Con una decisión publicada hoy, la Primera Cámara del Tribunal Constitucional Federal rechazó un recurso de inconstitucionalidad dirigido contra algunos artículos de la Ley de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas, que obliga a las instituciones de salud y empresas de atención médica a exigir comprobantes a sus trabajadores de inoculación contra el Covid-19, recuperación de la enfermedad o una contraindicación médica para la inoculación.
De acuerdo al Tribunal germano, las disposiciones que habían sido impugnadas “no infringen los derechos de los denunciantes”, en particular en virtud del artículo 2, apartado 2, frase 1, de la Ley Fundamental y del artículo 12, apartado 1, de la Ley Fundamental.
“En el ámbito de la valoración a la que tiene derecho, el legislador ha encontrado un adecuado equilibrio entre la protección de las personas vulnerables frente al contagio del coronavirus SARS-CoV-2, que se persigue con el deber de prueba, y las vulneraciones de los derechos fundamentales”, sostiene el fallo.
La Cámara expresó que los requisitos obligatorios para los empleados, a los que reconoce como “injerencias”, están, sin embargo, “constitucionalmente justificados”.
“A pesar de la alta intensidad de la intervención, los intereses constitucionalmente protegidos de los denunciantes que trabajan en el sector de la salud y la atención deben, en última instancia, quedar en segundo plano”, frente a lo que el Estado requiere como medida de excepción ante el Covid-19.
