Medidas climáticas, desindustrialización de España y beneficios para China

Por Eduardo Arriero

España emite al año 254 millones de toneladas de CO2 frente al caso de China en el que la cifra asciende a más de 12.670 millones de toneladas y que va en aumento año a año. Además, por habitante, en nuestro país las emisiones per cápita no llegan a más de 5,48 toneladas, mientras el país asiático tiene una cifra un 60% superior, alcanzando las 8,85 toneladas.

Asimismo, los datos de España también están lejos del resto de países desarrollados: Finlandia (6,64 toneladas), Noruega (7,62 toneladas), Alemania (8,16 toneladas), Japón (8,61 toneladas), Rusia (13,31 toneladas), EEUU (14,44 toneladas), Australia (15,12 toneladas), Canadá (15,22 toneladas), Arabia Saudita (16,98 toneladas).

No obstante, con el objetivo de ser aún más verdes, España cuenta con no pocos impuestos ambientales: sobre hidrocarburos, sobre la electricidad, sobre el valor de producción de energía eléctrica, sobre la utilización de aguas continentales para producir energía eléctrica, sobre determinados medios de transporte, etc. En consecuencia, todos ellos encarecen sustancialmente el día a día de ciudadanos y empresas.

A esto se suma a los derechos de emisión de CO2. Por normativa europea, se impone a toda actividad la obligación de adquirir derechos de emisión de CO2 para poder desempeñar cualquier actividad que produzca gas. De esta manera, puesto que el gas es quien determina el precio de la energía en España, en la práctica estos «derechos» actúan como un impuesto que encarece aun más la factura de la luz, un sistema que entrará en vigor en el territorio español en 2025.

Por lo tanto, como se puede apreciar en la Evolución del Índice de Emisiones de CO2 y la Evolución del Índice de Producción Industrial, la entrada en vigor de este sistema coincide con el descenso de las emisiones de CO2 y, a su vez, la desindustrialización de España. En este sentido, la correlación es clara.

En 2020, la Unión Europea aprobó el Pacto Verde Europeo, un conjunto de propuestas para adaptar las políticas de clima, energía, transporte y fiscalidad al objetivo de reducir drásticamente las emisiones de CO2. Sin embargo, en la práctica, todas estas medidas no han tenido el efecto esperado.

Pese a los esfuerzos de países como España, en los que las emisiones eran de por sí ínfimas, las emisiones globales de CO2 no paran de crecer. El incremento en el consumo de carbón por parte de China supera con creces el descenso en el resto del mundo, lo que demuestra que las reglas del juego no son iguales para todos.

Al mismo tiempo, China es, con diferencia, el mayor proveedor de productos esenciales para la «transición energética» de los países europeos: paneles solares, biocombustibles y turbinas eólicas. En total, se embolsa anualmente 20.800 millones de euros sólo con estos tres productos. A efectos comparativos, la cifra equivale a casi el doble de nuestro presupuesto anual en infraestructuras.

En este sentido, mientras China se aprovecha de todo esto, España se desindustrializa. Desde 2008 el sector ha perdido un 30% de sus empresas, la producción está estancada en niveles de 1995 y el empleo industrial está en mínimos históricos.