El Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk (RPD) dictó la primera sentencia a los mercenarios extranjeros. Los británicos Aiden Aslin y Shaun Pinner y Saadun Bragim, de Marruecos, fueron condenados a muerte. De acuerdo el veredicto de la Corte Suprema de la RPD y las leyes de la República, los mercenarios extranjeros serán fusilados.
El juez presidente del tribunal alegó que Pinner sirvió anteriormente en las Fuerzas Armadas del Reino Unido e incluso fue declarado terrorista en su tierra natal. “Pinner vivía en la ciudad de Mariúpol junto con su esposa, ciudadana ucraniana. Era buscado en el Reino Unido por participar en los conflictos en Irak y Siria, y fue reconocido como terrorista en el Reino Unido. Por eso vino al territorio de Ucrania para participar en las hostilidades armadas”, anunció el juez.
Sin embargo, la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, condenó el veredicto del Tribunal Supremo de la RPD y defendió a los mercenarios: “Condeno totalmente la sentencia contra Aiden Aslin y Shaun Pinner que están en manos de prorrusos en el este de Ucrania. Son prisioneros de guerra. Es un juicio falso sin absolutamente ninguna legitimidad”, escribió Truss en su cuenta de Twitter. Agregó que el Reino Unido seguirá haciendo todo lo posible para apoyar a los condenados.
I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.
They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.
My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them.
— Liz Truss (@trussliz) June 9, 2022
El 8 de junio, Bragim, Aslin y Pinner se declararon culpables de cometer actos destinados a tomar el poder por la fuerza. La investigación estableció que los mercenarios participaron en las hostilidades en Ucrania con el objetivo de tomar el poder por la fuerza en la RPD a cambio de una recompensa. Según el código penal de la república, los intentos de tomar el poder por la fuerza se castigan con penas de 12 a 20 años de prisión o, en presencia de circunstancias agravantes o en tiempo de guerra, con la pena de muerte con confiscación de bienes.
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