Por Ivone Alves García
Argentina acaba de ofrecer una de esas postales que parecen absurdas, pero que en realidad explican con bastante claridad el fondo del problema nacional: un país triguero, con cosecha histórica, evalúa importar trigo desde Paraguay porque a sus propios molinos les cuesta conseguir cereal en condiciones convenientes para producir harina. No se trata de una anécdota menor ni de una rareza de mercado. Es una señal. Y cuando las señales se repiten, dejan de ser curiosidades para convertirse en diagnóstico.
La paradoja es concreta. La Bolsa de Comercio de Rosario informó que la producción argentina de trigo 2025/26 alcanzó un récord histórico de 27,7 millones de toneladas, con aumentos previstos tanto en molienda como en exportaciones. Al mismo tiempo, el sistema de importación vegetal del Senasa contempla la emisión de una Autorización Fitosanitaria de Importación —AFIDI— para productos con requisitos fitosanitarios, y la industria molinera avanzó en la posibilidad de traer trigo paraguayo. Es decir: no hablamos de un país sin trigo, sino de un país donde la abundancia productiva no necesariamente se traduce en abastecimiento ordenado para su propia industria y su propio pueblo.
Ese es el punto. Argentina produce, exporta, celebra rindes, muestra potencia agroindustrial y se presenta ante el mundo como proveedor confiable de alimentos. Pero cuando esa producción debe convertirse en harina, pan, fideos, carne, leche y comida cotidiana, aparece la distorsión. El país que debería tener asegurada su propia mesa termina discutiendo si le conviene comprar afuera lo que produce adentro. No porque la tierra no alcance. No porque falte capacidad. No porque el pueblo argentino haya dejado de trabajar. El problema está en el orden de prioridades.
Argentina no tiene un problema de falta de alimentos. Tiene un problema de conducción de su riqueza. Tiene tierra, agua, productores, trabajadores, rutas, puertos, industria, conocimiento técnico y tradición alimentaria. Lo que no tiene, desde hace demasiado tiempo, es una política nacional capaz de ordenar esa potencia alrededor del bien común. Produce como potencia alimentaria, pero muchas veces organiza la mesa interna como una economía subordinada: vende lo mejor hacia afuera, encarece lo básico hacia adentro y después le pide paciencia al pueblo que sostiene con su trabajo, sus impuestos y su consumo todo el edificio productivo.
La situación del trigo no puede separarse de la vida concreta. En abril de 2026, una familia tipo necesitó $1.469.767,89 para no caer bajo la línea de pobreza y $665.053,35 solo para cubrir la canasta básica alimentaria. Es decir, mientras se festejan datos macroeconómicos, una familia necesita casi un millón y medio de pesos para no ser considerada pobre. Esa es la distancia entre el relato de la estabilización y la experiencia real de la vida cotidiana. La macro puede ordenar balances, pero la mesa sigue contando billetes.
La paradoja del trigo se entiende mejor cuando se la pone junto a la carne. Argentina promociona su carne como producto premium en mercados internacionales, impulsa misiones comerciales y busca ampliar su presencia en Estados Unidos, China y otros destinos. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina presentó la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos como una misión destinada a consolidar la reputación internacional de la carne argentina como producto de alta calidad, en un contexto de ampliación del cupo exportador hacia ese mercado.
Nada de eso está mal por sí mismo. Exportar no es pecado. Vender al mundo no es traición. Generar divisas no es un problema. El problema empieza cuando la exportación se convierte en el único altar y el mercado interno queda reducido a residuo. Una nación seria no elige entre vender afuera y alimentar adentro. Hace las dos cosas, pero respeta un orden. Primero garantiza que su propio pueblo pueda acceder razonablemente a lo que produce. Después convierte el excedente en comercio exterior, divisas y expansión. Cuando ese orden se invierte, la producción deja de ser riqueza nacional y se convierte en extracción organizada.
El país de la carne no debería convertir el asado en una ceremonia de lujo. El país del trigo no debería discutir si conviene traer trigo paraguayo para abastecer molinos. El país de los alimentos no debería tener familias calculando si compran carne, pan, leche o medicamentos. Esta contradicción no se resuelve con discursos emotivos sobre el campo ni con consignas contra el campo. Se resuelve mirando el problema completo: no alcanza con producir; hay que decidir para quién se produce, bajo qué reglas, con qué responsabilidades y con qué sentido de pertenencia nacional.
Durante años se instaló una trampa falsa. De un lado, quienes demonizan toda actividad empresaria y productiva como si la riqueza naciera sola. Del otro, quienes creen que cualquier ganancia privada, por el solo hecho de ser ganancia, ya representa un bien para la patria. Las dos miradas son insuficientes. Un país necesita productores, empresarios, exportadores, comerciantes e industriales. Pero también necesita que esas fuerzas económicas estén atravesadas por una idea de comunidad. Sin esa idea, el empresario se degrada en especulador, el productor se convierte en administrador de oportunidad, el intermediario captura renta sin responsabilidad y el Estado mira la planilla fiscal mientras la sociedad se desordena.
Falta política nacional, sí. Pero también falta empresariado nacional en un sentido profundo. No basta con haber nacido en Argentina, producir en suelo argentino o facturar en pesos para tener compromiso con la patria. Compromiso nacional significa entender que la ganancia legítima no puede divorciarse por completo del destino de la comunidad que la hace posible. Significa reconocer que un campo sin pueblo, una industria sin trabajadores con poder de compra, una exportación sin mercado interno y una empresa sin arraigo terminan construyendo un país formalmente rico y socialmente empobrecido.
El empresario comprometido con su patria no es un benefactor ingenuo ni un administrador de caridad. Es alguien que entiende que su actividad existe dentro de una comunidad histórica concreta. Usa rutas que pagó la sociedad, puertos sostenidos por infraestructura pública, trabajadores formados por familias argentinas, consumidores argentinos, instituciones argentinas, territorio argentino y recursos argentinos. No puede mirar todo eso como un simple costo a exprimir. Si lo hace, deja de ser dirigente económico y se convierte en operador de renta.
Del mismo modo, el Estado que solo recauda, habilita, prohíbe, libera o ajusta sin proyecto nacional tampoco sirve. Un Estado sin conducción estratégica puede llenar formularios, emitir permisos, publicar índices y celebrar exportaciones, pero no ordena la vida común. El problema argentino no se limita a si hay más o menos intervención estatal. El problema es si existe o no una autoridad política capaz de subordinar la economía a una finalidad nacional. Sin esa finalidad, la libertad de mercado se convierte en ley del más fuerte y la intervención estatal se convierte en burocracia parasitaria. En ambos casos, el pueblo paga.
La comida revela con brutalidad esa ausencia de orden. No estamos hablando de bienes superfluos. No hablamos de productos de lujo, de modas importadas, de entretenimiento o de consumo prescindible. Hablamos de harina, carne, leche, pan, fideos, verduras, aceite, frutas. Hablamos de lo que entra todos los días en una casa. Hablamos de la madre que cambia el menú porque no llega. Del jubilado que reduce proteínas porque necesita remedios. Del trabajador que cobra y en una semana ya sabe que no alcanza. Del joven que no puede independizarse porque todo lo básico se volvió una frontera. Del padre que mira la góndola como quien mira una amenaza.
Cuando una sociedad productora de alimentos empieza a vivir la comida como amenaza, algo está moralmente podrido. No es solo un problema de precios relativos, fletes, tipo de cambio, retenciones, márgenes, calidad panadera, cupos o logística. Todo eso existe y debe analizarse. Pero por debajo hay una pregunta más grave: ¿qué clase de país acepta como normal que la abundancia productiva no se traduzca en tranquilidad alimentaria para su propio pueblo?
La respuesta incómoda es que Argentina arrastra una mentalidad colonial más profunda que sus coyunturas económicas. Una mentalidad que se conforma con exportar materia prima, celebrar dólares y dejar que la mesa interna se arregle como pueda. Esa mentalidad puede vestirse de modernidad, de eficiencia, de libertad económica o de integración al mundo, pero sigue siendo colonial si no reconoce a la comunidad nacional como primer destinatario de la riqueza que genera. La colonia produce para otros. La nación produce para sostenerse a sí misma y, desde esa fortaleza, comerciar con el mundo.
Por eso la discusión no es trigo paraguayo sí o no. Tampoco es carne exportada sí o no. La discusión es si Argentina va a seguir naturalizando que sus mejores productos se valoren más cuando salen del país que cuando llegan a la mesa de su gente. Si la calidad es premiada afuera y castigada adentro. Si el mercado externo tiene prioridad absoluta mientras el argentino común queda condenado a comprar cortes peores, porciones más chicas, harinas más caras y alimentos cada vez más medidos. Si el país va a seguir confundiendo éxito exportador con desarrollo nacional.
Un modelo económico sano no desprecia el mercado interno. Lo cuida. Porque el mercado interno no es una molestia populista ni una carga para los negocios. Es la expresión concreta de una comunidad viva. Cuando el pueblo puede comprar lo que produce, la economía se integra. Cuando no puede, la economía se parte. Arriba quedan los sectores que exportan, especulan, valorizan activos y se mueven con lógica internacional. Abajo queda una población que trabaja en moneda débil, paga precios fuertes y mira desde afuera la riqueza que sale por los puertos.
Ese quiebre destruye la idea misma de patria. La patria no puede ser una marca para vender carne en Estados Unidos, trigo en el mundo o vinos en ferias internacionales. La patria empieza en la mesa de la casa. En la olla, en la heladera, en la panera, en el plato de los chicos, en la tranquilidad de saber que el trabajo alcanza para comer con dignidad. Si esa base falla, todo el discurso nacional se vuelve decoración. La bandera en el stand internacional no compensa la angustia del supermercado.
También hay que decir algo más: la especulación no siempre es ilegal, pero puede ser profundamente destructiva. Hay comportamientos que quizá cierren en una planilla, pero rompen el tejido social. Retener, remarcar, exportar todo lo posible, aprovechar cada brecha, trasladar cada costo, capturar cada ventaja y mirar al consumidor interno como un daño colateral puede ser rentable para algunos actores. Pero una economía hecha de esa lógica termina erosionando la legitimidad de todos. Después se sorprenden cuando crece el resentimiento social, cuando la gente deja de confiar, cuando la política se radicaliza o cuando aparecen discursos que prometen arrasar con todo. No se puede pedir moderación a una sociedad permanentemente apretada.
La responsabilidad nacional exige otra conducta. Exige que el Estado deje de actuar como simple administrador de emergencia. Exige que los empresarios dejen de comportarse como extranjeros en su propio país. Exige que la producción deje de pensarse solo en toneladas, dólares y márgenes. Exige que el alimento vuelva a ser considerado un bien estratégico, no una mercancía cualquiera. Porque quien controla el alimento controla la vida cotidiana. Y quien controla la vida cotidiana controla la libertad real de una sociedad.
Este es el punto que une al trigo, la carne y todos los productos básicos. El problema no es un cereal, un corte vacuno o una góndola puntual. El problema es una estructura donde lo indispensable queda sometido a una lógica que no reconoce jerarquías morales. Si hay negocio, se vende. Si afuera pagan más, se manda. Si adentro no alcanza, se culpa al consumidor, al salario, al impuesto, al Estado, al productor o al eslabón siguiente. Siempre hay una explicación técnica. Lo que falta es una decisión política y ética: ningún país puede llamarse soberano si no ordena primero la alimentación de su pueblo.
La paradoja argentina también se entiende mejor cuando se mira el tablero mundial. Hoy, mientras Estados Unidos y China vuelven a sentarse en una reunión de alto nivel en Beijing, los temas que aparecen sobre la mesa no son decorativos: comercio, tecnología, energía, agricultura, carne, soja, minerales críticos, seguridad y rutas estratégicas. Reuters informó que la cumbre Trump-Xi incluyó negociaciones comerciales y agrícolas, y que China llegó incluso a renovar y luego revertir licencias para cientos de exportadores estadounidenses de carne vacuna, en una maniobra leída como parte de la negociación. Es decir: la carne, la soja, la energía y los alimentos no son simples mercancías. Son instrumentos de poder.
Ahí está la conexión. Lo que para una familia argentina aparece como precio del pan, precio de la carne o angustia de supermercado, para las grandes potencias aparece como palanca de negociación. Estados Unidos quiere colocar productos agrícolas, carne, energía y tecnología. China administra compras, licencias, cuotas, restricciones y aperturas según su interés estratégico. La propia comunicación oficial china sobre la reunión habló de expandir la cooperación en economía, comercio, salud y agricultura. No hay ingenuidad en eso. Los grandes jugadores saben que alimento, energía, tecnología y moneda son piezas centrales de soberanía.
Por eso Argentina no puede seguir pensando su producción alimentaria como si fuera apenas un negocio sectorial. Si las potencias negocian alimentos como poder, nosotros no podemos tratarlos como simple mercancía que sale por el puerto mientras la mesa interna queda librada a la especulación. Si China decide cuándo compra carne, a quién habilita, a quién castiga y cómo protege su propio mercado, y si Estados Unidos pone su aparato político detrás de sus productores para abrir mercados, Argentina no puede limitarse a celebrar exportaciones mientras su pueblo compra cada vez menos de aquello que produce. La reunión Trump-Xi muestra, en escala mundial, lo mismo que nuestra mesa muestra en escala doméstica: quien controla los bienes esenciales controla la negociación.
La diferencia es que las potencias lo saben y actúan en consecuencia. Nosotros todavía discutimos como si la soberanía fuera una palabra antigua, como si la alimentación fuera una variable privada más, como si el mercado interno pudiera sacrificarse indefinidamente en nombre de dólares que nunca terminan de ordenar la vida nacional. Esa es la colonización hasta los huesos: producir comida, pero no gobernar el destino de esa comida; tener tierra fértil, pero no tener prioridad nacional; exportar calidad, pero aceptar una mesa interna degradada; hablar de libertad, pero dejar que lo indispensable quede en manos de quienes no sienten obligación alguna con la comunidad.
Argentina no necesita cerrar su economía ni pelearse con el mundo. Necesita entrar al mundo desde una posición de nación, no de proveedora ansiosa. Necesita exportar, pero después de ordenar su casa. Necesita empresarios que ganen dinero, pero que no se comporten como ocupantes de paso. Necesita Estado, pero no un Estado recaudador sin proyecto. Necesita campo, industria, comercio exterior y mercado interno integrados por una misma finalidad: que la riqueza nacional fortalezca primero a la comunidad nacional. Porque un país no se mide solo por lo que vende al mundo, sino por la dignidad con la que alimenta a su propio pueblo.
Ivone Alves García
Productora general | AsiaTV
Productora general de AsiaTV y gestora cultural especializada en cooperación internacional y comunicación geopolítica. Cofundadora de ADACRI, ha coordinado actividades académicas, culturales y diplomáticas con embajadas, universidades y organizaciones internacionales.
