Por Juan Manuel de Prada
Cuando era un jovenzuelo me dejó muy deprimido una secuencia escalofriante de la película ‘JFK’ (1991), en la que el fiscal Jim Garrison encarnado por Kevin Costner se entrevistaba en los jardines del Capitolio con un anónimo alto mando del Pentágono a quien interpretaba Donald Sutherland. El hombre del Pentágono revelaba al fiscal Garrison que el magnicidio de Kennedy, con independencia de quien lo hubiese perpetrado materialmente, había sido decretado por fuerzas oscuras que anidaban en las alcantarillas del poder; fuerzas blindadas contra cualquier intento de desenmascaramiento, fuerzas más poderosas que las instituciones democráticas, fuerzas que habían colonizado y envilecido hasta el tuétano dichas instituciones, convirtiéndoles en apéndices a sus órdenes. Aquella secuencia me dejó una huella imborrable, porque me hizo pensar en realidades malignas a las que hasta entonces no había prestado atención.
Una impresión semejante tuve el otro día leyendo un artículo firmado por Ketty Garat y Teresa Gómez en ‘The Objective’. En él se afirmaba que la Policía Nacional se halla por completo controlada por murciélagos que, desde los puestos de mando o incluso desde empresas tecnológicas externas, desactivan cualquier investigación que pueda salpicar al Gobierno. No era uno de esos artículos que hablan a humo de pajas o tiran la piedra y esconden la mano: sus autoras mencionaban a altos mandos policiales con nombres y apellidos; contaban cómo la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha sido paulatinamente neutralizada y condenada a la irrelevancia; detallaban el funcionamiento de una cadena de mando encargada alevosamente de «filtrar y condicionar» las investigaciones policiales; explicaban el muy marrullero subterfugio legal empleado para blindar la cúpula policial y conseguir que un alto mando que había alcanzado la edad de jubilación forzosa pudiese seguir ocupando su puesto, para seguir chafando o desviando hacia los desvanes de la incuria todas las investigaciones policiales «inconvenientes»; sostenían que el actual ministro del Interior ha «delegado de facto» la dirección de la Policía Nacional y el nombramiento de los cargos de máxima confianza en hombres que ni siquiera se hallan bajo su mando, sino que trabajan en empresas externas a las órdenes del expresidente Rodríguez Zapatero; por último, advertían que la investigación sobre el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, en la que sorprendentemente (tras años de remoloneo y pasividad) había tomado la iniciativa la UDEF, era en realidad un aspaviento que pretendía mantener alejada a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (sobre la que el Gobierno tiene menos control, al menos hasta la reciente «patada hacia arriba» dispensada a su responsable máximo) y asegurar una «explosión controlada» que no involucrase al mencionado Rodríguez Zapatero, quien por supuesto estaba informado al dedillo de la operación (y quien habría puesto al tanto de la misma a su testaferro, en una cita clandestina).
Todas estas enormidades se explicaban en el artículo de Garat y Gómez, que daba miedo leer; y que, desde luego, a sus autoras tuvo que dar muchísimo más miedo escribir. No tengo el gusto de conocerlas; pero sin duda deben de ser mujeres muy valerosas y con un amor abnegado a su oficio. Por supuesto, podríamos también pensar que las autoras del artículo son personas desquiciadas que se dedican a propalar bulos y calumnias, o que han sido intoxicadas. Pero, si lo que en ese artículo se cuenta fuese una invención, sus autoras tendrían que haber sido inmediatamente denunciadas por las muchas personas que en él aparecen designadas con nombres y apellidos y vinculadas a actividades extraordinariamente turbias, propias de lo que ahora llaman «cloaca» policial. No habiendo sido denunciadas, tenemos que pensar inevitablemente que la trama criminal descrita en ese artículo en verdad existe; y que tal vez lo que estas arrojadas periodistas describen sea tan sólo la punta del iceberg, la puntita nada más.
En este artículo se nos describía el funcionamiento de una mafia desenfrenada que ha colonizado por completo la Policía Nacional, hasta convertirla en un organismo fiambre manejado por una patulea canallesca al servicio del partido de Estado. Sería, sin embargo, del género tonto pensar que dicha mafia no haya hecho lo mismo con otras instituciones. Quien decide infiltrar la Policía Nacional hasta convertirla en un tenebroso gólem que ejecuta sus designios hace lo mismo con la Guardia Civil, con el Ejército, con la Judicatura. En algunos casos la operación habrá salido a pedir de boca y en otras se habrá tropezado con escollos e impedimentos que la hayan hecho fracasar, siquiera en parte; pero desde luego no habrá dejado de intentarlo. En realidad, el artículo de Garat y Gómez nos está hablando de un régimen corrupto hasta el tuétano, cuyo timonel –pues el partido de Estado es el timonel del Régimen del 78, a quien si le conviene cede de vez en cuando la guía de la nave al grumete de la derecha, a sabiendas de que no corregirá el rumbo– ha resuelto colonizar el Estado, convirtiendo sus instituciones en una máquina que ampara sus crímenes.
¿Qué posibilidades existen de detener esa máquina proterva? A estas alturas me temo que las posibilidades son ya muy escasas; pues nos hallamos ante una hidra de Lerna de la que brotan, cada vez que es decapitada, numerosas y más feroces cabezas. Tal vez pudiera destruir esa máquina una operación judicial al estilo de ‘Mani pulite’, aquella macrocausa impulsada en Italia por un grupo de magistrados heroicos que se atrevió a sentar en el banquillo a cientos de empresarios y políticos corruptos, llevándose por delante a varios partidos políticos. Hoy por hoy esta es la única esperanza. Pero, ¿dónde están los jueces capaces de lanzarse a una empresa tan vasta e intimidante?
