Por Unai Cano
La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP), y la Junta de Andalucía, bajo el mando de Juanma Moreno Bonilla (PP), han destinado un total de 2.681.995,20 euros desde el año 2020 a una entidad sin ánimo de lucro cuya línea principal de actuación es la inmigración ilegal y que afirman soñar con construir «una sociedad intercultural y cohesionada».
Cepaim, fundación que dice basar sus cimientos en «la convivencia, la justicia social, la igualdad en el acceso a derechos y deberes, la atención a las necesidades y demandas, individuales y colectivas, encaminadas a la transformación social y a la participación», ha sido la ONG más subvencionada. En total, 2.681.995,20 euros han ido a parar en varias licitaciones desde principios de 2020 hasta diciembre de 2023. Por parte del Ejecutivo madrileño se han destinado 932.630,46 euros frente a los 1.749.364,74 del andaluz.
Esta ONG fue la encargada de tutelar a los inmigrantes ilegales que fueron alojados en un hotel de Guardamar (Alicante) y que, según fuentes policiales, se ha negado en repetidas ocasiones a identificar a presuntos autores de delitos en la localidad alicantina. Cabe destacar que recibió más de 50 millones de euros en contratos públicos con el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022.
De hecho, un policía se ha atrevido a confesar que la situación provocada por esta ONG con el beneplácito del Gobierno nacional y algunos autonómicos se ha convertido en insostenible para los vecinos del municipio. Por las noches, este grupo de inmigrantes ilegales alojados en Alicante causa problemas serios como agresiones sexuales (en discotecas y a trabajadoras del hotel), robos o peleas.
