Privatización de AySA y la sombra de Mekorot: Un riesgo para la soberanía hídrica de Argentina

Por Fausto Frank

El gobierno de Javier Milei ha iniciado el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que provee agua potable y saneamiento a Buenos Aires y su área metropolitana. Anunciada el 18 de julio de 2025 por el vocero presidencial Manuel Adorni, la medida contempla la transferencia del 90% de las acciones a manos privadas mediante una licitación pública, dejando el 10% restante a los empleados. Entre los interesados, destaca Mekorot, la compañía estatal de aguas de Israel, cuya posible incursión en Argentina despierta alarmas por su historial de violaciones a los derechos humanos y los riesgos para la soberanía nacional sobre un recurso estratégico como el agua. En rigor de verdad, de concretarse, no se trataría de una «privatización», ya que Mekorot es estatal, por lo que en realidad sería una transferencia de un bien estratégico de un Estado a otro.

Mekorot, conocida por su rol en la gestión hídrica en Israel, ha sido señalada por la ONU y organizaciones de DDHH por practicar un “apartheid del agua” en los territorios palestinos ocupados. En Cisjordania, la empresa restringe el acceso al agua potable a las comunidades palestinas, limitándolas a un promedio por debajo del mínimo recomendado, mientras los ciudadanos israelíes consumen hasta 300 litros diarios, entre aseo, limpieza y consumo. En Gaza el suministro suele directamente cerrarse. Estas prácticas, que incluyen la destrucción de cisternas y la prohibición a la población de perforar nuevos pozos, han sido calificadas como violaciones al derecho internacional humanitario. A diferencia de lo que pretende Milei para la Argentina, la ley israelí del agua de 1959, estableció que el agua sea de dominio público e impulsa inversiones públicas para el desarrollo de tecnología de alta eficiencia en riego agrícola, uso poblacional y reutilización.

Un informe relevante de Human Rights Watch (HRW), titulado “Extermination and Acts of Genocide: Israel Deliberately Depriving Palestinians in Gaza of Water” (19 de diciembre de 2024), detalla estas prácticas. Un párrafo crítico del informe señala: “El 7 de octubre de 2023, las autoridades israelíes cortaron el suministro de electricidad a Gaza y, el 9 de octubre, cortaron todo el agua que entraba a Gaza a través de los tres oleoductos de Mekorot”.

Otro informe, en este caso de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), en su actualización sobre la situación humanitaria en Gaza (octubre de 2023), señala las restricciones al acceso al agua como una crisis agravada por las acciones israelíes, incluyendo el control de Mekorot sobre el suministro. Un párrafo crítico del informe indica: «El consumo promedio de agua para todas las necesidades (beber, cocinar e higiene) se estima actualmente en tres litros diarios por persona en Gaza. La gente consume cada vez más agua de fuentes inseguras, lo que supone un riesgo de muerte y expone a la población a brotes de enfermedades infecciosas».

La relación de Argentina con Mekorot no es nueva. Cuando Daniel Scioli fue gobernador bonaerense estuvo a punto de quedarse con la construcción de la planta potabilizadora de agua en La Plata. Años más tarde, en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, el entonces ministro del Interior, Wado de Pedro, encabezó una misión a Israel que culminó en acuerdos con la empresa para la gestión hídrica en al menos cinco provincias argentinas (Catamarca, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz), intermediados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Estos convenios que en febrero de 2023 se ampliaron a provincias como Mendoza, San Juan y Jujuy, fueron presentados como una estrategia para mejorar la eficiencia hídrica. En el acto, estuvieron presentes Wado de Pedro, junto a su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el embajador de Israel, Eyal Sela; el presidente de Mekorot, Yitzhak Aharonovich; y el presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Mario Montoto. Organizaciones sociales y ambientales denunciaron que estos acuerdos podrían facilitar la mercantilización del agua y priorizar intereses extractivistas, como la minería de litio. Para 2024 se sumaron Santa Fe, Santiago del Estero, Chubut y Neuquén. Con estas dos últimas provincias se completó toda la región patagónica.

«El proyecto de intercambio comenzó a gestarse a partir de los encuentros entre el ministro del Interior y la entonces embajadora de Israel en la Argentina, Galit Ronen», explicaba en 2023 la gacetilla oficial.

Efectivamente, si se realiza una búsqueda sobre Mekorot en Argentina.gob.ar, prácticamente todos los resultados apuntan al mismo gestor. En noviembre de 2022 se lee: «El ministro del Interior, Wado de Pedro, expuso hoy en el Congreso Judío Latinoamericano, donde hizo hincapié en la necesidad de llevar adelante en Argentina “un masterplan que nos permita cuidar un recurso tan estratégico y necesario como es el agua”, ligado además a impulsar “el potencial productivo de todo el territorio argentino”, en un encuentro ante las autoridades de las principales entidades judías, del que también participaron el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; y el exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez. Ambos temas fueron centrales durante la misión que el titular de la cartera encabezó -junto a gobernadores y representantes de 10 provincias de todo el país- a Israel, en abril pasado».

En un país como la Argentina, con casi nulas políticas de Estado que superen a los cambiantes gobiernos, los acuerdos con Israel parecen ser la excepción.

El gobierno de Milei, con una postura abiertamente proisraelí, profundiza el camino de su antecesor. Durante su visita a Israel en 2024, el presidente se reunió con ejecutivos de Mekorot, discutiendo posibles modificaciones al esquema tarifario de AySA y la habilitación de cortes de servicio por falta de pago. Este alineamiento político, que incluye el respaldo de Milei a las acciones de Israel en Gaza, ha generado críticas por comprometer la soberanía hídrica argentina al entregar el control de un recurso vital a una empresa extranjera con antecedentes controvertidos.

En el decreto 493 de 2025 de Javier Milei, puede leerse la puesta en marcha de lo ya acordado con las autoridades israelíes: el corte del servicio de agua, algo que era imposible bajo el marco legal previo. El decreto siguiente, 494/2025 dispone su privatización: «Autorízase el procedimiento para la privatización total de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del ESTADO NACIONAL, cuyo porcentaje asciende al NOVENTA POR CIENTO (90 %) del capital social de dicha empresa, conforme lo establecido en el artículo 17, inciso 2) de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias».

La privatización de AySA, habilitada por la Ley Bases aprobada en 2024, replica en parte el modelo de los años 90 bajo Carlos Menem, cuando Aguas Argentinas —concesionada a un consorcio liderado por la francesa Suez— terminó en una reestatización en 2006 tras incumplimientos en mantenimiento e inversiones. La actual gestión asegura que el nuevo modelo incorpora “aprendizajes” de esa experiencia, con un marco regulatorio más claro y supervisión estatal. Sin embargo, la falta de detalles sobre el cuadro tarifario, el tipo de inversiones y la gestión por parte de un país extranjero con permanentes conflictos en Medio Oriente y un pasado de utilizar el agua como un instrumento bélico más contra la población palestina, genera razonable preocupación para millones de usuarios.

El agua potable, entendido en Occidente como un derecho humano universal, es también un recurso estratégico comparable a la tierra o el petróleo, e incluso de mayor relevancia, ya que implica el elemento vital que ingieren a diario millones de personas, básico para la salud de la población. Entregar su control a una empresa como Mekorot, que opera como un brazo técnico del Estado israelí, plantea serios riesgos para la soberanía nacional. “Hay dos pilares muy firmes en Israel una es la seguridad y la otra el manejo del agua”, dijo a Clarín en febrero de 2023, Yizhak Aharonovich, presidente de la compañía, en una elogiosa entrevista realizada por la periodista Silvia Naishtat.

En Palestina, Mekorot no solo gestiona el agua, sino que la utiliza como herramienta de control territorial y guerra híbrida, restringiendo el acceso a comunidades palestinas (o vendiéndoles el agua a precios arbitrariamente superiores) para favorecer asentamientos ilegales. Este modelo podría replicarse en Argentina, donde la mercantilización del agua podría priorizar intereses corporativos sobre las necesidades de la población.

Organizaciones como la Asamblea Pucará y la campaña “Fuera Mekorot” han alertado sobre los planes de la empresa, que incluyen modificar legislaciones para favorecer la privatización y transferir costos de infraestructura a los usuarios. En Jujuy, por ejemplo, los acuerdos con Mekorot se orientan a abastecer proyectos extractivistas, como la minería de litio, en detrimento de comunidades que enfrentan déficits hídricos. Estas prácticas, sumadas a la opacidad de los convenios, alimentan el rechazo social.

La experiencia internacional muestra que países como Holanda y Portugal rescindieron contratos con Mekorot tras denuncias por su accionar en Palestina. Argentina, en cambio, parece avanzar en sentido contrario, ignorando las advertencias.

El rol de los actores políticos argentinos en este proceso es central. Wado de Pedro, durante el gobierno de Fernández, promovió activamente los acuerdos con Mekorot, presentándolos como un avance técnico sin abordar las implicaciones éticas o geopolíticas. Por su parte, Milei ha intensificado este rumbo con una visión «anarco-capitalista» que prioriza la reducción del Estado (menos del Estado de Israel, al que no aplica el peculiar anarquismo mileísta) y la apertura al capital extranjero, incluso a costa de recursos esenciales. Ambos gobiernos, desde espectros ideológicos distintos, parecen coincidir en facilitar la entrada de Mekorot, desoyendo las críticas de la sociedad civil.

Los acuerdos con las provincias son «confidenciales», por no decir secretos. De manera inconstitucional, los contratos con Mekorot plantean que “Ninguna de las partes podrá divulgar en ningún momento y por tiempo indefinido la información obtenida de la otra parte como resultado de la contratación”. Fueron firmados por la empresa y el Concejo Federal de Inversiones (CFI). Los gobernadores lo rubricaron en carácter de «acompañantes», en algunos casos sin siquiera ser acreedores de una copia.

Río Negro se vio obligada legalmente a darlo a conocer por un pedido expreso de acceso a la información pública. La cláusula 14 del acuerdo confidencial establece la “Limitación de Responsabilidad”: “en ninguna circunstancia la consultora será responsable (…) en ninguna hipótesis por daños y perjuicios especiales, conexos o indirectos (…) La consultora deslinda en la contratante toda responsabilidad en daños y perjuicios que pudiera sufrir la empresa y su personal, y la exonera completamente asegurando su indemnidad, y librándola de toda responsabilidad por cualquier reclamo que pudiera derivar de la aplicación del contrato”.

La cláusula 8 agrega que «La contratante será propietaria exclusiva solo de aquellos entregables entregados por la consultora (Mekorot) (…) Nada de lo aquí dispuesto confiere a la contratante derecho alguno sobre la propiedad intelectual de la consultora (incluido el background intelectual)”. O sea: Mekorot accede a información confidencial de la provincia, realiza su estudio hídrico sobre el territorio, se queda con la propiedad intelectual sobre dicho conocimiento estratégico y entrega a los argentinos solo los informes que considera convenientes.

Como si todo esto fuera poco, el punto 11, “Cláusula arbitral”, resuelve de manera escandalosa que “en caso de controversias no solucionadas se recurrirá a un árbitro único en Inglaterra, conforme al reglamento de la Cámara de Comercio Internacional” y el contrato “se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de Inglaterra”.

El sitio argentino La Política Online agrega: «Mekorot podría llegar a AySA con socios locales. Se menciona a Daniel Sielecki, el empresario socio y familiar de Hugo Sigman; y a Mauricio Filiberti, dueño del grupo Transclor y siempre vinculado a la empresa estatal de agua. Sielecki es un empresario muy cercano al gobierno de Milei al punto que ubicó a su sobrino como embajador en Francia y ahora puja por quedarse con Telefé en sociedad con el hijo del canciller Gerardo Werthein. Por su parte, Filiberti controla monopólicamente desde hace años el mega negocio de la venta de cloro a AySA y siempre fue vinculado con el titular del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, que ya salió a apoyar el proceso privatizados porque mantendrá el 10% de participación accionaria».

Argentina debe decidir si priorizará el bienestar de su población o cederá un recurso estratégico, particularmente en la Patagonia y a lo largo de toda la Cordillera (asociado a la megaminería), a una empresa con un historial de violaciones a los derechos más básicos y denunciada por prácticas de apartheid con los palestinos. La historia de AySA, desde su privatización en los 90 hasta su reestatización en 2006, demuestra que las decisiones sobre el agua tienen consecuencias duraderas. Como en los 90 con Monsanto, hoy el país enfrenta un nuevo punto de inflexión.