Por Mauricio Palazzo
El llamado “conflicto mapuche” es el mayor problema de seguridad que tiene el Estado Chileno. Aunque en los últimos dos años las cifras de ataques incendiarios y usurpaciones de tierras habían ido bajando progresivamente al aplicarse el Estado de Excepción que permitió militarizar toda la llamada Macrozona Sur (que abarca las regiones del BíoBío, La Araucanía, Los Ríos y, más en específico, las provincias de Malleco y Arauco), por estos días toda la región vive un recrudecimiento de violencia que mantiene al país conmocionado y en vilo.
La llama prendió el lunes pasado, con la sentencia de culpabilidad que la justicia dictaminó contra el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien arriesga 25 años de cárcel por delitos contra la Seguridad del Estado. Dos día después, la madrugada de este miércoles, un ataque incendiario reivindicado por el grupo Liberación Nacional Mapuche (LNM) dejó 16 máquinas industriales destruidas en un fundo camino a Lautaro.
Dicho ataque se lo adjudicó el movimiento Liberación Nacional Mapuche (LNM), una célula radical relativamente nueva, que ha ganado protagonismo tras el descabezamiento de la CAM y otros grupos como la Weichán Auka Mapu (WAM) y la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).
Ese mismo miércoles, el Congreso aprobó para la Macrozona Sur una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, que rige desde el 16 de mayo de 2022, medida que el mismo presidente Gabriel Boric prometió abolir, asunto que no ha podido cumplir. En menos de tres semanas, la región completará dos años bajo completo estado de emergencia, con presencia constante de policía militarizada y funcionarios del ejército fuertemente armados.
La madrugada de este sábado tres carabineros fueron asesinados cruelmente tras una emboscada en el marco de un patrullaje en la localidad de Antiquina, a la altura del kilómetro 25 de la Ruta P72S, en el límite con Tirúa.
El hallazgo se produjo cuando Bomberos encontró una patrulla policial en llamas y los cuerpos calcinados en el interior del vehículo. En el lugar no se encontró el armamento asignado a los funcionarios policiales.
El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, habló esta mañana en Meganoticias desde la zona donde fueron asesinados tres funcionarios, y lo hizo “consternado por un crimen horrendo”.
La autoridad confirmó que “los tres funcionarios murieron cruelmente en la parte posterior del vehículo en que se trasladaban”, calificando todo como un “acto terrorista”.
“Estamos absolutamente consternados por este crimen horrendo, yo creo que esto no fue delincuencia o violencia rural, esto es terrorismo, esto claramente, lo que se hizo acá, escapa a lo normal de las conductas que habíamos visto hasta ahora”, declaró Yáñez.
“El nivel de crueldad que tuvieron para asesinar a estos carabineros no habla de otra cosa que no sea un acto terrorista. Aquí quieren amedrentar a los funcionarios que están cumpliendo con su tarea, con su trabajo de cuidar a las personas… Esto es absolutamente anormal y fuera de lo que ocurre usualmente”, comentó.
“Yo estoy convencido de que esto no es casual… Se produjeron tres llamados simultáneos a la central de Comunicaciones, que la patrulla vaya a hacer el patrullaje que hace habitualmente y que finalice como terminó, con tres carabineros calcinados en la parte posterior del vehículo. Esto es algo absolutamente anormal en una zona que ya es violenta”, remató el general director.
En ese contexto, varios parlamentarios han especulado con la vinculación que este atentado podría tener con la reciente condena de Héctor Llaitul.
Uno de ellos fue el senador Iván Flores. Al ser consultado por su opinión al respecto durante una entrevista con el canal 24 Horas, el demócratacristiano aseguró que “honestamente preferiría decir que no, pero creo que sí”.
Y recalcó: “Yo creo que está ligado, tengo la sensación. La investigación recién está partiendo, y espero que también se coloquen todos los recursos disponibles para aclarar qué pasó en el asesinato de estos carabineros. Pero yo creo que sí, que sí está ligado”.
Un informe de la Subsecretaría del Interior del ex presidente Sebastián Piñera a pocos días del término de su mandato, en marzo de 2022, detallaba que la Macrozona Sur se ve enfrentada constantemente a eventos violentos, tales como, “ataques incendiarios, disparos o la presencia de armas de fuego, ataques o enfrentamientos a Carabineros, cortes de ruta, ataques y amenazas a civiles, desórdenes de carácter violento, ocupaciones e ingresos violentos, además de daños y robos a la propiedad privada”.
Víctimas fatales hay de ambos lados, tantos de civiles y trabajadores de las plantas forestales, como miembros del pueblo mapuche y ahora también, de miembros de la policía.
“Paralelamente, se ha producido una militarización del territorio (policía militarizada y presencia de fuerzas armadas)”, explicó José Manuel Zavala, profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, en una nota de archivo a DW, y señaló que “lo paradójico es que, a pesar del gran despliegue, las fuerzas policiales se muestran completamente ineficaces para prevenir o inhibir las acciones de sabotaje, lo que crea un sentimiento de inseguridad y de abandono en muchos de los habitantes de estos territorios”.
¿Desescalamiento del conflicto?
Sin embargo, en los últimos años se veía posible un “desescalamiento” del Estado de Excepción, el mismo que Gabriel Boric criticó como candidato (durante la administración Piñera) y que tuvo que renovar como Presidente.
Para la discusión parlamentaria, el Ejecutivo hizo presente que, desde el inicio del estado de emergencia y hasta el 17 de abril pasado, los eventos de violencia rural han disminuido un 35% en comparación con igual periodo de 2023, y un 51% respecto a 2021, exhibiendo las menores cifras de los últimos cuatro años.
Estos hechos han mermado en todas las regiones de la Macrozona Sur (incluidas las que no forman parte del decreto): un 36% en La Araucanía, 24 % en el Biobío, 73 % en Los Ríos y 80 % en Los Lagos. A nivel provincial, destaca la caída de 29 % en Malleco.
Las usurpaciones muestran una baja de 13 % en comparación con 2023 y son un 84 % menores a las del 2021. De hecho, durante 2024 se ha registrado sólo una usurpación violenta, indica el Gobierno.
Por otro lado, los ataques incendiarios se han reducido un 44 %; los bienes incendiados disminuyeron 55%, los inmuebles quemados un 73% y los camiones un 63 % respecto a igual periodo de 2023.
Finalmente, se observó una reducción del 52 % en los cortes de ruta en la Macrozona sur, y un descenso de 57% de los eventos con presencia de armas de fuego.
Todas esos números parecen ser eso, solo cifras, tras el asesinato de los tres carabineros esta jornada.
Las víctimas corresponden al cabo primero Sergio Antonio Arévalo Lobo (34), con 14 años de servicio; cabo primero Misael Magdiel Vidal Cid (30), con 8 años de servicio y el sargento primero Carlos José Cisterna Navarro (43), con 24 años de servicio. Todos formaban parte de la Cuarta Comisaría de Control de Orden Público de Los Álamos.
El sargento Cisterna nació en Lebu el 21 de noviembre de 1980, dejando un hijo de 6 años. Ingresó a la institución el 1 de octubre de 1999 a la Esfocar Grupo Temuco, en la región de La Araucanía. Sus primeras destinaciones fueron la 2ª Comisaría de Collipulli y la exTenencia de Ercilla, para luego, en agosto de 2005, ser parte de la exSubcomisaría de Fuerzas Especiales Malleco, y en 2011, llegó al Retén Curaco, en Collipulli.
En junio de 2013 dejó La Araucanía y llegó a la región del Bío Bío, a la 2ª Comisaría de Lebu y en enero de 2016, comenzó a ser parte de la 4ª Comisaría COP “Los Álamos”, de la Zona Araucanía Control Orden Público, unidad donde se desempeñó hasta la actualidad.
Dentro de sus funciones, recibió una felicitación en su hoja de vida por su “Alto grado de profesionalismo” al repeler en septiembre de 2016 un ataque de 15 individuos armados, los que ingresaron a un fundo en la comuna de Contulmo y atacaron a personal forestal. Su último ascenso, al grado de Sargento 1ro, se registró en mayo de 2022.
El cabo Arévalo nació el 7 de julio de 1989 en la comuna de Lebu, tenía 34 años de edad, casado y padre de una niña de un año de edad.
El 1 de junio de 2010 ingresó a la Esfocar Santiago. Su primera destinación fue la 5ta. Comisaría Quirihue en junio de 2011; y en enero de 2016 llega a la 4ta Comisaría COP “Los Álamos”, donde se desempeñó hasta la actualidad. En pocos meses recibió su primera felicitación en su hoja de vida por su “Alto grado de profesionalismo” al lograr la detención de un sujeto que mantenía en su poder municiones de distinto calibre, hecho registrado en agosto de 2016.
El año 2018, en noviembre, recibe una segunda felicitación por su alto grado de profesionalismo en un procedimiento por cortes de ruta y ataque con armas de fuego. En marzo de 2019, recibe una tercera felicitación por su “alto grado de profesionalismo y espíritu de cuerpo”, al participar en la recuperación de ganado sustraído en un delito de abigeato y en septiembre de 2022 recibe una cuarta felicitación por su “Alto grado de profesionalismo”.
El cabo Vidal nació en Concepción el 13 de junio de 1993, estaba casado y era padre de un niño de 3 años de edad.
Ingresó a la institución el 16 de enero de 2014. Su primera destinación fue la 54ª. Comisaría Huechuraba y en marzo de 2016 llegó a la 4ª Comisaría COP “Los Álamos” de la Zona Araucanía Control Orden Público, donde se desempeñó hasta la actualidad. En 2022, en septiembre, recibe una felicitación por su “Alto grado de profesionalismo”.
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