Perú: Pedro Castillo detenido, asumió Dina Boluarte, referente de la “izquierda caviar” aliada a Davos

Dina Boluarte, referente de la “izquierda caviar” del país, asumió la máxima autoridad del Perú tras la destitución de Pedro Castillo. Boluarte, han señalado fuentes políticas, completará el mandato hasta julio del 2026. En su primer discurso al país, la abogada de 60 años señaló: “Se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por Pedro Castillo que no encontró eco“.

Boluarte viene de ejercer la vicepresidencia y el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cargo con el que participó en mayo de este año en el Foro de Davos, donde invitó al poder económico global a confiar en el Perú: “Quiero reiterar a la comunidad empresarial que el Perú brinda confianza para poder invertir en el país”. Boluarte participó como panelista en la sesión sobre “El caso económico de la educación” y en la sesión sobre la Amazonía, denominada “Un nuevo camino para la Cuenca Amazónica”, un centro estratégico de sumo interés para la élite globalista del Foro Económico Mundial.

Boluarte junto a Klaus Schwab, fundador del Foro de Davos

“Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”, escribió en redes sociales. La exministra de Desarrollo e Inclusión Social publicó su mensaje en redes sociales poco después de que se publicara el mensaje a la Nación en el que Castillo anunció medidas como la disolución del Poder Legislativo.

El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, había asegurado en febrero de este año que el sector de la oposición “no quiere” al presidente de la República, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno y denunció que la “izquierda caviar” interna (en oposición al ala sindical del gobierno) estaba preparando a Dina Boluarte para que esta asuma el cargo en la presidencia. “Estarían preparando a Dina Boluarte para reemplazarlo”, había denunciado, y efectivamente, así ocurrió.

Boluarte nació el 31 de mayo de 1962 en Chalhuanca, Apurímac, Perú. Se graduó de abogada en la Universidad de San Martín de Porres e hizo estudios de posgrado en esta misma universidad. Trabajó como funcionaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) como abogada y jefa de una de sus oficinas, cargos que ocupó desde 2007 y en agosto de 2020 pidió una licencia para poder presentarse en las elecciones generales de ese año ya que su cargo era incompatible con las funciones en el Ejecutivo. Posteriormente renunció a su cargo de jefa encargada de la Oficina Registral Surco – Higuereta, que ocupaba desde 2015.

“En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un Gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de derecho y la democracia”, había anunciado el ex presidente.

De acuerdo con el ahora ex mandatario, la medida comprendía:

• Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un “gobierno de emergencia excepcional”.
• Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
• Se decreta toque de queda a nivel nacional desde las 22:00 horas hasta las 04:00 del día siguiente. La medida rige desde este miércoles.
• Se declara en reorganización al Sistema de Justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

“El Congreso ha destruido el estado de derecho, la democracia, la separación […] Modificando la Constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal”, expresó.

El Congreso de Perú aprobó este miércoles la vacancia del presidente Pedro Castillo por “incapacidad moral”, luego de que el mandatario declarara más temprano la disolución del parlamento, en medio de la crisis política que atraviesa el país. La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, quedará al frente del Ejecutivo.

La tercera moción de vacancia contra Castillo estaba prevista para ser debatida hoy, pero el sorpresivo anuncio del jefe de Estado apresuró la votación de la resolución sin intervenciones. La vacancia contó con 101 votos a favor, cuando se necesitaban 87, una cifra que la oposición previamente no alcanzaba, pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama.

El titular de la Mesa Directiva del Congreso, José Williams, consideró la medida de Castillo como un “golpe de Estado” a pocas horas del tratamiento de su posible destitución.

Las FFAA quitaron inmediatamente el respaldo, al enumerar las condiciones en las que el presidente podría cerrar el Congreso, las que no se daban, y afirmar que acatarían la Constitución. Minutos después, Castillo era detenido.

Comunicado No 001-2022-CCFFAA-PNP pic.twitter.com/M0GAA2uHah

— COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) December 7, 2022

“El señor Pedro Castillo, en abierta y flagrante violación de la Constitución ha anunciado una disolución el Poder Legislativo, pretendiendo declarar en reorganización la Fiscalía y el Poder Judicial, dos organismos constitucionalmente autónomos”, dijo Williams.

Y continuó: Frente a ello, en defensa del pueblo del Perú, de la Constitución del orden democrático, procederemos a tomar las decisiones de conformidad con el artículo 46 de la norma constitucional que establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones públicas en violación de la constitución y las leyes”.

Antes de la aprobación de la vacancia, la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y una decena de funcionarios del Ejecutivo, presentaron su renuncia.

Explica la analista María Sosa Mendoza: “A inicios de abril, Castillo enfrentó una de las situaciones más difíciles de su mandato: 18 regiones del país —once de ellas en donde había ganado de manera contundente en la segunda vuelta del 6 de junio de 2021— salieron a las calles a manifestarse en contra de su gestión. Las movilizaciones las había iniciado el gremio de transportistas de carga pesada durante los últimos días de marzo, en demanda de medidas efectivas para la reducción del precio del combustible. En pocos días, comuneros, agricultores pequeños y comerciantes ambulantes se unieron a las protestas. Estos grupos, además de sus demandas particulares, reclamaban por el alza del costo de los productos de primera necesidad. Lima se unió a las protestas el 5 de abril, día en el que el Poder Ejecutivo, al prever un estallido social inmanejable, decretó la «inamovilidad social obligatoria» para Lima y Callao. Existía un profundo contraste entre las protestas de las regiones y la de Lima. Mientras en la capital se pedía la renuncia del mandatario, en las regiones uno de los reclamos más escuchadas, además de pliegos de demandas locales, era que cumpliera sus compromisos electorales. A pesar de estas diferencias, lo cierto era que el descontento con el gobierno se volvía generalizado y Castillo perdía sus bases de apoyo”.