Por Marta Arce
La asociación SOS Rural ha advertido del “daño irreparable” que supondrá la tala masiva de 100.000 olivos expropiados en Andalucía para construir una megaplanta fotovoltaica. El movimiento ciudadano en defensa del mundo rural se ha hecho eco del “drama” que están viviendo los agricultores del Valle del Guadalquivir, “coaccionados” para llegar a un acuerdo con las empresas promotoras ante el riesgo de expropiación.
Los agricultores y vecinos del valle del Guadalquivir denuncian que “las empresas promotoras están recurriendo a la fragmentación artificiosa de los proyectos fotovoltaicos, rebajando de manera engañosa la potencia producida por cada planta por debajo de los 50 megavatios para eludir controles más exigentes de las administraciones”, señala el comunicado publicado por SOS Rural, Plataforma Campiña Norte de Jaén y la Plataforma Stop Megaplantas Solares Alto Guadalquivir.
Además, “la mayoría de los agricultores se ven coaccionados a llegar a un acuerdo con las empresas promotoras, ya que es más ventajoso en términos económicos que la expropiación facilitada por la ley del sector eléctrico”, señalan.
“¿Es justificable que la Administración Estatal o Autonómica expropie terrenos privados donde se producen alimentos para beneficio de empresas privadas? ¿A quién benefician las plantas solares? ¿A la ciudadanía y a los vecinos o a un fondo de inversión con sede en terceros países?” se preguntan y piden que haya una ordenación del territorio para que no desaparezca el modo de vida de una comarca entera. “No se puede hacer una transición verde eliminando lo verde”, sentencian.
La instalación solar proyectada se sitúa entre los términos municipales de las poblaciones de Lopera, Arjona y Marmolejo, en la provincia de Jaén, en concreto 5 plantas con capacidad de 254,98 MW y una extensión de 895 hectáreas. Este proyecto, denuncian, “arrasará un olivar en plena producción de 100.000 olivos”.
“En estos momentos existen, entre proyecto y ejecución, 18 plantas más en la comarca de la Campiña Norte de Jaén, por lo que estaríamos hablando de una capacidad aproximada de 1 GW más, lo que supondría 3.222 hectáreas más y 320.000 olivos arrasados más. Estos olivares llevan plantados varias generaciones y supone la base de la economía familiar de muchas familias de la zona afectada”, señalan.
SOS Rural alerta de que según informe elaborado por la Cooperativa Local La Loperana, cada 500 hectáreas arrasadas suponen unas pérdidas en rentas por producción de aceite de 2 millones de euros y 900.000 euros en jornadas de trabajo. “Pensar que familias de agricultores que llevan generaciones viviendo de sus olivos no tengan ningún poder de decisión sobre su medio de vida, es simplemente inaceptable y propio de países bananeros”, denuncia SOS Rural.
SOS Rural lleva tiempo advirtiendo que “la proliferación sin control ni orden de megaplantas en tierras de cultivo supone una amenaza para la población del medio rural, así como para el medio natural, que se ve alterado drásticamente de una forma irreversible”.
Además, el movimiento ciudadano rural recuerda que, “sin un marco normativo especifico que proteja las tierras de cultivo, España corre el riesgo de pasar de ser dependiente energéticamente a ser dependiente también alimentariamente”.
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