El Tribunal Supremo español (TS) rechazó aplicar la amnistía al delito de malversación que atribuye al expresidente catalán, Carles Puigdemont, y a dos exconsellers y ha acordado mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos.
El juez Pablo Llarena mantiene las órdenes nacionales de detención del expresidente de la Generalitat y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Por su parte, la Sala Penal del Supremo no archiva la ejecutoria que inhabilita, hasta los años 2030 y 2031, a Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
El alto tribunal consideró a los responsables del proceso independentista ilegal catalán de 2017, que obtuvieron un beneficio personal al sufragar el referéndum de ‘autodeterminación’ con fondos públicos, y eso afectó “potencialmente” a los intereses financieros de la Unión Europea (UE).
Llarena argumentó que los encausados “concibieron el plan para lograr la independencia de Cataluña y adoptaron un acuerdo de gobierno que firmaron todos ellos para asumir determinadas facturas desde sus departamentos”, por lo que “los actos de disposición del patrimonio de la Administración estuvieron radicalmente vinculados a un beneficio personal y tuvieron un marcado carácter patrimonial, habiendo permitido que los encausados obtuvieran determinados bienes y servicios sin disminución de su peculio o patrimonio”. La malversación -defiende- se llevó a cabo ‘en beneficio personal y para rendir en los encausados un provecho de carácter patrimonial'”.
Y agregó: Fueron ellos “quienes, además, endosaron sus gastos a la Administración Autonómica, sin que la iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público. Y lo hicieron aprovechando sus responsabilidades en la Generalitat (…) para no tener que atender ellos el coste inherente a sus iniciativas personales, una vez que el Tribunal Constitucional había declarado nulas las previsiones presupuestarias sobre el referéndum”.
El partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ya advirtió que presentará un incidente de nulidad contra la resolución del Tribunal Supremo sobre la amnistía y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ya que tituló el fallo de “surrealista” y “un intento claro de saltarse la ley”.
