Federico «Fred» Machado, el empresario argentino detenido en Viedma por presuntos lazos con el narcotráfico, mantiene conexiones comerciales directas con César Gastelum, el operador clave del Cártel de Sinaloa durante la última década bajo el mando de Joaquín «El Chapo» Guzmán, según revelan documentos judiciales de Guatemala, Honduras y Estados Unidos. Estas relaciones no solo involucran un avión decomisado con toneladas de cocaína, sino también una mina guatemalteca utilizada como punto de aterrizaje y almacenamiento de cargamentos ilícitos, lo que salpica al candidato a diputado José Luis Espert por un pago de 200 mil dólares proveniente de esa misma operación minera.
El escándalo estalló en Argentina cuando se conoció que Espert, primer candidato en la Provincia de Buenos Aires a diputado por La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, viajó en uno de los aviones de Machado y recibió fondos de la empresa Minas del Pueblo, propiedad del empresario. Esta mina, ubicada en el departamento de Alta Verapaz en Guatemala, fue investigada por una comisión especial del Congreso guatemalteco en 2021, que determinó que aviones de Machado aterrizaban en pistas clandestinas del selvático Petén –fronterizo con México– y en la misma Alta Verapaz, descargando cocaína gestionada por Gastelum para el Cártel de Sinaloa. El Ministerio Público guatemalteco abrió una pesquisa preliminar ese año, identificando al menos cinco aeronaves de Machado implicadas en el tráfico de estupefacientes. Espert primeramente negó recibir esos fondos. En un segundo momento, tras escalar el escándalo, reconoció que los había recibido el partido por el que había competido y no él en persona. Al salir a la luz la transferencia de dinero a su nombre volvió a cambiar el discurso y dijo que fue un adelanto de un trabajo para una minera «vinculada» a Machado. Finalmente se conoció que la minera era propiedad del propio Machado.
La evidencia central que relaciona a Machado con el Cártel de Sinaloa gira en torno al avión con matrícula estadounidense N311BD. El 16 de noviembre de 2019, Gastelum lo transfirió a Aircraft Guaranty Corporation (AGC), una firma vinculada a Machado como propietario o socio, en medio de un proceso civil abierto en 2020 en Florida (caso 21cv60462), donde se lo acusa de estafar a particulares y empresas como parte de un esquema de lavado de activos. Dos meses después, el 17 de febrero de 2020, autoridades de Belice incautaron la aeronave con 2.310 kilos de cocaína, según un informe policial beliceño citado en el expediente estadounidense. Sorprendentemente, un mes más tarde, el 14 de marzo, Gastelum recuperó el avión, lo que sugiere un arreglo para encubrir su uso en rutas de narcotráfico por Centroamérica. Registros de Estados Unidos también señalan que al menos 12 aviones de Machado facilitaron el trasiego de drogas desde Colombia y Venezuela hacia la región.
Gastelum, descrito en fichas policiales estadounidenses como el enlace principal del Cártel de Sinaloa con narcos guatemaltecos desde finales de los 2000, jugó un rol crucial en la expansión del grupo en Honduras. Allí, aportó alrededor de un millón de dólares para sobornar al expresidente Juan Orlando Hernández, garantizando acceso a puertos clave como Puerto Cortés y Puerto Castilla. Esta revelación surgió en el juicio en Nueva York que culminó el 8 de marzo de 2024 con la condena de Hernández a 45 años de prisión por narcotráfico.
En Guatemala, las sombras de Machado se extienden a la política local. El empresario admitió en una entrevista de 2024 con un medio guatemalteco haber prestado aviones al expresidente Jimmy Morales (2016-2020), y se le atribuyen relaciones con su sucesor, Alejandro Giammattei. Uno de los diputados de la comisión investigadora, que pidió anonimato por temor a represalias, relató que Machado amenazó con «llamar a sus amigos en la Presidencia» durante la pesquisa, subrayando el uso de la mina Minas del Pueblo no solo para extracción de metales pesados, sino como base logística para almacenar la droga descargada.
El pago de 200 mil dólares a Espert, transferido desde Minas del Pueblo, ha generado presión interna en el gobierno libertario para que el economista baje su candidatura. Espert ha dado explicaciones vagas, insistiendo en que se trató de una inversión legítima, pero la Justicia argentina ya indaga si los fondos provienen de actividades ilícitas. Machado, por su parte, permanece detenido en Viedma, donde enfrenta cargos por narcotráfico que se complican con estas revelaciones transnacionales. Como frutilla del postre, el abogado defensor de Machado es el mismo que el del presidente Javier Milei, Francisco Oneto.
Este caso expone una vez más cómo redes internacionales de crimen organizado se entretejen con figuras políticas y empresariales, recordando que el Cártel de Sinaloa, incluso tras la captura de «El Chapo» en 2014, mantiene tentáculos en América Latina. Autoridades de varios países coordinan ahora para desmantelar estas alianzas, mientras en Argentina el debate sobre financiamiento ilícito en campañas electorales cobra nuevo impulso.
