Por Juan Manuel de Prada
Cuando se habla de la «función social de la propiedad» pensamos en un cierto reparto de los bienes que evite su concentración abusiva en unas pocas manos. Pero la función social de la propiedad implica, en general, que el derecho de propiedad se supedite al bien común, que es el fin último de toda política digna de tal nombre. En este sentido, debería enarbolarse este principio cuando los legítimos dueños de edificios o establecimientos emblemáticos disponen de ellos, para emplearlos en usos para los que no fueron inicialmente concebidos, o los venden a personas que envilecen y degradan su prosapia. Pondré dos ejemplos notorios.
El primero de ellos afecta al celebérrimo edificio de la Telefónica, en la Gran Vía de Madrid. Erigido entre 1926 y 1929, fue el primer rascacielos de España; y el más alto hasta casi treinta años después. Durante nuestra malhadada Guerra Civil, el edificio de la Telefónica fue objetivo predilecto de la artillería franquista (los madrileños, con gracejo castizo, lo llamaban el «gua», en alusión al hoyo del juego de las canicas), pues, si era destruido, incomunicaba la capital con el resto de la zona republicana. Además de centro neurálgico de comunicaciones, el edificio era un observatorio militar inmejorable que permitía vigilar los movimientos de las tropas sitiadoras. Y, en fin, en este edificio se instalaron en 1936 las oficinas de los corresponsales extranjeros, entre quienes se contaban escritores tan conspicuos como Ernest Hemingway o Antoine de Saint-Exupéry. Aunque recibió más de cien impactos de proyectiles, el edificio de la Telefónica nunca llegó a desplomarse, porque su sólida estructura de acero y hormigón armado lo impidió; y porque el arquitecto que lo diseñó, Ignacio de Cárdenas, lo visitaba después de cada bombardeo para señalar dónde debían hacerse de inmediato trabajos de apuntalamiento. Los sótanos del rascacielos fueron, además, el refugio antiaéreo más seguro de todo Madrid; y sus telefonistas jamás dejaron de operar las líneas mientras duró el asedio de la capital, sin que se computara ni una sola baja. Antes de todos estos hechos, en 1929, se hizo desde este edificio la primera llamada transoceánica (una conversación entre Alfonso XIII y el presidente de Estados Unidos); y, tras la guerra, fue reconstruido respetando los planos originarios de Cárdenas. No creo, honestamente, que un edificio de tanta relevancia histórica, ligado siempre a las telecomunicaciones, pueda ser vendido alegremente (¡por una empresa, además, que está participada por el propio Estado!) a un comprador que desea convertirlo en un sórdido centro comercial. En un país donde rigiese la noción de función social de la propiedad, no se habría permitido que Telefónica cambiase su sede central; pero mucho menos se permitiría que un edificio tan ligado a la historia de Madrid se pueda vender alegremente para fines tan alejados de aquellos para los que fue diseñado.
Con el mítico café Gijón, el segundo ejemplo al que deseo referirme, no se ha producido un cambio de uso o destino; pero ha cambiado de dueños, que han resuelto cambiar el tipo de público al que se dirigen. No soy tan ingenuo como para ignorar que el café Gijón ya no era aquel templo de las letras retratado por Francisco Umbral; tampoco se me escapa que, en las últimas décadas, se había convertido en estación predilecta de los guiris en busca de tipismos fenecidos. Sin embargo, el café seguía siendo cónclave de amenas tertulias; y la carta, aunque algo demasiado ‘encumbrada’, incluía los platos que una casa de comidas madrileña de cierto pedigrí debe incluir invariablemente, desde el jamón serrano a los callos. Pero los nuevos dueños han resuelto que el establecimiento debe aprovecharse de su renombre para captar guiris desnortados y sangrarlos concienzudamente, con una carta abominable donde se congregan, a precios astronómicos, las más diversas y desmoralizantes bazofias culinarias, desde los ‘rollitos de primavera’ (¡veinticinco euros de nada!) o los ‘nachos con guacamole’ (¡veintitrés!) al ‘curry vegano de tofu y verduras’ o el ‘poke woki hawaiano de salmón’ (¡treinta y cuatro euros cada uno!), más cuatro birrias de sushi y cuatro pizzas ignominiosas (quien lo probó lo sabe), de precios siempre delirantes. ¿Hay derecho a que un café histórico madrileño, refugio de nuestros más ilustres hombres de letras, ofrezca en su carta tales comistrajos? ¿Debemos aceptar que un lugar tan emblemático de Madrid se convierta en un antro para desvalijar guiris despistados? La función social de la propiedad debería imponerse sobre el capricho de dueños desaprensivos y vigilar las compraventas de edificios y establecimientos emblemáticos. Se expropia poco para lo que se provoca.
