El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este miércoles el inicio de una investigación contra el presidente argentino, Javier Milei y a otros altos funcionarios, por la incautación de una aeronave de carga propiedad del Estado venezolano, que fue retenida irregularmente en el aeropuerto de Ezeiza y entregada al Gobierno de EE.UU.
“Este Ministerio Público anuncia la designación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos: Javier Milei, presidente de la República Argentina; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina; y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina”, dijo el funcionario en una comparecencia ante los medios.
La Justicia venezolana investigará a los funcionarios argentinos por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de “robo agravado”, “legitimación de capitales”, “privación ilegítima de libertad”, “simulación de hecho punible”, “interferencia ilícita”, “inutilización de aeronave” y “asociación para delinquir”.
“Esto que estoy acá expresando, en las próximas horas tendrá su consecuencia en un tribunal competente acá en Venezuela, con las respectivas órdenes de aprehensión en los órganos competentes, porque eso […] no puede quedar impune”, aseguró.
Saab comunicó además el inicio de otra investigación contra la administración libertaria de Argentina por las presuntas “violaciones a los derechos humanos” que se habrían cometido en el contexto de la implementación del ‘plan motosierra’, recortes lesivos a la calidad de vida de la población, “represión policial” en el contexto de protestas ciudadanas pacíficas y negación de los crímenes perpetrados por el Estado durante la última dictadura militar. “Este Ministerio Público considera que podríamos estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad […]”, alegó.
En dicho contexto, el fiscal decidió “designar un fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes contra el presidente argentino, Javier Milei, y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes deberán responder ante la Justicia por las acciones cometidas contra el pueblo argentino”.
