
Seis embajadas de potencias extranjeras —Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido, Polonia y Ucrania— junto a la Delegación de la Unión Europea, convocaron para este miércoles 15 de abril de 2026 en la Casa de la Cultura de Buenos Aires, Argentina, la «Tercera Conferencia Internacional sobre Manipulación Informativa e Injerencia Extranjera» (FIMI). El evento, anunciado con bombos y platillos por la propia UE, promete “fortalecer la resiliencia democrática” argentina mediante charlas de expertos internacionales y locales sobre los «peligros de la desinformación» y la «interferencia foránea» en el debate público. Sin embargo, la mera presencia de estos actores como organizadores y ponentes principales genera más preguntas que respuestas sobre quién realmente está impartiendo lecciones de soberanía informativa en territorio argentino.
Lo paradójico del caso resulta casi caricaturesco: representantes de gobiernos que, desde hace años, financian medios, fact-checkers y ONGs locales para moldear la narrativa pública en Argentina, ahora se erigen en cátedra moral contra la “injerencia extranjera”. Mientras discuten sobre cómo actores estatales y no estatales erosionan la confianza en las instituciones, estas mismas embajadas destinan recursos millonarios a proyectos que etiquetan como “desinformación” cualquier crítica a sus agendas políticas, desde políticas migratorias hasta alineamientos geopolíticos.
La contradicción no es sutil: se autoproclaman defensores de la libertad de expresión al tiempo que impulsan marcos regulatorios y fondos selectivos que condicionan el periodismo independiente a una visión única y alineada con Bruselas, Berlín o Washington.
Esta injerencia no es hipotética. Las mismas embajadas que hoy pontifican han respaldado iniciativas como Chequeado y otras plataformas de verificación que, casualmente, coinciden en señalar como “fake news” informaciones incómodas para los intereses occidentales, mientras guardan silencio ante manipulaciones propias o de sus aliados. Organizar una cumbre en Buenos Aires sobre FIMI equivale a que un ladrón dicte un taller sobre prevención de robos en la casa de su víctima: la hipocresía roza lo insultante.
En lugar de debatir amenazas abstractas, los organizadores deberían explicar por qué su financiamiento a medios y think tanks argentinos no constituye, precisamente, la injerencia que denuncian en otros contextos, como cuando se trata de actores no occidentales.
Invitar a periodistas, funcionarios y académicos locales a recibir “capacitación” de quienes operan desde fuera del país revela un paternalismo colonial actualizado: ya no se trata de cañoneras, sino de conferencias y grants. Argentina, que ha sufrido históricamente intervenciones foráneas en su política interna, merece un debate genuino sobre manipulación informativa, pero no dictado por los mismos que la practican con recursos diplomáticos y presupuestos opacos.


