El periodista norteamericano Tucker Carlson aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará la guerra con Venezuela, según le informó un miembro del Congreso.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que Venezuela «se llevó ilegalmente» el petróleo y los derechos energéticos estadounidenses, exigiendo su devolución inmediata. En un contexto de creciente tensión, Trump afirmó: «Nos arrebataron todos nuestros derechos energéticos. Nos arrebataron todo nuestro petróleo no hace mucho y lo queremos de vuelta». Estas declaraciones se enmarcan en un bloqueo naval ordenado por su administración contra petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, calificado por el mandatario como una medida para impedir actividades ilícitas.
El gobierno venezolano rechazó categóricamente las acusaciones. La vicepresidente Delcy Rodríguez aseguró que la industria petrolera nacional fue fundada exclusivamente por venezolanos y enfatizó que «más nunca volveremos a ser colonia energética de nadie». Por su parte, el presidente Nicolás Maduro denunció las acciones estadounidenses como un intento de apoderarse de las reservas petroleras del país, calificando el asalto a un buque petrolero como «piratería» y afirmando que el verdadero objetivo no es el narcotráfico, sino el control de los recursos energéticos.
Las medidas de Washington incluyen un despliegue militar en el Caribe desde agosto, con operativos que han resultado en más de 80 muertes, y la designación del gobierno de Maduro como «organización terrorista extranjera», duplicando la recompensa por su captura. Trump justificó el bloqueo alegando que los activos petroleros son usados para financiar narcoterrorismo, aunque informes de la ONU y la DEA indican que Venezuela no es la principal ruta de drogas hacia EE.UU.
La escalada ha generado condenas internacionales de países como Rusia, Colombia, México y Brasil, que ven violaciones al derecho internacional. Mientras tanto, operaciones como las de Chevron continúan bajo licencias modificadas, aunque con restricciones para minimizar transferencias directas al gobierno venezolano, en medio de un panorama de sanciones y presión diplomática sin precedentes.
