En un nuevo revés para la República Argentina, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha rechazado la apelación presentada por el país para evitar el embargo de activos por aproximadamente US$ 310 millones. Este fallo judicial permite a un grupo de acreedores, conocidos como “fondos buitre”, proceder con el embargo de fondos depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York, así como en Alemania y Suiza. Estos fondos están vinculados a los bonos Brady, emitidos durante la década de los ’90 y que entraron en default tras la crisis económica argentina de 2001.
El especialista en litigios internacionales, Sebastián Maril, ha destacado que este es el resultado de un proceso judicial de ocho años donde Argentina ha perdido en cada instancia. Maril subrayó que “los acreedores pronto tomarán posesión de USD 310 millones depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York en los Estados Unidos, Alemania y Suiza”. Esta decisión judicial agrava la situación financiera de Argentina, que ya enfrenta múltiples desafíos económicos y de deuda.
Los “fondos buitre” involucrados son White Hawthorne, Trinity Investments, Attestor Master Value, Bybrook Capital Master y Bison Bee LLC, que adquirieron la titularidad de la deuda argentina en default desde 2001 comprándosela a tenedores que nunca ingresaron a ninguno de los canjes que emitió el país.
La decisión de la Corte Suprema es la culminación de un largo litigio que comenzó con los bonos que vencieron en marzo de 2023. Los acreedores, que representan un pequeño porcentaje de los tenedores originales, nunca aceptaron los planes de reestructuración de la deuda propuestos por Argentina en los años subsiguientes al default. La apelación argentina se basaba en argumentos de inmunidad soberana, alegando que los fondos en cuestión pertenecían al Banco Central y no al Estado argentino, y que no debían ser utilizados para pagar deudas soberanas.
La jueza Loretta Preska, quien había autorizado el embargo en primera instancia en agosto de 2022, y más tarde ratificado por la Corte de Apelaciones, rechazó los argumentos de Argentina. Preska sostuvo que los derechos de reversión de los bonos Brady pertenecen al Estado argentino y que estos activos han sido utilizados anteriormente en actividades comerciales, lo que invalida la reclamación de inmunidad. Este fallo es especialmente significativo porque marca la segunda derrota judicial de Argentina ante una Corte Suprema en tres meses, después de un fallo similar del Reino Unido en octubre de 2024.
El monto total de la deuda que estos acreedores reclaman es de aproximadamente US$ 450 millones, por lo que los US$ 310 millones embargables solo cubren parte de esta suma. Se sabe que los acreedores son un grupo de cinco o seis fondos que no han recibido pagos según una sentencia anterior del juez Thomas Griesa, y que ahora buscan hacerse con los activos depositados en Nueva York y Basilea.
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