Por Juan Manuel de Prada
Después de que los diputados a las órdenes del errabundo Puigdemont anunciasen que presentarán enmiendas a todos los proyectos de ley que se están tramitando en el Parlamento, así como a los que el Consejo de Ministros apruebe a partir de ahora, el constitucionalismo chorlito ha empezado a cacarear que la legislatura está acabada; y que, por lo tanto, el doctor Sánchez tendrá necesariamente que convocar elecciones. Como exhibición de pensamiento ilusorio o desiderativo tiene, desde luego, su gracia; pero por lo demás, resulta una conclusión por completo grotesca.
Habría que empezar señalando que el anuncio de los diputados a las órdenes del errabundo Puigdemont es pura tramoya teatral, como quedó probado cuando, a renglón seguido, aclararon que, «excepcionalmente», apoyarán la convalidación pendiente del decreto-ley de ayudas a los enfermos de ELA. De donde se infiere que, «excepcionalmente», podrán también apoyar otros proyectos de ley en el Congreso, o convalidar otros decretos en el Senado, siempre que les convenga; o, expresado en la jerga que emplean los diputados a las órdenes del errabundo Puigdemont, siempre que «beneficien a Cataluña» (donde Cataluña debe interpretarse, por lo general, como sinécdoque abusiva del errabundo Puigdemont). Ocurre, simplemente, que el doctor Sánchez y sus mariachis tendrán que olvidarse por el momento de la ley con la que pretendían blindar a la catedrática Begoñísima, o de la ley impulsada por el ministro Buñuelos para convertir a los jueces en bedeles de los fiscales.
En realidad, los diputados a las órdenes del errabundo Puigdemont no han hecho otra cosa sino escenificar de un modo un tanto histriónico que el doctor Sánchez y sus mariachis no podrán contar con su apoyo, mientras el chiringuito llamado Tribunal Constitucional no decrete la amnistía de su capitoste; es decir, lo urgen a abreviar los trámites y requilorios del paripé, condenándolo entretanto a la parálisis legislativa. En este sentido, hay que reconocer que el errabundo Pigdemont, buscando descarnadamente el «beneficio para Cataluña» (o sea, el beneficio propio), impide la aprobación de leyes muy dañinas y chanchulleras. Así vuelve a probarse que Dios escribe recto con renglones torcidos; y también que personas con intenciones aviesas o egoístas pueden actuar sin pretenderlo como instrumentos de acciones honradas y generosas.
Pero falta por determinar si esa parálisis legislativa que propician los diputados a las órdenes del errabundo Puigdemont da la puntilla a la legislatura y obliga al doctor Sánchez a convocar elecciones. Habría que empezar por señalar que, bajo el Régimen del 78, nunca el ‘bloqueo institucional’ ha sido causa de pérdida de legitimidad para ningún Gobierno, sino más bien el humus fecundo que garantiza el sostenimiento del propio Régimen. Así lo prueba el método matemático elegido para el reparto de escaños en el Parlamento, que propicia que los partidos minoritarios puedan provocar estos ‘bloqueos’, generando ‘consensos’ fundados en el chantaje. Por otro lado, sorprende que el constitucionalismo chorlito, que nunca para de invocar la sacrosanta división de poderes, pretenda que el poder ejecutivo queda deslegitimado si no puede imponer su voluntad sobre el poder legislativo. La función del poder ejecutivo no es otra sino gobernar, aplicando las leyes que aprueban los representantes en Cortes, independientemente de que sean las leyes impulsadas por el poder ejecutivo o por la oposición; y cuando ninguna se puede aprobar, se gobierna aplicando las leyes vigentes. Pero como en el Régimen del 78 no existe verdadera representación política, se concluye desquiciadamente que un Gobierno que no logra manejar el poder legislativo ha perdido su ‘legitimidad’. ¡Curiosa interpretación del sacrosanto principio de división de poderes!
Pero, dejando a un lado estas consideraciones de teoría política, el doctor Sánchez ha señalado en diversas ocasiones que puede seguir gobernando sin presupuestos y sin actividad parlamentaria; en lo que tiene más razón que un santo (aunque sea un santo bajado del cielo a pedradas), pues el bodrio constitucional nada previene contra este tipo de ‘bloqueos’. El doctor Sánchez no tiene ninguna otra ideología que no sea perpetuarse en el poder (disfrutando de sus opíparas ventajas y blindajes, para él y su familia); todo lo demás se la trae absolutamente al pairo. Este ‘bloqueo institucional’, además, puede ser la gran oportunidad que necesitaba, ahora que la tendencia electoral parece resultarle adversa; pues podrá, por un lado, aparcar definitivamente cuestiones que suponían gran desgaste, como la elaboración de unos presupuestos, y consagrarse en cambio (con la ayuda de su legión de asesores maquiavélicos) a urdir proyectos de ley por completo quiméricos, puros brindis progresistas al sol que una y otra vez serán rechazados en el Parlamento. Así, el doctor Sánchez podrá presentar leyes delirantes –pongamos por caso– que regalen pisos a quienes carezcan de vivienda en propiedad, o que declaren exenciones en el pago de impuestos a las masas cretinizadas, o cualquier otra ocurrencia demagógica que se le ocurra, presentando luego el rechazo de estos proyectos de leyes progresistas como una confabulación de las fuerzas del mal. Y convocará elecciones cuando los sucesivos rechazos de esas fuerzas del mal confabuladas le auguren que pueda ganarlas, no hasta entonces.
Este ‘bloqueo institucional’, en fin, puede ser una magnífica oportunidad para el doctor Sánchez y sus mariachis.
