YouTube, la plataforma de videos propiedad de Google, eliminó silenciosamente las cuentas y más de 700 videos de destacadas organizaciones palestinas de derechos humanos en octubre de 2025, en lo que activistas denuncian como una capitulación ante sanciones impuestas por la administración Trump. Las entidades afectadas, Al-Haq, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR), perdieron acceso a contenidos que documentaban violaciones israelíes en Gaza y Cisjordania, incluyendo investigaciones sobre el asesinato de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh y testimonios de torturas. Esta acción, sin notificación previa en la mayoría de los casos, ha sido calificada como un «revés alarmante» para la libertad de expresión y la rendición de cuentas.
Esta purga digital se produce en el contexto de sanciones renovadas por el presidente Donald Trump en septiembre de 2025 contra estas organizaciones por su colaboración con la Corte Penal Internacional (CPI), que emitió órdenes de arresto en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes en Gaza, como el bloqueo intencional de ayuda humanitaria. Aunque las sanciones congelan activos en EE.UU. y prohíben viajes, la ley federal exime explícitamente la difusión de información como videos y documentos, según expertos legales. Sin embargo, Google invocó su política de cumplimiento de sanciones para justificar las eliminaciones, confirmando que revisó las cuentas tras la notificación del Departamento de Estado.
Voces críticas han arreciado contra YouTube. Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de Democracy for the Arab World Now (DAWN), expresó su «shock» por la «falta de columna vertebral» de la plataforma: «Es difícil imaginar un argumento serio de que compartir información de estas organizaciones viola sanciones». Katherine Gallagher, abogada senior del Centro para los Derechos Constitucionales, lo calificó de «escandaloso», argumentando que socava la Primera Enmienda y la intención del Congreso de no cortar el flujo de información sobre violaciones a los derechos humanos. Portavoces de las organizaciones afectadas, como Basel al-Sourani del PCHR, acusaron a YouTube de «complicidad en silenciar las voces de las víctimas palestinas», protegiendo así a los perpetradores de la rendición de cuentas.
Los videos eliminados abarcaban documentales impactantes, como uno que recopila testimonios de madres sobrevivientes al genocidio en Gaza, otro que revela la destrucción sistemática de hogares palestinos en Cisjordania ocupada y una investigación sobre el ataque israelí en una playa que mató a niños. La cuenta de Al Mezan fue terminada el 7 de octubre de 2025, coincidiendo simbólicamente con el inicio de la escalada de violencia en 2023, mientras que Al-Haq perdió su canal el 3 de octubre con un mensaje genérico sobre violaciones a las directrices comunitarias. El PCHR, reconocido por la ONU como la organización de derechos humanos más antigua en Gaza, también vio su cuenta cerrada, dejando sin acceso público a evidencias clave de crímenes de guerra. Algunos contenidos sobreviven en el Archivo de Internet o plataformas alternativas como Vimeo y Facebook, pero el impacto en la visibilidad global es irreversible.
Este incidente no es aislado: en lo que va de 2025, YouTube ya había cerrado la cuenta de Addameer, otra ONG palestina sancionada por EE.UU. bajo presión de abogados proisraelíes en el Reino Unido, y Mailchimp eliminó la cuenta de Al-Haq en septiembre. Previamente, la plataforma coordinó con trabajadores tecnológicos israelíes para remover contenidos críticos contra Israel, y Google entregó datos de correos Gmail a Inmigración y Aduanas para detener a un organizador pro-palestino. Informes previos de Al-Shabaka y Wired destacan un sesgo en la aplicación de normas comunitarias, que censura voces palestinas mientras perdona propaganda proisraelí.
La eliminación masiva de estos videos representa un fracaso de principios para la libertad de expresión y un precedente peligroso, advierten analistas, que podría extenderse más allá de Palestina. Eeste caso subraya la vulnerabilidad de la disidencia digital y la urgencia de periodismo independiente para preservar evidencias de abusos globales.
