La responsabilidad de los gobernantes en el conflicto ucraniano‎ – Por Thierry Meyssan

Por Thierry Meyssan

Al conmemorar el primer año del enfrentamiento militar este-oeste en Ucrania, los gobernantes ‎occidentales tratan de convencer a sus gobernados de que están «del lado correcto de la ‎Historia» y de que su victoria es «inevitable». ‎

Eso no es sorprendente. Es normal que los gobiernos traten de justificar lo que hacen. ‎El problema es que, en este caso, están mintiendo por omisión y los comentarios son pura ‎propaganda. La distorsión de la realidad es tan grande que podemos preguntarnos si, a fin de ‎cuentas, los derrotados de la Segunda Guerra Mundial han logrado hacerse con el poder en Kiev. ‎

«LA GUERRA ILEGAL, INJUSTIFICADA Y NO PROVOCADA DE RUSIA»

‎Todas las declaraciones occidentales nos dicen que Occidente condena la «guerra ilegal, ‎injustificable y no provocada de Rusia». [1]. Los hechos demuestran que eso es falso. ‎

Dejemos de lado la calificación de «injustificable» que nos remite a un posicionamiento moral ‎indecente. Las guerras no son fruto de alguna falta sino de un fracaso. Analicemos más bien la ‎calificación de «no provocada». ‎

Según la diplomacia rusa, el problema comenzó con la operación que Estados Unidos y Canadá ‎orquestaron en 2014 y el derrocamiento del presidente ucraniano democráticamente electo ‎Viktor Yanukovich, lo cual fue una violación de la soberanía de Ucrania y, por ende, una ‎violación de la Carta de la ONU. Hoy en día, es innegable que el gobierno de Estados Unidos ‎tuvo un papel determinante en aquella llamada «revolución de la dignidad» ya que la ‎subsecretaria de Estado Victoria Nuland –que en aquella época se ocupaba de Europa y Eurasia– ‎se mostró públicamente y en múltiples ocasiones junto a los golpistas. ‎

Según la diplomacia china –que acaba de publicar dos documentos sobre ese tema–, la primera ‎violación de la soberanía de Ucrania y de la Carta de la ONU ni siquiera fue en 2014 sino ‎en 2004, con la «revolución naranja»… igualmente organizada por Estados Unidos. Si Rusia ‎no menciona aquel primer episodio es porque también tuvo alguna participación, lo cual ‎no sucedió en 2014. ‎

La opinión pública occidental está tan acostumbrada a ver a Estados Unidos manipular multitudes y ‎derrocar gobiernos que ya no tiene conciencia de la gravedad de esos hechos. Desde ‎el derrocamiento de Mossadegh –en Iran, en 1953– hasta el del presidente armenio Serge ‎Sarkissian, en 2018, la opinión occidental se ha acostumbrado a ver «cambios de régimen» con uso de la ‎fuerza. Lo importante ni siquiera es que los dirigentes derrocados hayan realizado actos positivos ‎o negativos. Lo que sí resulta inadmisible es que su derrocamiento sea organizado por una potencia ‎extranjera, que sólo esconde su accionar utilizando como peones a pequeños grupos de ‎opositores locales. Aun sin intervención militar, en realidad se trata de actos de guerra.‎

En cuanto a Ucrania, los hechos están ahí. La guerra en Ucrania fue provocada por las ‎violaciones de la soberanía ucraniana orquestadas en 2004 y en 2014, seguidas de 8 años de ‎guerra civil. ‎

Es importante recordar que en Derecho Internacional la guerra no es ilegal. La Carta de la ONU ‎no prohíbe recurrir a la guerra. El Consejo de Seguridad de la ONU incluso puede declarar ‎guerras (ver los artículos desde el 39 al 51). La particularidad del caso que nos ocupa es que los ‎miembros permanentes del Consejo están enfrentándose en la guerra de Ucrania. ‎

Rusia estuvo entre los países que firmaron los Acuerdos de Minsk, que debían poner fin a la guerra ‎civil. Pero, los dirigentes rusos no son tontos y pronto entendieron que Occidente no quería paz ‎sino guerra en Ucrania. Así que, 5 días después de la firma de los Acuerdos de Minsk, Moscú ‎hizo que el Consejo de Seguridad de la ONU les diera su aval mediante la adopción de la ‎resolución 2202. También obligó al oligarca Konstantin Malofeyev a retirar los hombres que había ‎enviado al Donbass e hizo que se agregara a la resolución 2202 del Consejo de Seguridad un ‎anexo donde los presidentes de Francia, de Ucrania y de Rusia y la canciller alemana se hacían ‎garantes de la aplicación de los Acuerdos firmados. Las firmas de aquellos dirigentes ‎comprometían a sus países respectivos. ‎

Sin embargo: ‎
‎• El entonces presidente ucraniano Petro Porochenko declaró, a los pocos días, que no tenía ‎intenciones de ceder absolutamente nada sino que, al contrario, castigaría a los pobladores del ‎Donbass.‎
‎• La hoy ex canciller alemana Angela Merkel declaró hace poco al diario Die Zeit que al firmar ‎los Acuerdos de Minsk sólo quería ganar tiempo para que la OTAN pudiera armar al gobierno de ‎Kiev [2]. Incluso, creyendo que ‎hablaba con el ex presidente Porochenko, Merkel precisó lo que había querido decir en sus ‎declaraciones a Die Zeit. ‎
‎• El hoy ex presidente francés Francois Hollande confirmó después a la publicación Kyiv ‎Independent lo que ya había dicho la señora Merkel [3]. ‎
‎• El 24 de febrero de 2022, Rusia, el único firmante serio, inició una operación militar especial en ‎virtud de su «responsabilidad de proteger» a la población del Donbass. Calificar la intervención ‎rusa como «ilegal» sería como decir, por ejemplo, que la intervención de Francia durante el ‎genocidio en Ruanda también fue ilegal y que había que permitir que continuara la masacre. ‎

Los correos electrónicos de Vladislav Surkov, el consejero especial del presidente ruso Vladimir ‎Putin –revelados por la parte ucraniana– en realidad confirman todo ese proceso. Durante los ‎años posteriores a la firma de los Acuerdos de Minsk, Rusia ayudó las poblaciones de las ‎Repúblicas ucranianas del Donbass a prepararse intelectualmente para la independencia. Fue una ‎injerencia ilegal… pero era la respuesta a la injerencia, igualmente ilegal, de Estados Unidos, país ‎que no armaba a Ucrania sino a los nacionalistas integristas ucranianos. La guerra ya había ‎comenzado, pero sólo entre ucranianos. Esa guerra civil costó 20 000 vidas en 8 años. Occidente ‎y Rusia ya intervenían pero sólo indirectamente. ‎

Es importante entender que cuando fingían negociar la paz, Angela Merkel y Francois Hollande ‎estaban cometiendo el peor de los crímenes. Según el Tribunal de Nuremberg, los «crímenes ‎contra la paz» son aún más graves que los crímenes «contra la Humanidad». ¿Por qué? Porque ‎los «crímenes contra la paz» no son la causa de tal o más cual masacre sino la causa de la ‎guerra misma. Es por eso que el presidente del parlamento ruso, Viacheslav Volodin, ha ‎solicitado que se convoque un nuevo Tribunal de Nuremberg para juzgar a Angela Merkel y a Francois Hollande [4]. Ese llamado, que ‎nos muestra el abismo que separa las dos percepciones del conflicto, no ha sido mencionado en ‎la prensa occidental.‎

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) estimó, el 16 de marzo de 2022, que «La Federación Rusa ‎debe suspender inmediatamente las operaciones militares que inició el 24 de febrero de 2022 en el ‎territorio de Ucrania» (réf: A/77/4, párrafos del 189 al 197). Moscú no obedeció, estimando que ‎la CIJ no había sido interrogada sobre la operación militar tendiente a proteger la población ‎ucraniana sino sobre la exigencia de un genocidio perpetrado por Kiev contra su propia población. ‎

Por su parte, la Asamblea General de la ONU ha adoptado varias resoluciones –la más reciente es ‎la A/ES-11/L.7, del 23 de febrero de 2023. Ese texto «Exige nuevamente que la Federación Rusa ‎retire inmediatamente, completamente y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio ‎ucraniano en el interior de las fronteras internacionalmente reconocidas del país y llama a un cese ‎de las hostilidades». ‎

Pero ninguno de esos textos dice que la intervención rusa sea «ilegal». Ordenan o exigen que el ‎ejército ruso se retire. De los 193 Estados miembros de la ONU, 141 estiman que Rusia debe cesar ‎su intervención. Algunos la creen ilegal. Pero la mayor parte estiman que «ya no es necesaria» y ‎que implica sufrimientos innecesarios, lo cual no es lo mismo. ‎

El punto de vista de los Estados es diferente al de los juristas. El Derecho Internacional sólo puede ‎sancionar lo que ya existe. Los Estados deben proteger a sus ciudadanos de los conflictos ‎en preparación, y deben hacerlo antes de que sea demasiado tarde. ‎

Es por eso que, a pesar de la exhortación de la Asamblea General de la ONU, Moscú no ha ‎retirado sus tropas del campo de batalla. Moscú vio, durante 8 años, como la OTAN armaba ‎al gobierno de Kiev, vio como la alianza atlántica preparaba la guerra. Moscú también sabe que ‎el Pentágono está preparando un “segundo round” en Transnistria [5] y tiene que proteger a su población ante esa segunda operación. ‎

De la misma manera que escogió antes la fecha de su intervención en Ucrania, a partir de ‎informes que alertaban sobre un ataque inminente de Kiev contra la población del Donbass, ‎información que se confirmó sólo después de la intervención [6], Moscú decide ahora liberar toda la ‎Novorossiya, incluyendo Odesa. Mientras no aparezcan las pruebas que demuestran las ‎maniobras de Occidente, esa opción es jurídicamente inaceptable. Pero la responsabilidad de los ‎dirigentes rusos ante la población ya la hace necesaria. ‎

Es evidente que los observadores perciben esa diferencia de puntos de vista. Estimar que la ‎intervención rusa ya no es necesaria no es lo mismo que ponerse del lado de Occidente. ‎Es por eso que de los 191 Estados miembros de la ONU sólo 39 participan en las “sanciones” y ‎envían armas al gobierno de Kiev. ‎

“‎UCRANIA ES UNA «DEMOCRACIA»”

Los dirigentes occidentales también afirman que Ucrania es una «democracia». Además de que ‎esa palabra deja de tener sentido en una época en que la clase media está en peligro de extinción ‎mientras que la diferencia entre los distintos sectores de la población en materia de ingresos se ha ‎hecho más importante que en cualquier otro momento de la Historia de la humanidad –lo cual ‎nos aleja de la tan cacareada “igualdad de derechos”–, el hecho es que Ucrania es cualquier cosa ‎menos una «democracia».‎

Ucrania tiene hoy la Constitución más racista del mundo. Su artículo 16 estipula que «Preservar el ‎patrimonio genético del pueblo ucraniano es responsabilidad del Estado». Ese punto específico de ‎la Constitución ucraniana fue redactado por Slava Stetsko, la viuda del primer ministro que ‎los nazis impusieron a los ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial. ‎

Aquí tenemos un tema tan delicado que Occidente prefiere evitarlo. Al menos desde 1994, los ‎nacionalistas integristas ucranianos (no confundirlos con aquellos a quienes se suele llamar ‎simplemente «nacionalistas»), o sea los individuos que se identifican con la ideología de Dimitro ‎Dontsov y con los crímenes de Stepan Bandera, ejercen altas funciones en el seno del Estado ‎ucraniano [7]. ‎

De hecho, esa ideología se radicalizó con el paso del tiempo. En la Primera Guerra Mundial ‎no tenía el sentido que tuvo después, durante la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que ‎a partir de 1942, Dimitro Dontsov estuvo entre los individuos que concibieron la «solución final ‎de las cuestiones judía y gitana». Dimitro Dontsov fue administrador del Instituto Reinhard ‎Heydrich de Praga, órgano del III Reich que se encargó de asesinar millones de personas debido a ‎su origen étnico. ‎

Por su parte, Stepan Bandera fue el jefe militar de los nazis ucranianos y dirigió numerosos ‎pogromos y masacres masivas. Sus sucesores de hoy afirman que Bandera estuvo internado en ‎un campo de concentración, lo cual es falso –sólo estuvo bajo prisión domiciliaria en un suburbio ‎de Berlín, en la sede de la administración de los campos de concentración. En definitiva, al final ‎de la Segunda Guerra Mundial Stepan Bandera dirigía las tropas ucranianas, bajo las órdenes ‎directas de Hitler. ‎

Un año después del inicio de la intervención militar rusa, los símbolos de los nacionalistas ‎integristas pueden verse por toda Ucrania. El periodista de Forward, Lev Golinkin, que comenzó ‎a hacer un inventario de los monumentos que existen en todo el mundo en memoria de ‎personajes implicados en los crímenes de los nazis, presentó una lista sorprendentemente larga ‎de los monumentos de ese tipo que encontró en Ucrania [8]. Golinkin subraya que casi todos esos monumentos erigidos en Ucrania ‎son posteriores al golpe de Estado de 2014.

Quienes aún creen que el origen judío del presidente Zelenski le impide celebrar a ‎los nazis deberían saber que hace sólo dos semanas, Zelenski entregó a la 10ª Brigada de Asalto de Montaña ucraniana el «título honorífico ‎‎“Edelweiss”», en evidente referencia a la ‎‎1ª División de Montaña nazi –denominada Edelweiss– que «liberó» Kiev, Stalino, los pasos del ‎Dnieper y Jarkov [9].‎

Son muy pocas las personalidades occidentales que han tenido en cuenta las denuncias emitidas ‎en ese sentido por el presidente Vladimir Putin y su ministro de Exteriores Serguei Lavrov, a pesar ‎de que el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, y su ministro de Defensa, el general Benny ‎Gantz, subrayaron varias veces que Kiev debería aceptar las exigencias de Moscú, al menos ‎en cuanto a la destrucción de todos los símbolos nazis que florecen en Ucrania. Kiev sigue ‎rechazando ese reclamo. Y por eso Israel no ha enviado ningún tipo de armamento a los ‎sucesores contemporáneos de los asesinos de judíos. Eso pudiera cambiar ahora, bajo la coalición ‎gubernamental creada alrededor de Benyamin Netanyahu, quien es por cierto heredero de los ‎sionistas revisionistas de Lev Jabotinsky, que se aliaron con los nacionalistas integristas ‎ucranianos en contra de los soviéticos. ‎

La política actual del gobierno de Volodimir Zelenski resulta incomprensible. Por un lado ‎funcionan las instituciones democráticas, pero al mismo tiempo en Ucrania no sólo se celebra a ‎los nacionalistas integristas sino que además se prohíben los partidos políticos de oposición y la ‎iglesia ortodoxa vinculada al Patriarcado de Moscú, se destruyen millones de libros escritos o ‎impresos en Rusia, se catologa a 6 millones de ucranianos como «colaboradores del invasor ‎ruso» y se asesina a las personalidades que los apoyan. ‎