en un norte para los que a futuro decidan en estos casos.

La estadística se da de golpes con la lógica a lo largo y ancho del país: la cárcel de Las Flores en Santa Fe tiene un 20% de reclusos por cuestiones de género. Sí, en la provincia que supera en un 500% la media nacional de homicidios, los delincuentes más corrientes y peligrosos son los vinculados a la violencia de género.

Esta mirada macro se comprende en profundidad al posar la lupa sobre algunos casos como el de Mariano Scalli, kinesiólogo condenado en esta provincia por un supuesto abuso que, contra todas las presunciones de la lógica, habría ocurrido en un espacio profesional, mínimo, compartido, en el que el delito podía ser escuchado por todos sus compañeros, tal como ocurre permanentemente con los procesos contra docentes.

El suegro del condenado es quien asume su defensa, con esta categórica lógica: “nadie más interesado que yo en que mi hija no se convierta en la mujer de un pervertido”.

Por supuesto, cuando un juez se insubordina a este orden, recibe el consabido castigo y de inmediato es imputado por la prensa como “defensor de violadores”. Eso es lo que ocurrió con el juez Mingarini, desplazado por un jury que se inicia con la filtración ilegal de un comentario efectuado por la fiscal Celeste Minitti y difundido por la periodista estrella del feminismo punitivista santafesino, Barbara Favant.

Para iniciar este jury se pudo apelar a distintos motivos, sin embargo, la decisión, –envuelta en esta operación de “lawfare”-, está desde el vamos viciada de ilegalidad.

En cada ciudad que cuente con fiscales estrella de las políticas de género, se podrá observar la marca en el orillo del feminismo punitivista. Por ciego fanatismo o por aspirar al escalón superior en el entramado judicial, estos cruzados de género no vacilarán en condenar varones con pruebas inventadas y procesos amañados.

Los nombres de Alejandra Del Río Ayala, capaz de ejercer violencia simbólica contra una mujer envuelta en un proceso judicial, o hasta encubrir la violación de una agente del Servicio Penitenciario, dejando impunes a sus abusadores, y de su colega ya mencionada, Celeste Minitti, resuenan con bombos y platillos en los pasillos de la justicia de Santa Fe y son rumiados por decenas de inocentes en las cárceles de la provincia.

Hacia el sur, en Bahía Blanca, la fiscal Marina Lara hace punta en el punitivismo de género. Sin importar medios, y disparada hacia una fama mediática ganada a fuerza de guillotinar cabezas de inocentes, esta vedette justiciera ha dispuesto que Joshua Suazo, Luis Rodríguez y Juan Matías Bongiovanni, entre tantos otros, fueran condenados con pruebas débiles, cuando no inexistentes. Joshua Suazo fue puesto en prisión a quince días de terminar la relación con su novia, luego de que ésta manifestara públicamente que lo denunciaría por violación. Con una complexión física muy superior a la de su “agresor”, sin ninguna prueba material, y solo por sus dichos, el joven recibió una condena de ocho años.
Luis Rodríguez fue condenado por presuntas violaciones reiteradas contra su hijastra, realizadas con un cuchillo que la propia denunciante extrajo de su cocina, mientras que en su otra mano, en un alarde de destreza física, el condenado le tomaba fotos con un celular. El caso es que esas imágenes jamás aparecieron, Rodríguez usaba un celular sin cámara y las irregularidades en testimonios e indicios fueron múltiples. Sin embargo, se lo condenará a veinte años. ¿Se preguntará por qué, señora ministra? Porque el sistema judicial no busca la verdad. Atizado por la ideología que usted instrumenta desde el Estado, la corporación forense solo busca chivos expiatorios acordes con la época.

La lógica y el sentido común se hacen añicos en este caso, como ocurrirá en Santa Cruz con el caso del cabo Sebastián Saravia, a quien su hijastra lo acusará de desflorarla mientras duerme, absurdo que ni siquiera el propio jurado, groseramente parcial, podrá admitir. Eso no impedirá una condena de doce años.

El caso Bongiovanni, por su parte, sintetiza, la más feroz androfobia y el uso político de una causa, junto con la renuncia de los organismos de Derechos Humanos a su lucha por preservar a grupos e individuos de la violencia institucional.

Acusado por dos mujeres que hasta dos meses antes pertenecieron durante una larga década al círculo de amigos íntimos y familiares, Bongiovanni sufrirá el tan mentado “lawfare”, por el que usted y su gobierno claman a diario. Toda la prensa bahiense lo sindicará como “abusador” e incluso le colgarán el sambenito de “catequista”. Desde el tradicional periódico “La Nueva”, máscara progresista de la antigua “Nueva Provincia”, órgano de la dictadura, hasta “Política Obrera”, el aparato comunicacional se empecinará en presentar como un monstruo a este licenciado en Educación y asistente social de probada solidaridad con el prójimo en un cottolengo y en barriadas populares. El caso le permitirá a referentes del Partido Obrero y al abogado querellante César Sivo, pivotear contra la Iglesia Católica. Sin embargo, no hay un nexo ni siquiera oficioso entre Bongiovanni y este culto, pero conviene al relato del punitivismo asociarlo a un estereotipo. Las jornadas del juicio serán un calvario para él y su familia, con hordas a la puerta del juzgado que sobre las lágrimas de su esposa, su hermana y su madre, celebrarán a los gritos su condena, y no vacilarán en ir a festejar el resultado a la puerta de la casa familiar.

Como se ve, señora ministra, la sororidad de “las pibas” termina donde empieza su androfobia.

Al proceso asistirán miembros de la agrupación HIJOS, y los abogados querellantes exhibirán su pertenencia a otros organismos de DDHH, en un insólito traspié histórico: en un juicio basado en dos relatos, sin pruebas materiales, con testimonios que no corroboran más que el perfil que quisieron trazar del acusado, quienes representan a los derechos humanos, terminan del lado de un Estado que los viola, tanto en el proceso como en la cárcel: a lo largo de quince meses, a Bongiovanni no se le otorgará la prisión domiciliaria, aunque se mantenga a derecho e incluso pida declarar por su propia voluntad, permaneciendo en un pabellón con capacidad para 60 personas donde se apiñan 100 reclusos. Con una salud frágil, nada de lo que le suceda, incluidas graves amenazas a su vida, habrá de importarle a estos campeones de los derechos humanos, equipo en el que milita César Sivo, jurista conceptuado en medios marplatenses como “narcoabogado”, con oscuros lazos con la trata y defensor de los presuntos abusadores de Lucía Pérez. En este caso, poco importa que el doctor porte esa prosapia, abogará como un cruzado contra la “iglesia” que en ningún momento aparecerá en escena, porque efectivamente nada tiene que ver con Bongiovanni.
Porque así como la horda que permanece en el juzgado porta carteles pidiendo la separación de la iglesia y del Estado, todo el proceso se asociará ideológica y desquiciadamente con esta cuestión. A HIJOS poco le importarán los antecedentes de Sivo, a la sazón, miembro de la APDH, así como “Política Obrera” que dos semanas antes busca entre los archivos de la defensa, la presunta representación de abusadores, calla frente al prontuario del jurisconsulto marplatense. El caso, entonces, se ha convertido en una puesta en escena del odio, que su ministerio institucionalmente ha fogoneado, y demuestra una vez más la complicidad de los organismos de DDHH que cambiaron la figura del genocida por la del varón y un presunto delito privado por la ejecución de un genocidio.

No es una novedad, cuando en Córdoba, a raíz de un “escrache” GLF fue acusado de un abuso, y cazado al día siguiente por los familiares de Flavia Saganías, que lo ataron, acuchillaron, golpearon, incendiaron su casa y finalmente lo empalaron con una varilla de construcción, los organismos de DDHH se pronunciaron. ¿En favor de esta víctima? No, por el “fallo patriarcal” que condenó a Saganías a 23 años de cárcel por la falsa denuncia y por instigar ese intento de homicidio perpetrado con saña en nombre de la igualdad.
Ese traspié en vuestra estrategia de “lawfare” lo asimiló “Página/12”, periódico convertido en house organ del feminismo punitivista con la manipulación a la que ya nos tiene acostumbrados: la periodista Mariana Carbajal informó que en el jurado popular que juzgó a Saganías había doce “personas”, eufemismo para evitar decir que estaba compuesto con una ecuánime paridad de género. A la fecha, nadie ha expresado ni el más mínimo rasgo de piedad por GLF, la verdadera víctima del caso, porque al parecer, alguien falsamente denunciado y empalado, no merece más que la persistente sospecha de una acusación inicial que todavía se esgrime para granjearse el lugar de la victimización. Así, personeros de las organizaciones de DDHH se hicieron presentes en alguna ocasión frente a la Casa de Córdoba para manifestar su solidaridad con la que, en definitiva, no solo propició una falsa denuncia sino también el intento de homicidio del padre de su hija.

Este odio, este desdén por la víctima de semejante barbarie no es sorprendente. Frente al crimen brutal de Lucio Dupuy ni su cartera ni dependencia oficial alguna se pronunció ante tamaño latrocinio.

Pero eso sí, los que pregonaríamos discursos de odio, pasibles de ser penalizados, somos nosotros.

La doble vara efectivamente es escandalosa. Si alguien escribe en las paredes “matá a tu papá”, eso no es discurso del odio. Si pintan “Abortá al macho”, no es discurso del odio, consignas como “hetero muerto, abono para mi huerto” o “al macho, escracho” son equiparables a frases dignas de Mayo del ´68 o del más ingenuo “flower power”.

De la misma manera, escribir, como hizo la socióloga María Pía López y el colectivo “Ni una menos” la frase “nos tiran cadáveres al centro de la escena para silenciarnos” en el diario “Página/12” dos días después del suicidio inducido del director de teatro Omar Pacheco, no es discurso de odio.

El cinismo angelical que demuestra este movimiento político no tiene parangón en la historia argentina: cuando le place, coreografías tribales gritando a los hombres que “el violador eres tú”, y cuando no, el refugio en la victimización.

Cuando la señora ministra estigmatiza a todos los varones por el hecho de haber nacido tales, no es totalitarismo, pero la crítica fundamentada hacia su movimiento y su ministerio, es “backlash”, reacción conservadora y autoritaria.

La perversa frase “son hijos sanos del patriarcado” sirve tanto para generalizar como para escamotear las características específicas de violadores. Cuando usted se refirió a los violadores en manada de Palermo, repitió el latiguillo, que hermana a todos los varones con esa lacra. Pero no, señora ministra, no todos los hombres son así, y en este caso en particular, debió señalar que uno de los atacantes es asesor del bloque del Frente de Todos en Vicente López y otros dos, estudiantes de la UNSAM, universidad que tiene como buques insignias de su producción cultural a las revistas “Anfibia” y “Cosecha roja”, orgullosamente financiadas por la Open Society de George Soros.

Nos anticipamos a su hipócrita argumentación: “es que como todos los varones son hijos sanos del patriarcado, la deconstrucción deberá profundizarse”; lo de siempre entonces: más deconstrucción, más presupuesto; más talleres con nombres extensos y absurdos, más kioscos políticos.

Es que, más allá de los avances promocionados por su ministerio, la realidad es que un mandato imperial opera entre sombras no muy ocultas: abriendo la “ventana de Overton” un consultor de la ONU propone la existencia de 112 géneros, cifra en la que se diluye todo binarismo para convocar de ese modo al más rancio individualismo, paso previo a la civilización transhumana.

En este supermercado de identidades, una subjetividad desquiciada nos propone entonces “autopercibirnos”, ingeniería social que deriva en situaciones tan risibles como trágicas: un recluso se define mujer y viola a varias presas una vez que lo trasladan a una cárcel femenina en Inglaterra, situación que se repite aquí, en Bowen, Córdoba, donde un encausado autopercibido fémina embaraza a una detenida que así accede a la prisión domiciliaria, a pesar de sus malos antecedentes.

Cualquier formulación de este estilo es conceptuada como “heteropatriarcal”, cómodo sello que estigmatiza y escamotea los desaguisados propios y los casos en los que una mujer miente, manipula y somete.

Tal es la situación padecida por los hijos de Carlos Alberto Herrán, secuestrados por su propia madre y adoctrinados dentro de una secta supremacista en la ciudad de La Plata.
Este gravísimo delito demuestra por sí solo que la condición de mujer se ha convertido en un pasaporte a la impunidad.

Y desde ya le avisamos, señora ministra, que se quedará con las ganas de tildarnos de “heteropatriarcales” en este asunto, porque Herrán es un varón homosexual, padre amoroso que padece esta situación desde hace casi una década. ¿Le importa al INADI que esta peligrosa líder de una secta nazi inculque a sus hijos que “los gays no están preparados para cuidar hijos desde la biología”. No.

¿Le importa a usted y a su ministerio que un varón homosexual declare que en un video se puede corroborar la participación de la niña “en una representación donde le hace vivir mi muerte y la muerte de mi madre, su abuela paterna, llevándonos a nuestro funeral?”. No.

No le pedimos ni a usted ni a la señora Victoria Donda que intervengan en la causa con la celeridad con la que corren a sacarse fotos con el ex embajador británico, potencia que ocupa una parte de nuestro territorio, pero sí que demuestren la debida preocupación por este hombre, a la que la Federación Argetina LGTB, la Defensoría del Pueblo LGTB y la ONG Infancia Compartida han asistido.

Como podrá apreciarse, señora ministra, la “perspectiva de género” se aplica en la justicia de forma torcida y maquinal, de manera que aunque una mujer sea sádica, nazi y homófoba, siempre tendrá las de ganar, curiosa paradoja que promueven quienes como usted, sostienen que el género es un constructo cultural.

El caso es similar al de María Sevilla, que también manipuló a sus hijos en un entorno similar al de una secta y hasta los mantuvo durante años fuera del ámbito escolar. Como en el episodio ocurrido en la ciudad de La Plata, Sevilla también apeló a las denuncias falsas, y luego de ser arbitraria y escandalosamente indultada por el estado español, su caso se volvió emblema del feminismo punitivista que tradujo del inglés el término “madre protectora” para amparar bajo ese rótulo cualquier tipo de abuso que sobre sus hijos perpetre una mujer.  Una entusiasta repetidora del término es la andrófoba Liliana Hendler, ya mencionada en estas páginas.

El dispositivo disciplinario no conoce de clases ni generaciones.

En la ciudad de Pergamino, Bautista, de trece años, fue denunciado falsamente por sus compañeras. Una horda de padres lo esperó en la puerta de su escuela con intenciones de lincharlo. Trompeado por una de estas bestias, encontró refugio en un baño del establecimiento donde su madre fue a rescatarlo en medio de un procedimiento policial.
Revisando el celular de una de las acusadoras –que hasta llegaron a montar uno de los usuales shows a los que las suyas son tan afectas con carteles y glitter- los padres comprendieron que todo se trataba de una mentira. En fin, riesgos del “yo te creo, hermana”, doctora.

Bautista retornó a la escuela pero aislado del resto. El y su familia, como comprenderá, sufrieron un daño irreparable. Las manipuladoras, sin embargo, no tuvieron ningún castigo.
Este caso posiblemente sea el más grave de los miles que sufren varones adolescentes a lo largo y a lo ancho de este país, jóvenes que no son escuchados por su ministerio de “Géneros” porque su apreciación ideológica no los incluye, antes bien, los dispone al escarnio y la persecución. Así, el daño ocasionado sobre el cemento fresco de esta etapa vital tan vulnerable, se vuelve inconmensurable.

Pero así como no hay generaciones inmunes al “escrache” y la denuncia falsa, tampoco hay actividades ni oficios. Diego Guacci, prestigioso entrenador de fútbol femenino es denunciado en el ente supranacional y supraestatal FIFPRO por cinco de sus jugadoras. A la inconsistencia de sus dichos le sumarán la inexistencia de pruebas, pero eso poco importa. Una vez que se difunde el hecho, en una clara acción de “lawfare”, a Guacci se le cierran todas las puertas y pierde su medio de vida. Como ya se ha dicho, la persecución no tiene límites en el tiempo y el espacio, así que sus acusadoras exigirán que a nadie se le ocurra contratarlo, lo que evidencia el carácter del dispositivo ya descripto. En el medio, como ocurre en muchas de estas situaciones, más de un oportunista hace su agosto, al sacarse de encima a un competidor profesional, o una comunicadora, -al convertirse en difusora y fiscal del caso-, accede a un medio prestigioso.

Como se ve, no es necesaria la intervención de la justicia para arruinar la vida de un hombre, y es más, cuando FIFPRO, ante la ausencia de una ratificación y la debilidad de los testimonios, decida cerrar el caso declarando inocente a Guacci, las hordas insistirán en su culpa.

El técnico opondrá a los escuálidos cinco testimonios un centenar de testigos. ¿Sabe quiénes componen el grueso de esa defensa, señora ministra? Mujeres. Jugadoras de fútbol. ¿Serán escuchadas? Claro que no, porque aquí, otra vez, “yo no te creo, hermana”. Cuando no conviene, las mujeres son invisibilizadas, ninguneadas por el aparato comunicacional que difunde una “protesta” a las puertas de la AFA, mientras el equivalente a siete equipos de fútbol femenino, jugadoras con las que se podría armar un torneo, tuitean “Yo te creo, Diego Guacci”.

El caso se abre a una nueva alternativa: a la fecha, y por efecto contagio, varias entrenadoras de fútbol femenino han sido denunciadas, un empate, -ya que hablamos de este deporte- entre dos “yo te creo, hermana”, y una lección: la furia delatora y punitivista no se detendrá en los varones.

En el ámbito del teatro y de la música, “escraches”, persecuciones y falsas denuncias estuvieron a la orden del día. Así, Diego Burzomi configura otro caso en el que no hizo falta una instancia judicial para sepultar su honra e impedirle desempeñar su trabajo. Actor, director y profesor de teatro, bastaron 23 anónimos en un blog para destruir su vida profesional y su salud. Es más, el entramado de medios del feminismo punitivista les permitió a sus difamadores continuar los ataques en entrevistas radiales, amparándose bajo el mismo anonimato para “protegerlos”.

De inmediato, su taller de teatro se quedó sin alumnos, la agencia de publicidad que usualmente lo contrataba dejó de hacerlo, y productoras prestigiosas de televisión lo evitaron. Sobrevive como chofer de alquiler y amasando pastas para una panadería vecina a su casa. Ésta, señora ministra, fue una falsa denuncia que no quedará registrada en ningún juzgado. En este caso, a diferencia de lo que ocurre con los gremios docentes, al menos la secretaria general del Sindicato de Actores le transmitió su apoyo y solidaridad.

Cualquier denuncia puede efectuarse a través de las redes, reforzarse con un conveniente “lawfare” y así hostigar a la presa elegida. Es lo que le ocurrió al docente de Lengua y Literatura Alan Mayerna, en principio “escrachado”, y luego públicamente estigmatizado por la Agencia Nova, que dio por sentado la denuncia por “abuso” que grupos de desquiciadas trataron de instalar.

Como se ve, el maridaje entre el escrache, el linchamiento y la falsa denuncia tiene fronteras porosas. Si no se detiene a tiempo, puede terminar trágicamente, porque en este clima, lo que ustedes oficialmente han habilitado es a que psicópatas, marginales, despechadas y manipuladoras dispongan de este instrumento. Luego, la justicia, -en un alarde de inventiva perversa-, procederá a completar el relato falseado con lo que el disloque se inició.

La perversión y la locura, sépalo señora ministra, no tiene límites en estos casos. En esta ocasión se llegó a difundir la especie de que la denuncia se asentó en Jujuy, solo para desestabilizar psicológicamente al docente. Por suerte, una rápida asistencia le ahorró al acusado los consabidos sinsabores: Mayerna capturó todas las pantallas en las que fue “escrachado”, las certificó ante escribano público y acudió a un abogado, iniciando acciones contra la psicópata de turno a la par que intimó al medio periodístico. Este proceder le permitió volver a su vida normal, aunque no a su trabajo: la ineptitud de su gremio le sugirió una licencia psiquiátrica para evitar los efectos del “escrache”.

Toda esta casuística que abarca ya varias páginas es solo una muestra de la situación imperante en el país. Una brevísima muestra. El Observatorio de Falsas Denuncias de reciente creación ha recogido en poco más de una semana más de doscientos casos, y si ministerios como el suyo o el de Justicia tuvieran a bien informarnos las cifras y el detalle de los detenidos por causas de género, alcanzaríamos de inmediato una cifra de varios miles.

De todos modos, sabemos que a situaciones como las de cárceles superpobladas por denuncias de género efectuadas a tontas y locas, usted, señora ministra responderá imperturbable con latiguillos como que estamos frente a “la revolución de las pibas” y “un nuevo paradigma”, de ahí, estas consecuencias, sin dejar de mencionar, claro, su frase predilecta, que “todos los varones son hijos sanos del patriarcado” o que, como dijo en ocasión de la violación en manada de Palermo “es tu papá, es tu hermano”, no, señora ministra, aclaremos de una vez este punto con un caso específico: “es su hermano” el que tiene una denuncia por violencia de género por la que cualquier otro hombre habría recibido una inmediata restricción o incluso habría sido detenido, porque parece que todos los varones son igualmente privilegiados pero algunos, además, tienen una hermana ministra que los ayuda.

Con medios dominados a pura pauta, con instituciones influidas por esta ideología que condena al varón a la sospecha, con una industria cultural que impone trasnacionalmente cosmovisiones hegemónicas, este panorama se explica solo. Sin embargo, cuando funcionarias como usted se han involucrado en situaciones de censura, no les tembló la mano al momento de silenciar periodistas. Estela Díaz, ministra de Género en Buenos Aires y a la sazón sindicalista, no vaciló en pedir la censura de los periodistas Marcelo Ramírez e Ivonne Alves García, “ofendida” por sus preguntas referidas a la financiación del feminismo. Que continuara su persecución exigiéndole al actual embajador en Venezuela que los excluyera del observatorio de política internacional de la CTA, ofrece una idea de la naturalización de la censura.

Lamentablemente, en los medios de comunicación, no solo impera la autocensura ante este pensamiento hegemónico, sino también el silencio sobre despidos y aprietes, monitoreados por una nueva institución de este orden: los “editores de género”.

De esta manera, ustedes han logrado reunir en un mismo plano las taras de las tres ideologías dominantes del siglo XX: macartismo, enmarcado en un clima de delación a través de los “escraches” y la imposición de “apestados” que no merecen ni el más mínimo vínculo social, estalinismo, mediante la irrupción de informales comisarios políticos, y fascismo, encarnado en las hordas, a veces virtuales, o a menudo presentes a través de la violencia física.

Para terminar, doctora Gómez Alcorta, permítanos recordar un caso en el que el “lawfare” tan denostado por su espacio político, las falsas acusaciones y los vueltos políticos se reúnen: la denuncia que pesa sobre Federico Nievas Congett, referente del Peronismo Militante de La Plata.

Usted recuerda el caso y seguramente ha leído el expediente: Federico tiene sexo concertado con una militante de su organización que un año después “recuerda” que ha tomado de más y que entonces se considera “violada”. Que haya estado en compañía de Congett por lo menos dos veces más sin una gota de alcohol, se salva fácil: alega que no pudo sustraerse a la autoridad de su referente.

Para culpabilizar a Congett, el “lawfare” operó presentando la noticia tres días antes de un 8 de marzo, para luego proceder a la denuncia formal. Medios como “El Cohete a la luna” titularon la noticia con el incontrastable titular “El compañero violador” donde, curiosamente, se recogen las palabras de la denunciante diciendo que le pidió a su “agresor” que se colocara un preservativo, cosa que el sujeto hizo sin dudar. Este testimonio tan público luego será desestimado en la causa, pero eso no viene tan a cuento, como el refuerzo del “lawfare” que tiempo después hará la periodista Cynthia García en una nota de similar impacto amarillista “Si te violan, te jodés”, con la que se reprocha a las autoridades judiciales su demora en resolver la causa.

Creo que estos detalles sobre el caso Congett son conocidos por la señora ministra, porque la querella contra este varón la firma una tal Elizabeth Gómez Alcorta.

De este tenor, en el que se combina “lawfare”, “escrache” y espíritu de horda para proceder a linchamientos, son las acusaciones vertidas sobre varones como Juan Matías Bongiovanni, Lucas Puig, Luis Rodríguez, Emanuel S., Nico Echeveste, Juan Martín Rosso, Emanuel Gómez, Thomás Pérez Ruiz o Agustín Muñoz, condenados o muertos por esta cultura tanática impuesta en nombre de la igualdad. Faltan aquí miles de nombres, por ahora anónimos, hasta que las redes vinculares, las marchas, las presentaciones en la justicia pongan sobre el tapete este estado de cosas.

Paradójicamente, quienes se mueven bajo el lema “Nosotras X Ellos” son mujeres, madres, hermanas y esposas, que lo hacen con la piedad que no tienen los organismos de DDHH y con el coraje que aún no dispone una sociedad anestesiada por presupuestos ideológicos generosamente financiados.

No se preocupe, señora ministra, tarde o temprano, eso ocurrirá. Por ahora le pedimos que tome nota. Este escriba que asume en su investigación las voces de estos miles, de ahí el uso del plural, se despide citando una célebre carta abierta para decirle que toda esta información, este análisis y estas revelaciones se hacen sin la esperanza de ser escuchados, con la certeza de ser estigmatizados y perseguidos, pero con la convicción de dar testimonio en estos tiempos difíciles iniciando una lucha a la que invitamos a todo el pueblo argentino.

CARLOS BALMACEDA

DNI 16275273