El Parlamento Europeo aprobó incluir el acceso al aborto en la “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. La Eurocámara votó la resolución no vinculante por 336 votos a favor y 163 en contra, exigiendo a todos los Estados miembros que despenalicen plenamente la práctica contra la vida humana.
Europa sigue una vez más fielmente las directrices de la Agenda 2030 con el aborto, la desindustrialización, la ideología de género, la eutanasia, la liberación del consumo de drogas, la esclavitud financiera, entre otras. En este tema en cuestión dio el puntapié Francia: la gestión de gobierno de Emmanuel Macron promovió en marzo de este año la inscripción de la “interrupción voluntaria del embarazo” en su Constitución.
“En este día, el sello de la República sella un largo combate por la libertad. Hoy no es el final de una historia, sino el inicio de un combate”, aseguró el máximo mandatario galo el día que celebraba su discurso al incluir esta “practica médica” en la Carta Fundamental, proponiendo hacer extensiva la ley al resto de Europa.
La votación en el Parlamento Europeo terminó con 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones.
La resolución fue apoyada por los eurodiputados del PSOE y sus aliados de Sumar, Podemos, Junts, PNV, ERC y BNG. Votaron en contra los parlamentarios del Partido Popular y de Vox, mientras que la delegación de Ciudadanos fue dividida y la mayoría votó a favor, excepto José Ramón Bauzá y Susana Solís.
El argumento del Parlamento es que se debe enmendar el artículo 3 de la Carta de Derechos Fundamentales con el texto que expresa: “Toda persona tiene derecho a la autonomía física y a un acceso libre, informado, pleno y universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como a todos los servicios sanitarios conexos, incluido el acceso a un aborto seguro y legal, sin discriminación”.
Además, retirarán la cláusula de “conciencia” que los médicos tenían para decidir libremente si realizar o no dicha “práctica médica”. Y solicitan la eliminación de cualquier financiación para los organismos que trabajan en contra de estas políticas y redireccionar -y a la vez aumentar- el gasto en “programas, servicios sanitarios y de planificación familiar”.
