El gobierno de Javier Milei enfrentó un nuevo tropiezo legislativo este jueves en el Senado, al verse obligado a retirar el capítulo sobre manejo del fuego de su ambicioso proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Impulsada por Federico Sturzenegger, la iniciativa llegó al Congreso con pretensiones de reforma profunda, pero terminó reducida a menos de un tercio de su contenido original. La falta de respaldo de aliados dialoguistas reveló las dificultades del oficialismo para sostener consensos básicos en temas sensibles.
Las críticas a los cambios propuestos en el manejo de incendios se centraron en su carácter regresivo desde el punto de vista ambiental, al eliminar o debilitar sanciones y limitaciones a los propietarios de tierras que se incendiaran para luego ser vendidas o enajenadas. Senadores dialoguistas, como Maximiliano Abad, advirtieron que la modificación vulneraba el principio de no regresión ambiental consagrado por la doctrina constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Otros, señalaron errores conceptuales y técnicos persistentes en el articulado, que no habían sido corregidos pese a los intentos de negociación previos, lo que generó el rechazo generalizado y obligó al oficialismo a retirar por completo ese capítulo.
Patricia Bullrich, a cargo de la conducción oficialista, apenas logró retener el apoyo de radicales, legisladores del PRO y algunos provinciales para la votación en general. Sin embargo, senadores como Flavia Royón, Beatriz Ávila, Edith Terenzi y Maximiliano Abad retiraron su respaldo al tramo que modificaba la ley de manejo del fuego, alineándose en el rechazo junto a la oposición. El resultado fue la aprobación únicamente de los capítulos referidos a la agilización de desalojos, el recorte de facultades estatales en expropiaciones y el registro de la propiedad inmueble.
La sesión expuso tensiones internas y errores de cálculo. El discurso de Joaquín Benegas Lynch, quien calificó de “ignorantes” y “tibios” a los aliados por ceder ante lo que consideró un “show mediático”, terminó de erosionar los puentes construidos con dificultad. Lo que había sido presentado como una defensa férrea de la propiedad privada se diluyó ante las críticas técnicas y ambientales, que apuntaron a un retroceso respecto de principios constitucionales y de la jurisprudencia de la Corte Suprema.
El oficialismo debió conformarse con una media sanción parcial y desflecada. Los capítulos aprobados —por márgenes estrechos de 37 a 33 y 36 a 33 votos— no alcanzan a cubrir las ambiciones iniciales anunciadas en marzo. La retirada forzosa del tramo sobre incendios dejó en evidencia la fragilidad de la estrategia legislativa del Ejecutivo, que insiste en avanzar sin construir mayorías sólidas ni atender objeciones de sectores que, en teoría, compartían parte de su agenda.
Este episodio se suma a una serie de reveses que muestran los límites del estilo confrontativo del gobierno. La imposibilidad de sostener un proyecto clave para su relato de defensa de la propiedad privada no solo debilita su posición en el Congreso, sino que plantea interrogantes sobre su capacidad para traducir propuestas en normas efectivas. Mientras tanto, la oposición y los bloques dialoguistas demostraron que pueden condicionar el avance de iniciativas cuando perciben malestar social y pérdida de capital político.
