La grave desfinanciación del Estado nacional bajo la gestión de Javier Milei, conocida popularmente como «motosierra», ha sido señalada como uno de los principales factores que agravaron los incendios forestales que afectan actualmente a la Patagonia, especialmente en Chubut (donde ya se han consumido 35.000 hectáreas) y áreas protegidas como el Parque Nacional Los Alerces. Tres decisiones clave del gobierno contribuyeron a debilitar la capacidad de prevención y respuesta ante estas emergencias:
1- Recortes históricos en el presupuesto de la Administración de Parques Nacionales
El organismo responsable de la gestión de los parques nacionales y la coordinación de brigadistas sufrió una poda drástica de recursos. En 2025 se registró una reducción real del 68,9% respecto de 2023, y para 2026 el presupuesto apenas creció un 0,08%, lo que implica una caída del 28,5% en términos reales. El presupuesto asignado para este año es de 111.459 millones de pesos. Esta desfinanciación limitó la operatividad en terreno: en el caso del incendio en Los Alerces, solo se desplegaron 30 brigadistas, sin recurrir a guardaparques especializados disponibles, lo que demoró la contención de focos detectados con retraso. Además, el gobierno designó al frente del organismo a Sergio Martín Álvarez, un arquitecto sin experiencia en conservación natural ni manejo de áreas protegidas, quien no objetó los ajustes y fue denunciado por negligencia por cámaras empresarias patagónicas.
2- Disolución del Fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego
Una de las medidas más criticadas fue la eliminación de este fideicomiso específico, que garantizaba recursos directos y estables para el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Los fondos fueron transferidos al Ministerio de Seguridad (durante la gestión de Patricia Bullrich), rompiendo la lógica de financiamiento dedicado y dejando al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) sin una fuente autónoma. Organizaciones ambientalistas y brigadistas denunciaron que esta decisión, sumada a subejecuciones previas (22% en 2024 y 25% en 2025), redujo drásticamente la capacidad preventiva y operativa.
3- Abandono del proyecto Comando Unificado para la Patagonia
El gobierno discontinuó un sistema de coordinación regional avanzado en un 80% durante la gestión anterior, que involucraba a las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. El proyecto incluía tecnología de punta: cámaras de detección temprana desarrolladas por INVAP, avión observador con sensores infrarrojos, camiones cisterna, maquinaria vial y drones para monitoreo aéreo. Al retirar el financiamiento nacional, las provincias quedaron obligadas a costearlo con recursos propios, lo que impidió su implementación plena y debilitó la respuesta coordinada ante incendios de gran escala.
Estos recortes se enmarcan en la política de ajuste fiscal impulsada por Milei, que priorizó la reducción del gasto público para poder afrontar los pagos de deuda externa y afectó particularmente áreas consideradas «no esenciales» por el gobierno. Organizaciones ambientalistas y brigadistas han alertado que la caída en el presupuesto del SNMF para 2026 alcanza hasta un 78,5% en términos reales respecto de años previos, con menos horas de vuelo programadas, menos informes de alerta temprana y menor capacidad de prevención.
Mientras los focos siguen activos y miles de hectáreas han sido arrasadas, crecen los reclamos por la falta de recursos y la demora en respuestas efectivas. Brigadistas trabajan en condiciones críticas, sin pago de horas extras ni refuerzos adecuados, y varios sectores patagónicos exigen la declaración de emergencia para revertir el desfinanciamiento estructural que, según críticos, convirtió una emergencia controlable en una catástrofe de mayores proporciones.
