Según la estrategia de ‘rendición o hambre’, presentado recientemente a las autoridades israelíes por un grupo de generales retirados, se dará a los palestinos “una semana para abandonar el tercio norte del enclave”, incluida la ciudad de Gaza, antes de que sea declarada zona militar cerrada. Los civiles que no quieran o no puedan abandonar el área no solo serán privados de alimentos, agua y medicinas, sino que serán considerados combatientes y podrán ser asesinados por las tropas israelíes. En el área hay aproximadamente 500.000 ciudadanos palestinos.
Este plan israelí de genocidio planificado ha despertado las críticas incluso de sus aliados, así como de la ONU y organizaciones humanitarias.
Incluso el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, expresó su preocupación a su homónimo israelí, Yoav Gallant, en una llamada telefónica, por la terrible situación humanitaria en el norte de Gaza y enfatizó que se deben tomar medidas urgentes para abordarla. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró que Washington está en contra de cualquier plan que suponga una ocupación directa en Gaza.
Se prevé que Israel mantenga indefinidamente el control del norte de la Franja de Gaza con el fin de establecer una nueva administración sin Hamas, dividiendo al enclave palestino en dos partes.
En tanto, el coordinador humanitario de la ONU, Muhannad Hadi, denunció este domingo que los civiles del norte de Gaza están aislados de suministros y servicios esenciales para su supervivencia. “La presión sobre las más de 400.000 personas que permanecen en el norte de Gaza para que abandonen el territorio y se dirijan hacia el sur está aumentando”, subrayó.
En esa línea, grupos de derechos humanos denuncian que el plan israelí podría provocar la muerte por hambre de civiles y que contradice el derecho internacional, que prohíbe el uso de alimentos como arma y los traslados forzosos. Incluso una coalición de ONG israelíes instó el lunes a la comunidad internacional a actuar, señalando que “hay señales alarmantes de que el Ejército israelí está empezando a implementar silenciosamente” el plan. “Los Estados tienen la obligación de prevenir los crímenes de inanición y traslados forzosos”, indicaron.
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