Miles de ciudadanos firman petición en apoyo al campo y contra del Pacto Verde europeo

Por Rebeca Crespo

El think tank polaco Ordo Luris ha lanzado una petición en apoyo al campo y en contra del Pacto Verde aprobado por Bruselas para, ahora que se celebran elecciones al Parlamento Europeo, intentar ejercer presión sobre los partidos que votaron a favor de esta norma.

La petición, a la que se puede acceder en la web stopgreendeal.org, recoge un manifiesto en el que se recuerda que los Tratados de la Unión Europea (UE) establecen que el bloque comunitario trabajará a favor del desarrollo sostenible de los países que lo integran.

«El apartado 3 del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (UE) establece que la Unión Europea ‘obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de precios, en una economía social de mercado altamente competitiva’», detalla Ordo Luris.

Además, recuerdan que, en conformidad con las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la UE, se aplica una Política Agrícola Común (PAC) que tiene por objeto, entre otras cosas, garantizar «un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en particular mediante el aumento de la renta individual de las personas que trabajan en la agricultura». Para ello, la UE declara que, al dictar la Política Agrícola Común, se tiene en cuenta «la naturaleza particular de la economía agrícola, derivada de la estructura social de la agricultura y de las diferencias estructurales y naturales entre las distintas regiones agrícolas».

Para el think tank polaco, estos principios, que han sido aceptados por los Estados miembros de la UE, han sido vulnerados por la aplicación de las «exigencias radicales del Pacto Verde Europeo«.

La petición de Ordo Luris va en la línea de las cientos de protestas que han tenido lugar durante los últimos meses en varios países de Europa y en las que los agricultores no luchan sólo por sus intereses, sino también por sus derechos, en conformidad con las normas recogidas en los Tratados.

Por todo ello, la reclamación, que ya ha sido firmada por casi 6.000 personas, exige a a los jefes de Gobierno de todos los Estados miembros de la UE «que den una respuesta firme y concreta, destinada a resolver los problemas de los agricultores y ciudadanos europeos».

Garantizar el derecho a manifestación y la puesta en libertad de los agricultores detenidos

El think tank pide además que se garantice a los manifestantes el derechos de libertad de reunión y de libertad de protesta, sin restricciones. Se exige también la puesta en libertad de los agricultores detenidos durante las protestas legítimas y el cese de los procedimientos penales.

Así como la convocatoria de una Cumbre de la UE dedicada a las demandas formuladas por los agricultores manifestantes. «Exigimos el fin de los falsos instrumentos de diálogo sectorial, un ejemplo de los cuales es el Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura en la UE iniciado por la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado enero», explican.

Restricciones para alimentos procedentes de fuera del bloque

La petición exige la aplicación de restricciones razonables a las importaciones de alimentos procedentes de fuera del bloque comunitario, «en base a indicadores cuantitativos y cualitativos concretos».

Y, sobre todo, ponen el foco en la adopción de decisiones por parte del Consejo Europeo que reviertan la aplicación de los distintos elementos contemplados en el Pacto Verde Europeo, «que perjudican la competitividad de la agricultura, alterando negativamente tanto la productividad europea como su capacidad para alimentar a la población de Europa».

«Las exigencias ideológicas de la UE no sólo conducen a una pérdida de competitividad de la producción agrícola europea, sino que también amenazan la propia existencia de la agricultura europea, socavando así la seguridad alimentaria de los distintos Estados miembros y de la Comunidad en su conjunto», precisa el texto de la petición.

Por último, añaden la solicitud de descartar el barbecho obligatorio de las tierras agrícolas y la previa consulta de las nuevas directrices de la Política Agrícola Común con los agricultores.