“Estado de derecho”: caprichosa y arbitraria voluntad política disfrazada de ley – Por Juan Manuel de Prada

Por Juan Manuel de Prada

Nos han hecho creer que ‘Estado de derecho’ significa que el poder político está sometido al imperio de la ley; pero su significado es exactamente el contrario. ‘Estado de derecho’ significa que el poder político está dotado de una capacidad demiúrgica para crear y promulgar las leyes que benefician sus propósitos más arteros; leyes que responden a la ideología reinante o a las conveniencias de cada coyuntura. ‘Estado de derecho’ significa que el poder político es una fábrica insomne de leyes cambiantes y a menudo incongruentes que no tiene otra finalidad sino imponer sus designios. ‘Estado de derecho’ significa que el poder político puede determinar en cada momento lo que es justo, sin fundamento alguno en el orden del ser, sin sometimiento alguno a la verdad de las cosas. Ese es el ‘Estado de derecho» del que tan orgullosos estamos: un puto barrizal positivista en el que el poder político se convierte en creador de leyes que ya no son determinación de la justicia, sino puro acto de voluntad del Leviatán, pura concupiscencia de poder, puro ejercicio de la fuerza, puro nihilismo jurídico apoyado en conveniencias cambiantes, cuando no en pulsiones desordenadas y resentimientos criminales.

‘Estado de derecho’ es caprichosa y arbitraria voluntad política disfrazada de ley, sin relación con una idea de justicia. Y esa voluntad configura el horizonte de nuestras acciones, impidiendo la existencia de una auténtica libertad política, que (como vamos comprobando inequívocamente) es permitida, constreñida o negada en función de lo que un marco jurídico adventicio establezca. El ‘Estado de derecho’, en fin, nos convierte en gurruños de carne sometidos a un falso derecho que no es sino ejercicio veleidoso de la fuerza.

El Gobierno español impulsa por la vía de urgencia una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para ampliar las atribuciones de su Consejo General mientras se halla en funciones (como ahora ocurre), de tal modo que pueda elegir magistrados del Tribunal Constitucional. De este modo, el Gobierno asegurará una mayoría que declare la constitucionalidad de las leyes aberrantes que en los próximos años se promulguen, o de las ya promulgadas que desee mantener. Se da la curiosa paradoja de que, hace apenas un año, el Gobierno ya reformó, también por vía de urgencia, esta misma ley orgánica para hacer exactamente lo contrario; esto es, para restringir las atribuciones del llamado Consejo General del Poder Judicial, evitando que pudiese hacer nombramientos en la cúpula judicial.

¡Grandioso!

¿No vemos aquí la más espléndida expresión de eso que llaman –unos con cínico escarnio, otros con ingenuidad cretina– ‘Estado de derecho’?

La ley justa, nos enseña Platón, es descubrimiento de ‘lo que es’; es decir, reconocimiento del orden del ser, no sometimiento al cálculo. Y también nos enseña que quienes esclavizan las leyes, sometiéndolas a su voluntad, son los peores enemigos de la polis. ¿Hasta cuándo nos negaremos a aceptar la cruda verdad?