El encubrimiento a redes de pedofilia que pone en jaque al Gobierno británico

El Reino Unido se está viendo sacudido por un nuevo revuelo que desató críticas y polémica, no solo hacia el Gobierno del actual primer ministro del país, Keir Starmer, sino también hacia los anteriores con reproches de que hicieron la vista gorda frente al llamado escándalo en torno a las redes de explotación sexual de menores a lo largo del país, especialmente, en la ciudad de Rotherham. Al escándalo global que significó el caso Epstein, que implicó a la propia Corona Británica, más precisamente al príncipe Andrew, ahora se le suma el encubrimiento sistemático durante décadas de la explotación sexual de menores.

De acuerdo con un reportero de GB News, que hizo una publicación de hilo en su cuenta de X sobre el escándalo de las redes británicas de abuso sexual de menores, los primeros reportes de bandas de hombres que abusaban de menores en la calle se remontan a la década de 1970.

Sin embargo, la primera vez que el problema llamó atención fue cuando la entonces diputada laborista Ann Cryer expresó en 2002 su preocupación por el acoso de “jóvenes hombres de Asia [del Sur]” a niñas en la puerta de los colegios en la ciudad de Rotherham. Según recuerda, su ‘batalla’ comenzó cuando siete madres acudieron a ella para denunciar que sus hijas habían sido manipuladas sexualmente por jóvenes de la comunidad pakistaní. Pero nadie parecía tomar en serio sus peticiones ni confiar en sus denuncias. En 2003, muchos miembros de su propio partido acusaron a Cryer de racismo.

Más tarde, el periodista de The Times Andrew Norfolk logró llegar a la verdad. Al principio —admite—, al escuchar los detalles de las acusaciones de niñas, en su mayoría blancas, contra perpetradores, en general, británico-pakistaníes, no quiso seguir con el tema. “Inmediatamente pensé que era una historia de ensueño para la extrema derecha”, confesó, añadiendo que solamente cuando empezó a investigar el caso por su propia cuenta, comprendió que se trataba de algo mucho más serio y, sobre todo, real.

En cuanto publicó su primer artículo abordando el caso, fue atacado tanto por quienes lo consideraban racista como por partidarios de la derecha que querían que escribiera más sobre ‘el racismo antiblanco’. No obstante, sus artículos, junto con el juicio de 2012 a la red de abuso sexual infantil de Rochdale, llevaron al Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes a dedicar sesiones al asunto.

Luego, en agosto de 2014, salió a la luz un informe, fruto de una investigación dirigida por la profesora Alexis Jay, que concluyó que aproximadamente 1.400 menores, de diversos orígenes, habían sido abusados sexualmente en Rotherham entre 1997 y 2013 por hombres británicos de origen pakistaní, aunque también había implicados de raíces kurdas y kosovares.

“Nadie conoce la verdadera dimensión de la explotación sexual infantil en Rotherham a lo largo de los años. Nuestra estimación conservadora es que aproximadamente 1.400 criaturas fueron explotadas de 1997 a 2013”, así se describe la principal conclusión de la investigación llevada a cabo por Alexis Jay.

Numerosas menores fueron violadas por varios hombres, así como llevadas a otras ciudades y localidades del norte de Inglaterra, secuestradas, golpeadas e intimidadas; algunas, incluso niñas de tan solo 11 años, eran objeto de violaciones en grupo y tráfico de drogas. Varias, denuncia el informe, “fueron rociadas con gasolina y amenazadas con ser quemadas vivas, amenazadas con pistolas, obligadas a presenciar violaciones brutales y amenazadas con ser la siguiente si decían algo”.

Años después de haber sido víctimas de abusos, ciertas chicas se hicieron adictas a las drogas y al alcohol; otras sufrían estrés postraumático, además de otros problemas psicológicos y de salud mental. En varios casos, se produjeron embarazos, abortos espontáneos y forzosos.

En muchos casos, los perpetradores regenteaban locales de comida rápida o trabajaban como taxistas. Primero invitaban a sus víctimas a comer, las embaucaban, iban en coche a recogerlas al colegio, les hacían regalos, como teléfonos móviles para poder comunicarse. Y después acababan drogándolas y abusando de ellas, porque tenían su control psicológico absoluto.

Tras presentar su reporte, Alexis Jay aseveró que los encargados de proteger a los niños fracasaron pese a los tres informes elaborados entre 2002 y 2006, que “no podrían haber sido más claros en describir la situación en Rotherham”. “Para 2005, es difícil creer que ciertos altos funcionarios […] no estuvieran al tanto del problema”, denunció Jay, detallando que “varios empleados han descrito su nerviosismo a la hora de identificar el origen étnico de los perpetradores por miedo a ser considerados racistas; otros recuerdan instrucciones muy claras de sus superiores para que no lo hicieran”.

A pesar de que, hasta la fecha, en el marco de la Operación Stovewood, se han practicado más de 150 detenciones y se han dictado 20 condenas, con penas que superan los 100 años, no se presentó cargo alguno contra figuras clave del Gobierno, que fracasaron en prevenir lo sucedido en varias ciudades.

Asimismo, de acuerdo con investigaciones periodísticas y testimonios de víctimas, algunos oficiales de la Policía de Rotherham habían mantenido contactos regulares con perpetradores o hacían caso omiso de las denuncias. Así, en 2020 se reveló que un oficial superior de la Policía admitió que sus fuerzas ignoraron los abusos sexuales de chicas por redes de pakistaníes durante décadas, ya que “tenían miedo al aumento de las tensiones raciales”. Por otro lado, se hizo público que algunos infractores ni siquiera fueron detenidos.

No obstante, la historia de Rotherham solo era la punta del iceberg, ya que redes similares se habían propagado, en la década de 2010, por todo el país y tenían presencia en Manchester, Rochdale, Oxford, Bradford, entre otras localidades.

La líder del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch, escribió este jueves: “Hace tiempo debería haberse abierto una investigación nacional sobre el escándalo de las bandas de violadores”. “En los últimos años, se han celebrado juicios en todo el país, pero ninguna autoridad ha atado cabos. El 2025 debe ser el año en el que las víctimas empiecen a obtener justicia”, expresó la política.

El escándalo revivió cuando se supo que Jess Phillips, ministra en la sombra para la Salvaguardia y Violencia contra mujeres y niñas, había rechazado una solicitud del Ayuntamiento de Oldham para que el Ministerio del Interior liderara una investigación pública sobre la explotación sexual infantil, sugiriendo que la propia municipalidad investigara el asunto.

Luego, a la discusión se sumaron Elon Musk, J.K. Rowling y Liz Truss, que expresaron su desacuerdo e indignación hacia ambos partidos del Reino Unido, que parecen haber hecho oídos sordos ante lo sucedido.

“Los detalles que están surgiendo sobre lo que las bandas de violadores […] hicieron a las niñas en Rotherham son francamente horribles. Las acusaciones de posible corrupción policial en el caso casi van más allá de lo creíble”, escribió J.K. Rowling.

A su vez, la ex primera ministra del país, al comentar una parte del reporte de 2015, indicó: “Estos terribles casos de violación en grupo de niñas de tan solo 11 años avergüenzan a nuestro país. No solo hay que castigar a los autores. También deben ser castigadas las autoridades que hicieron la vista gorda para no exacerbar las ‘tensiones raciales'”. De igual modo, la política conservadora añadió que “los horribles fallos sobre las bandas de violadores muestran la total falta de responsabilidad de la Justicia penal británica”, proponiendo algunas medidas para cambiar el sistema.

Por su parte, Elon Musk opinó que la ministra Jess Phillips debería ser encarcelada.

“La verdadera razón por la que [Phillips] se niega a investigar las bandas de violadores es que, obviamente, llevaría a culpar a Keir Starmer”, declaró, exigiendo al mismo tiempo la liberación de Tommy Robinson, activista político detenido a finales de octubre de 2024 presuntamente por haber violado una orden judicial que le prohibía repetir difamaciones contra un refugiado sirio, después de que este ganara una demanda contra Robinson en 2021.

“¿Por qué Tommy Robinson está en una prisión de aislamiento por decir la verdad? Debería ser liberado y los que encubrieron esta farsa deberían ocupar su lugar en esa celda”, expresó Musk, y agregó que Starmer “fue cómplice de la violación en el Reino Unido cuando fue jefe de la Fiscalía de la Corona durante seis años”, de 2008 a 2013. “Starmer debe irse y debe enfrentar cargos por su complicidad en el peor crimen masivo en la historia del Reino Unido”.

Una de las víctimas de Rotherham, Sarah Wilson, que fue violada desde que tenía 11 años, respaldó la postura de Musk y escribió que “Jess Phillips debería avergonzarse”. “Cualquiera que niegue una investigación independiente tiene mucho que ocultar”, sentenció.

En la misma línea, respaldó un pedido para que el rey Carlos III disuelva el Parlamento y convoque nuevas elecciones generales, haciendo hincapié en que “el pueblo del Reino Unido no quiere este Gobierno en absoluto” e instando a convocar nuevos comicios en el país.

Se trata de un escándalo que debería ser erradicado por completo y que el Estado británico debería investigar con todas sus fuerzas.

Sin embargo, el Gobierno parece curiosamente reacio a investigar las fallas de los funcionarios.

Esta renuencia no es nueva. En todo el país, en pueblos y ciudades, en las calles y en las instituciones estatales diseñadas para proteger a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, las autoridades deliberadamente hicieron la vista gorda ante los horribles abusos de niños mayoritariamente blancos por parte de bandas de hombres predominantemente de ascendencia paquistaní .

Con el tiempo, se han ido revelando detalles sobre los abusos en Rotherham , Telford , Rochdale y en docenas de otros lugares. Pero, como las historias se han ido divulgando poco a poco y los detalles son tan horribles que son casi ilegibles, la escala completa del escándalo aún no ha llegado al público.

Tomemos como ejemplo a “Anna”, de Bradford. Vulnerable y en cuidados residenciales, a la edad de 14 años había denunciado reiteradamente violaciones, abusos y coerción. Cuando se “casó” con su abusador en una boda islámica tradicional, su asistente social asistió a la ceremonia. Las autoridades luego organizaron que ella fuera acogida por los padres de su “marido”.

En Telford, Lucy Lowe murió a los 16 años junto a su madre y su hermana cuando su abusador prendió fuego a su casa en 2000. Había dado a luz al hijo de Azhar Ali Mahmood cuando tenía apenas 14 años y estaba embarazada cuando fue asesinada.

Su muerte fue utilizada posteriormente para amenazar a otros niños. La investigación de Telford encontró amenazas especialmente brutales. Cuando una víctima de 12 años se lo contó a su madre, y esta llamó a la policía, “había unos seis o siete hombres asiáticos que vinieron a mi casa. Amenazaron a mi madre diciendo que lanzarían bombas incendiarias en mi casa si no retiramos los cargos”.

Sin embargo, en un patrón que se repetiría más adelante, las autoridades de Telford miraron para otro lado. Cuando finalmente se publicó una investigación independiente en 2022, se descubrió que los agentes de policía describían partes de la ciudad como una “zona prohibida”, mientras que los testigos expusieron múltiples acusaciones de corrupción policial y favoritismo hacia la comunidad paquistaní. Independientemente del motivo, la investigación concluyó que “había un nerviosismo por la raza… que rayaba en la renuencia a investigar los delitos cometidos por lo que se describió como la comunidad ‘asiática'”.

En el ayuntamiento se dieron preocupaciones similares, donde los agentes de protección, preocupados por parecer racistas, hicieron que no se hicieran caso a las acusaciones simplemente porque los autores eran asiáticos. Se consideró que algunos sospechosos no habían sido investigados porque habría sido “políticamente incorrecto”.

Esto no quiere decir que el ayuntamiento no haya hecho nada. Consciente de que los taxistas ofrecían servicios sexuales a menores, en 2006 suspendió la obligación de exigir licencias a los conductores, lo que permitió que los conductores de alto riesgo siguieran ejerciendo la profesión. Como concluyó la investigación de Telford, esto se debió “en su totalidad al miedo a las acusaciones de racismo; fue una actitud cobarde”.

Y, sobre todo, existía la preocupación por las relaciones con la comunidad: los altos funcionarios del consejo estaban aterrorizados de que el abuso de los niños “tuviera el potencial de iniciar un ‘disturbio racial’”. El resultado fue una paralización, a pesar de que los funcionarios reconocieron en al menos un caso que el abuso por parte de hombres asiáticos había continuado durante “años y años”.

La negación de la magnitud del problema está profundamente arraigada en el sistema político británico. A veces, parece que la estrategia del gobierno en materia de multiculturalismo no es la de hacer cumplir la ley, sino la de minimizar el riesgo de disturbios entre comunidades. Frente a bandas de hombres predominantemente paquistaníes que atacaban a niños predominantemente blancos, el Estado sabía exactamente qué hacer. Por el bien de las relaciones comunitarias, tuvo que enterrar la historia .

En Rotherham, un alto oficial de policía le dijo a un padre angustiado que la ciudad “estallaría” si se hiciera público el abuso sistemático de niños blancos por parte de hombres de ascendencia paquistaní. A un padre preocupado por la desaparición de su hija la policía le dijo que un “novio asiático mayor” era un “accesorio de moda” para las niñas de la ciudad. Al padre de una víctima de violación de 15 años le dijeron que la agresión podría significar que ella “aprendería la lección”.

Como se descubrió en la investigación de 2014 sobre Rotherham, los niños fueron “rociados con gasolina y amenazados con prenderles fuego”, “amenazados con armas de fuego”, “presenciaron violaciones brutalmente violentas y los amenazaron con que serían la próxima víctima si se lo contaban a alguien. Niñas de tan solo 11 años fueron violadas por un gran número de agresores masculinos, uno tras otro”.

El gobierno central adoptó una postura similar. En 2020, el Ministerio del Interior se negó a publicar su investigación sobre las bandas de seducción de menores, alegando que no sería de “interés público” hacerlo.

Si bien los temores sobre las tensiones raciales y la corrección política han hecho que el Estado con frecuencia no esté dispuesto a proteger a las víctimas, las mismas preocupaciones han hecho que se proteja a los atacantes.

Como descubrió la investigación Jay sobre Rotherham en 2014, en al menos dos casos los padres localizaron a sus hijas e intentaron sacarlas de las casas donde estaban siendo abusadas.

La policía arrestó a los padres.

En otros casos, las víctimas menores de edad fueron arrestadas por comportamiento “ebrio y desordenado”, en lugar de los hombres adultos con los que estaban. No es de extrañar que Jay descubriera que los jóvenes de la ciudad creían que la policía “no se atrevía a actuar contra los jóvenes asiáticos por miedo a las acusaciones de racismo”.

La protección de los agresores puede haber ido aún más lejos. En al menos un caso, cuando una víctima tuvo el coraje de acudir a la policía, su agresor parece haber sido alertado. Mientras aún estaba en la comisaría, una niña recibió un mensaje de texto de su agresor en el que le informaba de que tenía a su hermana de 11 años y que ahora era “su elección…”. La niña decidió no seguir adelante con la denuncia.

Estas historias sólo se refieren a un pequeño número de ciudades, pero el panorama general es claro. Las consecuencias también lo son: ningún agente de policía ni ningún empleado del gobierno ha sido encarcelado por su mala conducta. De hecho, en Rotherham, las sanciones más duras a las que se enfrentó la policía fueron advertencias escritas.

Incluso los delincuentes han logrado esquivar algunas de las consecuencias de sus actos. A pesar de haber sido despojado de la ciudadanía británica, el líder de una banda de prostitución de Rochdale sigue viviendo entre sus víctimas a pesar de que se ordenó su deportación .

Si Gran Bretaña quiere redimirse del escándalo de las bandas de seductores, debe entender cómo se equivocó de manera tan terrible. Esto comienza con la actitud de que proteger la imagen de una sociedad multicultural exitosa importa más que la verdad real de esa sociedad multicultural.

El Estado no debe escatimar esfuerzos para erradicar este mal. Como dijo una víctima a GB News, “una investigación gubernamental es la única manera de exigir responsabilidades al Ayuntamiento de Oldham y a la Policía del Gran Manchester por sus enormes errores que llevaron a que cientos de supervivientes fueran maltratados y no escuchados. Una investigación al estilo Telford dará respuestas a los supervivientes, pero no dará justicia a quienes la merecen”.

Los niños fueron abandonados a su suerte en nombre de las relaciones comunitarias , un precio imperdonable. Y fue un precio que no trajo nada: la armonía basada en mentiras no dura. La furia pública está creciendo y hay más motivos para estar enojado que si los casos se hubieran tratado con rapidez en su momento. De hecho, es posible que todavía se estén produciendo abusos porque el Estado no actuó adecuadamente antes.

Es hora de adoptar un nuevo enfoque. La verdad debe salir a la luz.

Fuentes: RT y The Telegraph